Los trileros de Cataluña y sus soplagaitas de la botifarra.

Posiblemente resultaba menos costoso parar el tren antes de que llegara a esta estación, donde el retorno es prácticamente imposible. A la vista de una situación donde ya no cabe, para los independentistas, aceptar compromisos que encaucen constitucionalmente su aspiración, ni para el Gobierno proponer una negociación desde otras posiciones de fuerza que las que llevan al artículo 155, resulta lícito pensar en la pertinencia de que la reforma legal que asigna al Tribunal Constitucional facultades ejecutivas frente a la desobediencia de las instituciones de Barcelona, hubiese entrado en vigor antes de la fantasmagórica consulta alegal/ilegal del pasado año. O que el Constitucional se hubiese olvidado de la pretensión de exhibir una imparcialidad que ya no es reconocida en Cataluña, impidiendo que la sesión de hoy hubiese tenido lugar. El orden del día y la propuesta de independencia de Cataluña estaban ya presentadas, y era mejor que la presidenta del Parlament, que en cualquier caso iba a ignorar la resolución, no tuviese tras de si más que su santa voluntad de romper, sin respaldo alguno, en vez de contar como ahora con la legitimación (ilegal eso sí) derivada del voto del Parlament para seguir adelante.

Todo esto tiene que ver con el propósito, no de interrumpir una trayectoria ya irreversible, sino de abrir tiempo para una necesaria negociación. La huida hacia adelante del bloque independentista, si no es interrumpida por sus esperpénticas fracturas internas, no puede detenerse sin graves costes para sus componentes. En la vertiente opuesta, aquí no cabe el stand by. En términos de respeto a la Constitución, y más aún, a las reglas de la democracia y a los intereses vulnerados de los ciudadanos —españoles en conjunto, mayoría de catalanes no independentistas— no le cabe otro remedio a Rajoy que poner en marcha inmediatamente los mecanismos legales para detener la secesión. Solo de haber existido, o de existir en el futuro, un tiempo suficiente para acordar una solución que ante todo defienda el orden constitucional, pero también responda a la innegable presión independentista, sería posible evitar el choque de trenes.

El referéndum en 2016 no es salida, dada la situación política de Cataluña, nada propicia para un debate pluralista. Nuestros politólogos a la violeta de Podemos debieran saber que no hay condiciones democráticas hoy para un referéndum, por añadidura constitucional, con un ambiente independentista que sofoca toda otra alternativa (la inspirada en el sentimiento dual de identidad, por ejemplo). La única solución residiría en un pacto por abrir una reforma constitucional para reordenar en sentido federal al actual Estado de las autonomías, en el cual fueran comprendidos las condiciones, y los límites, para el ejercicio de una eventual autodeterminación. Y también una reordenación de la fiscalidad, sin privilegios y sin solidaridades territoriales ya demasiado costosas políticamente. Pero hace falta tiempo y no lo hay.