La separación unilateral de Cataluña dejaría al territorio fuera de la UE, del euro, Schengen y los grandes acuerdos comerciales. El futuro de la deuda pública y las pensiones añaden incertidumbre al panorama económico
Fuera de Europa, Cataluña sería un OVNI, un vagabundo errante en el espacio
Expertos catalanistas, como Antoni Castells, advertían, por el contrario, que “sería difícilmente soportable quedarse fuera”. “Cataluña no puede permitirse” ese “lujo”, añadía Francesc Granell, dadas las relaciones económicas y sociales que la vinculan con su entorno natural. Hace pocos días, el diplomático británico al que los independentistas habían adoptado como gurú, Graham Avery, les decepcionaba sentenciando que, en caso de declaración unilateral de independencia, “es bastante claro” que “ningún miembro de la UE va a reconocer la independencia de Cataluña”. La sesión del Parlamento Europeo del miércoles permitió visualizar la primacía que este organismo —como la Comisión y el Consejo Europeo— otorga al mantenimiento de la Constitución y en consecuencia de la integridad territorial española: al igual que sucede en todos los Estados miembros continentales.
¿Cataluña fuera de España y de Europa? Lo inverosímil pugna por convertirse ya en una, aunque remotísima, posibilidad teórica, además de retórica. Hasta ahora resultaba inimaginable: porque por historia, por posición geográfica, por voluntad de sus élites y profesionales, porque el aire que respira es europeo, Cataluña solo puede pensarse como europea. Fuera de la única Europa realmente existente, la UE, sería un OVNI, un vagabundo errante en el espacio
Buena parte de los trabajos de los economistas catalanes han tratado de minimizar el impacto negativo de la auto-expulsión de Cataluña de la Unión, el Catalexit; algunos mediante el dibujo de escenarios de ciencia-ficción; otros se han centrado en los efectos de la mera ruptura de relaciones con España, sin incorporar los propiamente europeos. De modo que hay carencia de estudios sólidos sobre las consecuencias de la deseuropeización de Cataluña. Quizá porque parecía un escenario ridículo o imposible. Aunque sí se van perfilando algunos efectos inmediatísimos de una eventual separación, como la pérdida de la (ya difícil) candidatura de Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento.2. La ruina del 'Catalexit'
Buena parte de los trabajos de los economistas catalanes han tratado de minimizar el impacto negativo de la auto-expulsión de Cataluña de la Unión, el Catalexit; algunos mediante el dibujo de escenarios de ciencia-ficción; otros se han centrado en los efectos de la mera ruptura de relaciones con España, sin incorporar los propiamente europeos. De modo que hay carencia de estudios sólidos sobre las consecuencias de la deseuropeización de Cataluña. Quizá porque parecía un escenario ridículo o imposible. Aunque sí se van perfilando algunos efectos inmediatísimos de una eventual separación, como la pérdida de la (ya difícil) candidatura de Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento.2. La ruina del 'Catalexit'
Para los ciudadanos supondrían la vuelta a las fronteras y a los visados
Pero siguen faltando cifras. Así que para estimar ese impacto con referencias verosímiles, habrá que recurrir a la experiencia comparada, aunque sea distante. La más reciente, la británica. Uno de los más exhaustivos estudios sobre las consecuencias del Brexit, el del Tesoro del año pasado, recuerda los beneficios económicos que para el reino trajo el ingreso en la Unión. Entre ellos, una mayor apertura comercial; un fuerte incremento de la productividad; un mercado interior abierto (la mayor potencia comercial del mundo) sin aranceles internos, ni cuotas, ni barreras técnicas; una unión aduanera amplia con tarifa exterior común pero sin fronteras internas entre 28 países; tratados comerciales ya establecidos con una cincuentena de países (y no heredables en caso de separación), que permiten un amplísimo acceso a la economía global; unas facilidades de inversión directa que le han permitido aumentarla en más de un 27%. En suma, la ocasión de una economía próspera potencialmente generadora de empleo abundante.
Los técnicos del Tesoro calcularon que en caso de consumarse el Brexit, el PIB nacional se reduciría entre un 3,4% y un 9,5% anual y las pérdidas de ingresos por familia oscilarían entre 2.600 libras y 5.200 libras anuales (algo más en su conversión a euros): cifras que concretan el abanico entre el escenario más favorable, la reconducción del país a la situación de Noruega en el Espacio Económico Europeo, al más adverso, tener que regirse solo por las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Si el balance de la no pertenencia a Europa se calcula tan dramático para la quinta economía del mundo, primera potencia militar europea y emporio en el uso creativo de las nuevas tecnologías y las industrias del talento, ¿qué ocurriría con Cataluña?
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3. Sin moneda o con una ajena
Una Cataluña independiente no seguiría en el euro, porque no formaría parte de la UE y el euro es la moneda de la UE. No estaría en la unión monetaria al menos hasta que fuese admitida en la Unión con mayúsculas, lo que requiere el voto unánime de todos los Estados miembros, España incluida. Artur Mas prometió en 2014 que “en cualquier escenario Cataluña va a estar en el euro, mientras cumpla las condiciones, como ahora; hay países que no están en la UE y tienen euro; Cataluña lo tendrá si quiere”.
Una tras otra, todas esas afirmaciones son falsas. Cataluña no está en el euro (sino en función de formar parte de España). No cumple (no debe cumplir) ninguna condición ahora, sino que debería hacerlo justo un año antes de su adhesión a la moneda (en caso de que ya hubiese accedido a la UE), acreditando al menos un déficit máximo del 3% del PIB (incumple) y una deuda del 60% (incumple). No hay países que “tienen” el euro sin estar en la UE, sino que lo “usan” tras ser autorizados por ello por Bruselas mediante un acuerdo, como Mónaco, San Marino, Vaticano y Andorra, y sin ningún acceso a los órganos de gobernanza de la unión monetaria. El economista Jordi Galí sostuvo en 2012 que el caso de Mónaco era “una referencia útil” para Cataluña. Pero el acuerdo monetario Bruselas-Mónaco no sigue el modelo de los que se traban con Estados soberanos. Mónaco lo firmó con la UE ¡y con Francia!, país que tutela al Principado, y en calidad de territorio tutelado, porque limita su capacidad de emisión a una cuota del total francés. Si esa es la referencia del secesionismo, Cataluña debería firmarlo también con España y ocurriría que en el sistema monetario y financiero de la República catalana mandaría el Banco de España.
Deberían reajustarse las cuotas de pesca y la agricultura perdería las ayudas
Otra salida sería la emisión de una moneda propia, quizá la peçeta (pieza pequeña), la moneda medieval catalana que dio nombre a la peseta de Laureà Figuerola. El problema es que será difícil que mejoren rápidamente los malos datos de hoy: una importante deuda pública, superior al 100% del PIB y sin posibilidad de financiarla como hasta ahora gracias al FLA español ni tampoco en los mercados internacionales dada su calificación de deuda basura. Así que la República catalana empezaría su andadura con una crisis financiera de caballo, debiendo devaluar drásticamente su moneda en relación con el euro, lo que conduciría a la ciudadanía catalana a la ruina y/o la miseria.
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4. Adiós al paraguas del BCE
Si un Estado miembro de la UE pertenece a la unión monetaria —la llamada eurozona—, los bancos de ese país gozan de un marco monetario y financiero de primerísima calidad, potencia y amparo, comparable al más potente del mundo, el norteamericano.
Esos bancos tienen derecho a recibir del Banco Central Europeo (BCE)ingentes apoyos de liquidez (deben avalarlos con "colaterales" o activos de su balance que sean realizables); a recibir transfusiones de liquidez de emergencia en caso de sufrir una crisis (también bajo garantías); y a disponer de un "pasaporte" europeo que les permite instalarse en cualquier ciudad de la UE, así como lanzar emisiones de activos aceptadas simultáneamente en todo el mercado de la eurozona.
Pero además, en cuanto que está ya en marcha la Unión Bancaria, la demostración de la calidad de su balance debe ser más evidente, porque lo certifica (a partir de que tenga cierto tamaño) el Mecanismo Único de Supervisión (incardinado en el BCE). Y además goza en caso de hacer aguas (y sobre todo, gozan los contribuyentes, porque no habrán de financiarlo) del apoyo del Fondo de Resolución, la herramienta europea del rescate (si es posible) o de la liquidación (ordenada). Esta adscripción, además, en un contexto de política monetaria expansiva, permite a los bancos financiarse a bajísimos tipos de interés (aumentando su solvencia), lo que poco o mucho deben acabar trasladando a sus clientes.
Hasta esta semana la gran banca de origen catalán y dimensión española o global (Caixabank y Sabadell) gozaba de estas ventajas y privilegios desde sus sedes en Cataluña, porque no había duda de que eran entidades del ámbito de un Estado miembro de la eurozona: ahora han decidido profesionalmente cambiar de ciudad/sede, precisamente para garantizar esos blindajes, que corrían peligro por las incertidumbres que ha sembrado el secesionismo en los mercados y entre los depositantes. Aunque los medios de la plutocracia independentista subvencionados por la Generalitat lo endosen a una "gran operación de intimidación" (no del Govern, sino del Gobierno). La gran banca catalana se ha protegido, salvando el abismo de la declaración de independencia (o sucedáneo). Pero al paradójico coste de que el independentismo haya aplastado y aniquilado el secular sueño catalanista de consolidar un potente poder financiero con sede en Cataluña. Quizá por siempre. Algunas entidades de menor tamaño no han tomado aún decisiones de relocalización, como la caja cooperativa de los ingenieros, o la de Guissona. La de los arquitectos y abogados emigró también el viernes. El páramo.
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5. Schengen, en el aire
El acuerdo relativo a la supresión de fronteras interiores de la UE toma su nombre de una pequeña localidad luxemburguesa, Schengen, en la que se firmó ese pacto que traduce de modo ejemplar el principio fundamental, tantas veces repetido, de la libre movilidad de las personas en Europa (un principio que es, por cierto, uno de los elementos contra los que nació el Brexit: el Gobierno británico quería limitar la entrada de inmigrantes de la UE). Entró en vigor en 1995 y lo han firmado algunos países que no están en la Unión (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), mientras que Reino Unido, Irlanda, Rumania, Bulgaria, Chipre y Croacia no forman parte de él. Varios análisis jurídicos coinciden en que una hipotética Cataluña independiente quedaría fuera del espacio Schengen.
La mayoría de los juristas se decanta por dar a Schengen el mismo trato que al resto de tratados europeos: si Cataluña se independiza tendrá que solicitar su entrada y negociarlos durante años. "La ley es muy clara: una declaración unilateral de independencia sacaría inmediatamente a Cataluña de la Unión Europea, privaría a los catalanes de los derechos que disfrutan como ciudadanos europeos y supondría la vuelta a las fronteras y a los visados porque los catalanes dejarían de disfrutar de la libertad de movimiento en un espacio de seguridad jurídica mutua que garantiza el Tratado de Schengen", según un informe de la Fundación Alternativas. Al ser un tratado mixto, la solicitud de ingreso requeriría un acuerdo unánime. Con el voluntarismo habitual, el soberanismo ha reiterado que Europa aceptaría a Cataluña por su propio interés para controlar la inmigración irregular, las redes de crimen organizado, las rutas de la droga y todo tipo de prácticas relacionadas con la corrupción. El Consejo Asesor para la transición nacional presentó en su día un estudio —con el membrete de la Generalitat— que apunta que Cataluña "podría ser miembro del espacio Schengen, en especial si pertenece a la EFTA (una asociación de libre comercio a la que pertenecen Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), pero antes tendría que cumplir una serie de requisitos", como el control eficaz de sus fronteras. Pero para ingresar en la EFTA debería cumplir antes, una vez más, una interminable serie de requisitos.
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6. Acuerdos comerciales
Un Brexit aún más endiablado. Reino Unido votó en referéndum salir de la UE hace ya más de un año. Y esa salida provoca automáticamente que Reino Unido se queda fuera de las decenas de acuerdos comerciales firmados con la UE: Londres debe pactar con Bruselas su futura relación comercial, pero de la misma manera tiene que negociar desde cero tratados comerciales con todos los países del mundo. Todo eso se complica endiabladamente en el caso catalán: en primer lugar necesitaría el reconocimiento internacional, para después empezar a negociar acuerdos que suelen tardar años. El pacto comercial más importante sería, paradójicamente, con España, con quien Cataluña tiene estrechos lazos comerciales y de inversiones. Lo mismo sucede con la UE. Una alternativa sería solicitar el ingreso en la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, con Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza). Para ello hace falta un acuerdo unánime de esos cuatro países. Y para ello, una vez más, hace falta un reconocimiento internacional que en estos momentos es de lo más difuso. "No parece que vaya a haber muchas dificultades para la adhesión a esta organización", concluye con indisimulado voluntarismo un informe del Consejo asesor para la transición nacional encargado por la Generalitat.
Esa sería la puerta de entrada al Espacio Económico Europeo, que aplica las normas relativas al mercado interior y permite beneficiarse de las libertades económicas de la Unión sin participar en la toma de decisiones. Ese informe admite que en caso de que se obstaculizara una integración rápida y en régimen transitorio de Cataluña en la UE, Cataluña debería dotarse de una estrategia alternativa para acceder a los mercados internacionales, clave para una economía tan abierta como la catalana. Para ello hay que firmar acuerdos multilaterales con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Y eso no es posible sin ser miembro de la OMC: más problemas. Los efectos secundarios de una declaración de independencia dejarían huella en varios capítulos económicos y comerciales: las fuentes consultadas en Bruselas explican que Cataluña tendría que renegociar las cuotas de pesca con la UE, y los agricultores perderían, de entrada, las ayudas de la política agrícola común. "Todo eso es terriblemente complicado con Reino Unido, que es un Estado reconocido internacionalmente; con una región cuyo reconocimiento está en el aire, esto es como hablar de ciencia ficción", admiten las fuentes consultadas en Bruselas.
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7 La ONU, al margen: “Los Estados reconocen Estados”
Otro de los territorios inexplorados que recorrería una Cataluña independiente es su relación con Naciones Unidas. El organismo rehúye abordar directamente el asunto —“el secretario general confía en que las instituciones democráticas de España encontrarán una solución”—, pero un portavoz aclara que, de forma genérica, la clave no tiene que ver con el reconocimiento de los países per se. “La ONU no desempeña un papel en el reconocimiento de los países como tal; los Estados reconocen a Estados”, explica. Cataluña ingresaría como nuevo miembro por decisión de la Asamblea General, bajo recomendación del Consejo de Seguridad (formado por los cinco miembros permanentes y 10 rotatorios). EE UU, Rusia, China, Reino Unido y Francia tienen poder de veto.
Sudán del Sur fue el último Estado en incorporarse a la ONU, en julio de 2011. El Consejo de Seguridad aprobó su ingreso sin llegar a votar, por consenso. Hace dos años, ya en plena ebullición del conflicto independentista catalán, el Gobierno español aprovechó la declaración con motivo del 70º aniversario de la ONU para lanzar un mensaje. El texto, aprobado por iniciativa de España, recalcaba la obligación de “respetar el principio de igualdad soberana de todos los Estados, su integridad territorial e independencia política”. Pero, acto seguido, añadía el que también es un principio de la ONU, “la libre determinación de los pueblos”, pero en los supuestos coloniales, de ocupación militar o cuando no se respetan los derechos humanos. Informa Amanda Mars
Al igual que ocurre con las instituciones de la Unión Europea, una Cataluña unilateralmente independiente no tendría cabida en el Consejo de Europa. Esta institución, surgida en 1949 como primer intento de alejar al continente del abismo de la guerra, aglutina hoy a 47 países europeos. Las condiciones para adherirse figuran en sus estatutos: "Aceptar los principios del Estado de derecho y del disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de todas las personas en su jurisdicción".
La nómina de países miembros, entre los que figuran todos los de la UE, pero también Turquía, Ucrania o Azerbayán, despierta dudas sobre el cumplimiento de esos valores fundamentales. Pese a todo, los requisitos de entrada sí suponen una barrera. Sin aludir expresamente al caso catalán, un portavoz de la institución asegura que el Estado que desee integrarse en el Consejo de Europa debe solicitarlo al comité de ministros, donde están representados los 47 Estados miembros. La clave está en que la decisión se adopta por unanimidad. Resulta difícil concebir que España permitiese la entrada de una Cataluña desgajada sin respetar la legalidad. Dos ejemplos ilustran bien las opciones posibles. En 1993, la institución con sede en Estrasburgo acogió entre sus miembros a la República Checa y a Eslovaquia, que se habían divorciado —amistosamente— unos meses antes. Así que el Consejo de Europa no tuvo problema en admitir como nuevos socios a los Estados legalmente sucesores de la anterior Checoslovaquia.
Peor suerte ha corrido Kosovo, que se independizó de Serbia en 2008 tras el genocidio al que fue sometida una parte de su población durante la guerra de 1998-1999. Con esos precedentes, la ONU consideró legal su independencia dos años después de proclamarla. Más de 100 países (España no figura entre ellos) lo avalan como Estado. Pese a todo, sus autoridades ni siquiera han llegado a solicitar el ingreso en el Consejo de Europa, donde sí permanece Serbia. Este país de la antigua Yugoslavia sigue sin admitir la secesión de su antigua provincia.
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8. Una caja en números rojos para las pensiones
Convencer a los jubilados de las ventajas de la secesión ha sido uno de los caballos de batalla de los partidos independentistas. Estos no solo han afirmado que se mantendrían, sino también que en un nuevo Estado catalán serían "más altas" que ahora. "En una Cataluña independiente las pensiones no solo estarían garantizadas, sino que mejorarían", sostiene un documento del Gobierno de la Generalitat del mes pasado. ¿Es ello cierto? El sistema español está basado en el principio de reparto. Es decir, las contribuciones sociales van directamente a pagar las pensiones. La Generalitat sostiene en su último estudio que el conjunto de ingresos y gastos de la Seguridad Social tuvo un déficit en Cataluña de 1.308 millones de euros en 2016, lo cual supone un 7,2% del total de España. Esas cifras no coinciden, sin embargo, con las que ofrece el Estado. Según los datos de la Seguridad Social, la comunidad cerró el año pasado con un agujero de 4.963 millones de euros. Ambos datos, en cualquier caso, llevan a la misma conclusión: un nuevo Estado catalán necesitaría fondos para sufragar las pensiones.
Los asesores de Artur Mas elaboraron un documento en el que barajaban dos escenarios. Si hay una separación pactada, daban por hecho que habría un reparto de la hucha de la Seguridad Social, a la que echarían mano de inmediato. Si no es así, los primeros meses serían complicados y se debería recurrir al Presupuesto, financiado con los impuestos de los ciudadanos. El problema es que desde que se elaboró ese documento el Estado ha ido vaciando esa hucha, por lo que Cataluña en el mejor de los escenarios apenas contaría con 2.000 millones de euros. La alternativa sería, pues, o más impuestos o más deuda.
Pero el debate de fondo es si Cataluña está mejor preparada para las pensiones. Es cierto que, excluyendo los ciclos recesivos, los saldos de la Seguridad Social tienen un mejor comportamiento en la comunidad que en el conjunto del Estado. Ello se debe, sobre todo, a que Cataluña tiene una menor tasa de paro y unos salarios algo superiores. Sin embargo, la tasa de envejecimiento desde 1980 se ha incrementado en siete puntos, casi igual que en toda España, y la edad media de sus ciudadanos y la esperanza de vida son muy similares. Pese a la ventaja de tener una mayor tasa de actividad y más afiliados, el volumen de jubilados hace que haya 1,75 afiliados per pensionista, justo en la media española, y muy por debajo que Madrid (2,5). Una Cataluña independiente se enfrentaría, pues, a los mismos retos que ahora tiene España sobre la mesa en materia de pensiones.
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9. Cómo pagar una gran deuda
Un nuevo Estado catalán nacería con una voluminosa deuda, de 265.082 millones de euros, equivalente al 125% de su Producto Interior Bruto (PIB). El propio vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el órgano asesor para la llamada "transición nacional" sugirieron que sin acuerdo, Cataluña no debería hacerse cargo de ninguna deuda más allá de las contraídas como Administración autonómica, que ascienden a 78.737 millones de euros, incluyendo sus empresas públicas. Es más, Junqueras sugirió que la deuda podría ser usada como elemento para forzar al Estado a sentarse a negociar. Sin embargo, hay consenso entre los economistas en que la independencia solo es posible con un acuerdo, por lo que Cataluña debería hacerse cargo de parte de la deuda española. ¿Cuánta? El criterio más extendido es que se llevaría la parte proporcional del peso de la economía catalana en el conjunto de España, del 19%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con los datos del Banco de España, descontando los mecanismos de liquidez para las comunidades autónomas, la comunidad debería asumir 186.345,5 millones de euros, lo que sumado a su deuda actual arroja 265.082 millones.
La gran banca se protege y aniquila el sueño de un poder financiero catalán
Cataluña sería uno de los países más endeudados de Europa, solo por detrás de Grecia, Italia y Portugal. Sin embargo, el mayor problema no sería arrastrar esa losa, sino cómo afrontarla. El Gobierno de la Generalitat tiene los mercados cerrados a cal y canto desde 2012, cuando tuvo que pedir asistencia al Gobierno central. Con una deuda situada por las agencias de calificación de riesgos al nivel de bono basura, hoy su único prestamista es el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "El Estado es el único banco al que podemos acudir", recordó en varias ocasiones el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell. Según los datos de la propia Generalitat, a finales de este año el 78% de su deuda estará en manos del FLA. A pesar de los intentos de Junqueras, que recientemente ha viajado a Estados Unidos para reunirse con instituciones financieras, Cataluña no ha podido regresar aún a los mercados para pedir prestado. Y las perspectivas no son nada halagüeñas. La agencia de rating Moody's ha recordado que la Generalitat afronta "altas necesidades de refinanciación" y tiene una "posición de liquidez significativamente debilitada" en los últimos años, lo cual complicaría el acceso de la Administración general de una Cataluña independiente a los mercados mayoristas, al menos hasta que se disiparan todas las incertidumbres iniciales.
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10 El Barça quiere seguir, La Liga no se lo confirma
El Barça desea seguir jugando Liga y Copa como lo ha hecho toda la vida, aunque el Govern declare la independencia. También los otros dos clubes catalanes de Primera, Espanyol y Girona. Pero esa continuidad dependería de la administración deportiva y de La Liga. La situación se puede extrapolar al resto de los grandes deportes, aunque en algunos casos, como en el hockey patines, más de un club se ha mostrado partidario del derecho a la autodeterminación.
“Vamos a ver qué pasa. Si se produce la declaración de independencia, automáticamente citaré a los clubes catalanes. No se produciría una ruptura inmediata, pero la clave está en la federación catalana. Si esta apoya esa postura, pues quedarían fuera de las competiciones estatales. Nuestra obligación es escuchar pero hay que cumplir el reglamento”, dice Javier Tebas, presidente de La Liga. Todas las federaciones e instituciones que organizan competiciones en España están sujetos a la Ley del Deporte, que hace explícito que las disputan los clubes de España y de Andorra. “Se entiende que mientras Cataluña no fuera reconocida como país por España, los clubes seguirían siendo españoles de facto”, dicen en la Asociación de Clubes de Baloncesto.
