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| Torre Iberdrola |
Iberdrola es una
gran empresa, Sánchez Galán, su presidente, un gran gestor, nadie lo discute. Empresa y empresario tienen todo el derecho del mundo a decidir dónde hacen sus
inversiones figura entre los derechos fundamentales de una empresa privada con
una única condición en una economía libre: que tenga recursos para hacerlo. Que
la misma empresa y el empresario se quejen del marco regulatorio e incluso lo
hagan responsable del descenso de sus beneficios es algo que se puede defender
desde la libertad de opinión. Por tanto, hay muchas consideraciones que se
pueden hacer a favor de Sánchez Galán, de Iberdrola y de su decisión de reducir
al mínimo las inversiones en España.
Probablemente, lo
que ha fallado, ha sido todo lo demás. No me parece un acierto considerarse muy
español cuando los beneficios no hacían más que subir y dudar si es más
mexicano, inglés o norteamericano cuando el dividendo se reduce. Eso ofende a
los usuarios de sus servicios, que no han tenido ni parecida libertad para
elegir quién le suministra la luz. Y ofende a todos los emprendedores que no
han visto una reducción del 7 % en sus beneficios, sino que han tenido que
reducir plantillas o empeñar su patrimonio personal para salvar su empresa.
Al mismo tiempo, y
aunque el señor Sánchez Galán se erija en abanderado de la marca España, no
cabe duda de que la ha perjudicado: a la marca, al Gobierno y a la nación. No
es la mejor imagen exterior el espectáculo de ver cómo el número uno de la
producción eléctrica prefiere otros países para invertir. Y ese daño es mayor
en este momento: cuando se presume tanto de atraer capitales extranjeros y
cuando se asiste a la exaltación casi mística de la recuperación. Las razones
económicas de Iberdrola no parecen suficientes para justificar ese perjuicio.
Las empresas deben ser prósperas, pero también deben lealtad al país donde han
labrado su patrimonio y su prosperidad.
.Es evidente que
ha sido un fracaso. No solo no consiguió ser estable y previsible, como pide el
señor Sánchez Galán, sino que desorientó al mercado y a los consumidores y
perjudicó a las empresas de producción. En este sentido, la acción de Sánchez
Galán es un serio aviso. No se trata de crear ni mantener privilegios. Se trata
de consensuar las decisiones y de combinar los intereses del usuario y del
fabricante. Y se trata de ser menos intervencionista y hacer verdad el
principio de la libre competencia, cosa que no nos atrevemos ni a soñar. En
este sentido, sí tiene razón Sánchez Galán y el Gobierno debería meditarlo. La
energía eléctrica es un bien del país, no una fuente de votos para el partido
que dirían los hispanos, oficialista.
