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Las teles 'menoscreciando' a Ayuso y su novio mientras se votaba la amnistía

 

Las teles 'menospreciando' a Ayuso y su novio mientras se votaba la amnistía. María Jesús Montero debe dimitir y explicar quien le pasó la denuncia.

Pedro Sánchez interviene durante una sesión en el Senado.

Pedro Sánchez interviene durante una sesión en el Senado. EP

Mientras los diputados votaban este jueves el proyecto de Ley de Amnistía, los espectadores de su televisión favorita mañanera se esforzaban en comentar la noticia de que la Fiscalía Provincial de Madrid ha propuesto un pacto al novio de Isabel Díaz Ayuso para reconocer que es un defraudador. El director de un 'aguerrido' diario digital -¿aguerrido o aferrado? ¿a qué o a quién?- abundaba en ese momento en las mentiras de la Comunidad de Madrid al informar sobre este caso mientras, ya digo, sus Señorías, a viva voz, aprobaban o rechazaban la norma que perdonará los delitos cometidos por quienes quisieron destrozar el orden constitucional en 2017.

Podrían esas cadenas de televisión aprovechar la ocasión para departir sobre las declaraciones de Pere Aragonès o Carles Puigdemont acerca de la hoja de ruta que maneja el independentismo para los próximos tiempos, que consiste en volver a las andadas de 2017. O a lo mejor sería adecuado destacar que Cataluña ha roto todos los planes de Pedro Sánchez, quien daba por supuesto que tras aprender a caminar con los pantalones por los tobillos tras negociar la amnistía, la legislatura se iba a alargar durante cuatro años sin mucha dificultad.

Pero, ¿para qué iban a abundar las televisiones en esos puntos? Justo después de que se conociera el resultado de la votación -¡rápido, Paco, desconecta, pincha plató!-, aparecían en La 1 las caras de Ayuso y de su novio. A lo mejor, y sólo a lo mejor, hubiera sido menester que los espectadores pudieran haber visto las reacciones de los portavoces parlamentarios tras finalizar la votación. Pero, ¿eran más importantes que lo de la presidenta madrileña? En absoluto. Conviene fomentar la amnesia sobre la amnistía.

Los trileros de las teles

Juegan estos medios con su audiencia a lo mismo que los trileros. Mira la bolita, la pongo aquí, muevo este vaso, muevo el otro…, ¿dónde está la bolita? ¿A que ya no la ves? Será porque he sido demasiado rápido. ¿Dónde está ahora Félix Bolaños, quien la semana pasada afirmaba que todos los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez estaban trabajando para aprobar los Presupuestos de 2024? Allá donde se halla la canica roja. Puede que aquí, puede que allá… o puede que en ningún lado.

Sería lo suyo que los medios que piden fidelidad a sus lectores -o incluso que pasen por caja- hubieran concentrado hoy sus esfuerzos en la gran cuestión palpitante que se plantea tras lo que ha sucedido durante las últimas horas, que no es menor. Porque afirmaron desde Moncloa que todo este sainete con los independentistas era fruto de la voluntad negociadora de ambas partes ("Parlem!"), que consideraban que la voz y la concordia eran más efectivas que las sentencias judiciales y las porras policiales. Pedro Sánchez aspiraba a resolver un conflicto político que se había enquistado y ERC y Junts, a cambio, apoyarían las cuentas de 2024. 

Pero resulta que el día antes de que se votara la amnistía y se completara el primer paso necesario en esta senda hacia la etapa más pacífica, gloriosa y cohesionada desde la conquista de Granada, Aragonès convocaba elecciones y demostraba que el guion que había vendido al PSOE era falso, dado que los independentistas no habían comprometido ningún apoyo o, directamente, habían engañado al presidente, porque ni siquiera ERC y Junts se habían puesto de acuerdo para aprobar las cuentas catalanas. Por falta de voluntad y de interés en coligarse, por supuesto.

¿Qué ha ocurrido después? Que el Gobierno ha renunciado a tramitar los Presupuestos Generales del Estado. La legislatura está muerta y eso obligará a Sánchez a buscar su enésima resurrección o directamente a reconocer su muerte, dado que para poder ser investido prometió una serie de políticas que requieren financiación.

Enfoca a Ayuso, que esto no interesa

Parecía este asunto importante, así como el de la votación de la norma que borrará el historial de antecedentes de decenas de personas a las que, en algunos casos, se les acusa de algunos de los delitos más graves del ordenamiento penal español. En ese momento exacto, en ese preciso instante, había televisiones que debatían sobre Díaz Ayuso y su novio y se empeñaban en detallar cada dato de la estructura empresarial de ese señor y de sus conversaciones con la Fiscalía.

El momento en el que se ha filtrado ‘lo suyo’ no le convierte en más inocente ni más culpable, ni suma o resta gravedad o interés a la acusación del ministerio público. Pero podría deducirse que quien ha aireado todo esto tenía interés en que durante estos días tan determinantes los ciudadanos miraran hacia el varón que se encama con la presidenta, y no hacia el presidente al que los independentistas le han vuelto a hacer la cama.

Diríase que los medios están para afinar, acertar y adivinar dónde se encuentra lo relevante. A veces fallamos (muchas), qué duda cabe. Otras, hay quien se deja engañar o se despista a sabiendas de su error. Es lo que siempre se ha definido como el “dame pan y dime tonto”.

Haciende vende datos de contribuyentes a un hacker.

La Policía busca a los compradores de los datos de Hacienda al hacker del CGPJ

El colaborador de Alcasec ha vuelto esta semana a la Audiencia Nacional para colaborar con las claves y el embargo de las criptomonedas


La Comisaría General de Información de la Policía Nacional está centrada en encontrar quién compró los datos que el joven José Luis Huertas (alias ‘Alcasec’) hackeó de su incursión en bases del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según confirman fuentes de la investigación. Su colaborador Daniel Baíllo ha vuelto esta semana a la Audiencia Nacional, donde se hospeda la causa, para prestar ayuda con las claves y el volcado de su teléfono móvil.

Baíllo, que se escondía bajo la identidad ‘Kermit’, fue detenido a finales de mayo y enviado a prisión por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Su defensa ha recurrido a la Sala de lo Penal su situación en la cárcel, mientras él está colaborando con los investigadores que quieren acceder a sus criptomonedas para poder embargarlas. Las fuentes de la causa calculan el monto a bloquear en torno a unos 10.000 euros.

El papel de Baíllo fue clave en la construcción de una pantalla falsa en la que los funcionarios de Justicia introdujeran sus credenciales y los hackers pudieran acceder así a todas las bases de datos. Picaron dos en Bilbao el 18 y el 20 de octubre, pero podía haber sido cualquiera en toda España, dicen citadas fuentes. Más de 500 mil datos bancarios de contribuyentes quedaron en poder de los hackers.

A pesar de que los ataques informáticos de ‘Alcasec’ han alcanzado empresas como HBO o Burger King, la Audiencia Nacional se centra únicamente en lo relativo a este robo del Punto Neutro Judicial (una suerte de conexión entre los juzgados y el resto de instituciones). En este caso, la sustracción se hizo sobre cuentas de la Agencia Tributaria y los datos fueron transferidos a servidores de Lituania. Ambos jóvenes supieron que este sistema interno existía porque primero habían logrado entrar en el aparato digital de la Policía Nacional. Los agentes del Ministerio del Interior hablan de ellos en sus informes como «amenaza muy grave para la Seguridad Nacional» e, incluso, el Centro Criptológico Nacional -perteneciente al CNI- está dando apoyo en las diligencias.

Operación Pousada

La Operación Pousada («hotel» en portugués) fue bautizada así por la afición de ‘Alcasec’ a los viajes y a los hoteles de lujo. El joven declaró dos veces en la Audiencia Nacional y el pasado 23 de mayo quedó en libertad a la espera de cómo avancen las pesquisas. En su confesión explicó que había construido una macrobase de datos -Udyat, el «ojo de Horus» haciendo un paralelismo con el símbolo egipcio- que vendía en la deep web y es aquí donde han puesto ahora el foco los investigadores.

Según dijo ‘Alcasec’ una de las garantías de su oferta era que los datos del comprador se borraban instantáneamente, pero la Policía cree posible rastrear las compras para llegar a más delincuentes. Los investigadores presuponen que los clientes pueden tener distintos perfiles y ninguno de ellos bueno. Por un lado, Estados que puedan estar detrás de hacerse con cuanta más información de ciudadanos españoles mejor y, por otro, estafadores que buscaran crear páginas de phishing.

El juez Calama expone en sus resoluciones cómo ha quedado acreditado que los investigados recibieron dinero en sus monederos virtuales, al menos, por valor de 0,1668 BTC, el equivalente a 9.291 euros.

Por el momento, el delito por el que están imputados ambos chicos es uno de revelación de secretos que podría implicar hasta 6 años y 3 meses de prisión, pero si las pesquisas escalaran podrían llegar a otros como blanqueo de capitales. Las fuentes consultadas muestran dudas de que se trate de una organización criminal porque no existe una jerarquía ni unos roles preestablecidos.

El robo de nóminas en Granada

Algo contrario a lo que ha sucedido en las pesquisas que se llevan en un Juzgado de Granada por las que se acusa a ‘Alcasec’ del robo de las nóminas de funcionarios del Ayuntamiento. «Estamos ante una organización criminal que se dedica a realizar hechos delictivos en el ámbito de las nuevas Tecnologías de la lnformación (TIC). Desde ataques de Smishing mediantes SMS que simulan proceder de entidades bancarias para obtener claves de acceso y operaciones a la banca, hasta métodos para conseguir credenciales de acceso remoto (VPN) de administraciones públicas para posteriormente y una vez realizado un escaneo de la red interna, pivotar horizontalmente y verticalmente hasta dar con un servidor», señala la Fiscalía en la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente.

Allí el grupo de Investigación Tecnológica de la Policía localizó una cuenta bancaria en ING Direct donde se estaban recibiendo una serie de «nóminas» de trabajadores (funcionarios, personal laboral…) de diferentes administraciones públicas tanto de Entidades Locales como de Comunidades Autónomas. Los agentes descubrieron que detrás de este hackeo estaba ‘Alcasec’ y fue arrestado y enviado a un centro de menores (puesto que todavía no había cumplido la mayoría de edad).

«Una vez que son recibidas la cuantía económica de cada nómina, éstas y de manera inmediata son retiradas mediantes extracciones en diferentes cajeros o incluso realizando diversas compras a través de tarjetas de débito», señala la Policía.

El Juzgado de Menores de Granada acordó el internamiento de Huertas y le impuso la prohibición de utilizar medios informáticos. Posteriormente, la Audiencia Provincial revocó esta decisión y permitió que el joven se matriculara en un grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes en Madrid.

 

Hacienda, sitiada por el PP. Pronto saqueada.

Tiene toda la razón del mundo el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para formar un equipo de Jefes y mandos intermedios de la agencia tributaria a su imagen y semejanza. Con el PP en el poder, opinar, pensar o ejecutar de poco o nada vala si no lo hacen como ellos opinen, quieran o cuando y a quien quieran, o sea, democracia a la cubana. España quiso PP y PP tiene España. El carácter de funcionario de carrera para ser habilitado como Inspector o director de Agencia tributaria de poco o nada vale, ser excluyente no ser economista y superar el principio de igualdad mérito y capacidad de poco o nada sirve. Un encalomador (que endilga) si es miembro o miembra del PP, bueno es. Cuanto  más se desconoce el desarrollo de sus funciones más obediente es la persona.
La Agencia Tributaria atraviesa por los momentos más críticos de su historia. Por primera vez ha dimitido un director general, el responsable de la inspección de los grandes contribuyentes, Luis Jones,  encargado de inspeccionar/supervisar grandes fraudes al erario público.
Que la  persona de confianza de  Cristóbal Montoro , tire la toalla por el enfrentamiento con “la dirección general de la Agencia es algo más que sospechoso, solo dijo cuando subió el IVA que se recaudaba el 15% menos y que el principal beneficiario era la economía sumergida y el fraude.   
Se trata del tercer cargo en el escalafón del organismo público, y su renuncia ha disparado todas las alarmas sobre el grave deterioro de la Administración fiscal, salpicada por casos como el de la millonaria multa a la cementera Cemex, los DNI de la Infanta o las secuelas del caso Bárcenas y su relación con la polémica amnistía fiscal.
Episodios que se han saldado con ceses en bloque en la dirección de la Agencia, como ocurrió en verano, y dimisiones puntuales de inspectores asignados a expedientes de sanción millonarios como el Cemex, trufadas con acusaciones de connivencia en las decisiones de la Agencia con ciertos despachos profesionales que en el pasado tuvieron relación con Montoro.
En relación con este caso, la Agencia ha destituido de manera fulminante a otros cinco funcionarios de alto rango y ha nombrado a Luis María Sánchez González (PP) nuevo director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria en sustitución de Luis Jones. Dejarán sus cargos la directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, el jefe de dependencia de Control Tributario y Aduanero de la delegación central de Grandes Contribuyentes, y los delegados especiales de la Agencia en Castilla y León, Cantabria y Galicia.



Ayer, Montoro, con esa voz gallinácea, dijo: “La Agencia Tributaria «estaba llena de socialistas». O sea, que era eso: como los socialistas son la oposición, hay que barrerlos de los lugares de responsabilidad de la Administración pública, aunque ocupen puestos intermedios. Los socialista, poco o nada tienen que envidiar, pero los populares, no les mejoran.

Si atendemos a varias consideraciones. La principal es que, si se cesa o se cambia a alguien por sus convicciones ideológicas, se está violando la Constitución y estamos literalmente ante una purificación. No utilizaríamos este duro concepto si se hubieran alegado motivos de competencia, preparación o disciplina laboral. Pero ha sido el propio, Montoro, quien aludió a la militancia o simpatía de los cesados por rojos.

La segunda es que se rompe el principio de profesionalidad de las administraciones públicas. Desde el siglo XIX se acepta como criterio que el funcionario es inamovible, precisamente para evitar que la Administración sea víctima de las conmociones que causa la alternancia en los gobiernos. Solamente hay una excepción: los cargos de confianza. ¿Y debe haber cargos de confianza en las escalas intermedias de algo tan profesional como la Agencia Tributaria? Muy mucho lo dudo. Su mera existencia se presta a infinidad de tratos de favor económicos y políticos. Si la Agencia Tributaria disfruta del prestigio que tiene, es porque hasta fecha nadie dudó de la profesionalidad de sus funcionarios.


Y la tercera es que no está demostrado ni se demostrará nunca que un militante del PP sea mejor inspector de grandes contribuyentes que un militante del PSOE. A lo mejor conoce a más y simpatizan más, porque un militante del PP y un gran contribuyente suelen votar lo mismo. Pero eso es justamente todo contrario a la imparcialidad. Montoro, no se da cuenta que estamos ante otro caso UGT, ya se están filtrando datos y algunos cabezas del PP rodarán, seguro.

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