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¿Embestirá Pedro Sánchez a Pumpido, Pte del Tribunal Constitucional contra el Supremo?

A la vista del nombramiento de Teresa Peramato muy sanchista como Fiscal General, todo es previsible.En realidad la ha nombrado, Dolores Delgado por feminista y sanchista. El Constitucional no es un tribunal de casación del Supremo. Al crearse las Autonomías con sus diversos Parlamentos, se hacía necesario, como en otras naciones europeas, un tribunal que decidiera sobre la constitucionalidad o no de las leyes y decisiones de las Comunidades Autónomas. Algunos abogados ilustres y varios magistrados presuntuosos pretendieron convertir al Constitucional en un tribunal por encima del Supremo en cuestiones que a este último correspondían. Y comenzaron a producirse sentencias del Constitucional que enmendaban la plana al Supremo.

La reacción fue inmediata y la Sala Segunda del Tribunal Supremo estuvo preparando una querella contra el Tribunal Constitucional. El escándalo hubiera sido mayúsculo en toda Europa. Pascual Sala, de ideología cercana al socialismo, magistrado independiente de máximo prestigio judicial, evitó, con el apoyo del Rey Juan Carlos, la colisión entre ambos tribunales.

Pedro Sánchez ha anunciado ya que movilizará al Tribunal Constitucional contra el Supremo en el caso García Ortiz. Gravísimo error que zarandeará la estabilidad judicial en España. La sentencia del Supremo debe terminar ahí y cualquier intento de desvirtuar al alto Tribunal desencadenará un tsunami judicial y político. Son muchos los que aseguran que Pedro Sánchez, que está profundamente dolido, no reparará en cuestiones constitucionales y que, además de lanzar a Conde Pumpido contra el Supremo, medita incluso hacer ministro de Justicia a García Ortiz.

Los chipópteros del sanchismo y el Fiscal General inhabilitado.

A nadie se le debe ocultar que la reacción del sanchismo —una militancia que abarca lo que antes era el Partido Socialista, alguna vieja izquierda comunista, el peronismo y ciertas fuerzas independentistas— al fallo contra el fiscal general está perfectamente orquestada —como toda la estrategia que surge de esa misma fuente—, tiene un único diseñador y responde a un propósito muy claro, que es el de crear el ambiente para impedir una alternancia del poder en España.

El sanchismo no quiere romper por completo el lazo con la democracia y por eso no está de momento en su horizonte la suspensión de las próximas elecciones generales u otras medidas radicales que llamaran la atención incluso de los más ciegos funcionarios de la Unión Europea. Pero entre ese paso extremo de la supresión del Estado de derecho y esperar pacientemente a la inevitable derrota electoral, puede existir una gama amplia de acciones que el sanchismo va a ejecutar en toda su plenitud.

La reacción a la condena del fiscal general marca la línea. Si ese solo aunque importante revés ha provocado la furia antisistema que hemos contemplado, ¿qué puede esperarse si se suceden en los próximos meses una nueva derrota en el juicio a la esposa del presidente del Gobierno, otra en la vista contra su hermano, sentencias desfavorables también contra Ábalos y contra Cerdán, algunas más que pueden caer por los graves casos de mascarillas e hidrocarburos e investigaciones que se vislumbran con preocupación sobre posible financiación del Partido Socialista y la actuación intimidatoria contra las instituciones por parte de Leire Díez?

Si el fallo contra el fiscal ha sido contestado desde el poder sanchista con una llamada a desautorizar e incluso levantarse contra el Tribunal Supremo y el modelo de Justicia española, la sucesión, por otra parte previsible, de otras derrotas judiciales colocaría sencillamente a la militancia del Gobierno en pie de guerra contra el sistema democrático, que ya no llamarían democrático porque habrían dibujado para entonces el escenario falso de que fuerzas oscuras al servicio de la derecha y la extrema derecha habían ocupado ilegalmente las instituciones. Imaginen la credibilidad que en esas circunstancias tendría para la izquierda una victoria del PP en las próximas elecciones y las consecuencias que tendría la formación de un Gobierno de coalición con Vox.

Algunos temíamos desde hace tiempo que la persona que nos gobierna es incompatible con los modos de una democracia y jamás acepta una derrota. Su tentación de dar una patada a la mesa cuando ve que las cartas no le son favorables se apreció desde su primer día en política y se demostró cuando condujo a su partido al borde del precipicio antes de aceptar su salida del poder tras sucesivos fracasos electorales.

«Se trata de explotar odios eternos y provocar la división suficiente entre españoles como para negar toda legitimidad al contrario»

Su partido ya nunca sobrevivió a aquel trance. La jugada temeraria acabó cuajando. Explotando emociones internas, viejas rencillas y ancestrales fantasías, el ínclito farsante se apoderó del partido, que ahora come en su mano y le sigue ciegamente.

No ha cambiado mucho su estrategia en el conjunto del país. Igualmente, se trata de explotar odios eternos y provocar la división suficiente entre españoles como para negar toda legitimidad al contrario. De esa forma, cualquier adversidad o delito será visto por los suyos como una maniobra de los malvados. Incluso un resultado electoral desfavorable podría quedar convertido por la propaganda sanchista en un golpe de Estado dentro de la ley, uno más de los muchos que vamos a escuchar de boca de los propagandistas oficiales en los próximos meses.

La amenaza que esto representa para «la paz civil» que Felipe González defendió en un memorable discurso en la celebración del 50 aniversario de la Monarquía parece evidente para todos. La facción más agresiva del sanchismo ha pedido ya reiteradamente «reventar a la derecha» sin que el sector más moderado de esa misma fuerza la haya desautorizado.

Tal vez no lo ha hecho porque nada se descarta ya. Y, en efecto, nada se puede descartar.

El fiscal general es el mejor perro de presa de Sánchez en su guerra contra Ayuso.

Elisa Beni, tras decir Sánchez que el fiscal general es inocente: "Mejor te callas y así no parece que intentas preparar el terreno" | Onda Cero Radio

El juicio en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz ya está listo para sentencia. Y sea finalmente sentenciado inocente o absuelto, el tribunal tiene indicios que apuntan a su culpabilidad. Pero lo que ha quedado evidente es la inaudita e histórica declaración de un fiscal general del Estado ante el Alto Tribunal por cometer presuntamente el delito de revelación de secretos y enfrentarse a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Aún más, ha quedado evidente su partidismo político, su “dependencia” de Pedro Sánchez al basar toda su defensa en atacar al empresario González Amador con el propósito de perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, la gran rival política de su jefe.

En su declaración en el banquillo de los acusados, García Ortiz por fin se quitó la toga, que no la careta, y se negó a contestar a las preguntas de la acusación. Sólo respondió a las de su abogado y a las de “su” fiscal. Y volvió a justificar el borrado de los datos de su móvil y su correo electrónico con el peregrino argumento de hacerlo por seguridad. Como declaró un agente de la UCO, “quien borra las pruebas que demuestran la inocencia o culpabilidad siendo además fiscal general y conociendo la ley, está obstruyendo la acción de la justicia y declarándose culpable. Nadie destruye pruebas si es inocente”. Porque ese borrado se produjo casualmente el 16 de octubre, el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él.

Aún así, el balance del juicio es claramente negativo para los intereses de García Ortiz, después de que se demostrara, como testificó su jefa de Comunicación, que “dictó” la nota de Prensa que incriminaba a González Amador, “una fractura del derecho de defensa”, como denunció ante el tribunal el decano de los abogados. Y este miércoles, el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ha puesto contra las cuerdas a García Ortiz por “tener un dominio a todos los niveles de la Fiscalía” después de aseverar que “sólo la Fiscalía tuvo el expediente completo”. También se ha demostrado que en la filtración de los correos participó La Moncloa, pues de ahí partió el que recibió el diputado socialista de la Asamblea Juan Lobato. El recorrido del correo electrónico de los abogados de la pareja de Ayuso partió de la Fiscalía, llegó a la Presidencia del Gobierno y desde ahí se envió al diputado socialista para que atacara a Díaz Ayuso. Pues ese era el único propósito del filtrado tanto de Sánchez como de García Ortiz.

El fiscal será condenado o absuelto. Pero ha quedado demostrado que, en efecto, “depende” de Pedro Sánchez y ha sido y es un fiel peón del presidente del Gobierno en su guerra declarada al PP y en particular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. García Ortiz ha demostrado su subordinación al Gobierno y su partidista actitud política y, por tanto, ha incumplido con creces la neutralidad que se le supone y que debería cumplir a rajatabla.

El Fiscal General, Álvaro García Ortiz, pactará con la fiscalía.¡MANDA HUEVOS¡

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, promete su cargo ante el rey Felipe VI - fiscal.es

Uno de mis buenos amigos, al menos así lo tengo yo inventariado, tiene por costumbre leer cada día un capítulo de El Quijote -por cierto, a ver si me acuerdo de preguntarle cuántas vueltas completas le ha dado a la novela de don Miguel-. No me consta sin embargo que Álvaro García Ortiz, hombre de altas y muy absorbentes responsabilidades, tenga tiempo para hacer algo ni remotamente parecido, aunque sin duda será de los que en algún momento de su vida han leído el magistral relato de Cervantes, y recordará que en el capítulo LXXIV de la segunda parte, justo antes de morir, don Quijote recupera la cordura, y retractándose de la fábula en la que había vivido confiesa ser Alonso Quijano.

Si el fiscal general del Estado, que en estos días pasa por el amargo trance de sentarse en el banquillo de los acusados (aunque ocupe una silla en el lugar reservado a la defensa), pudiera como don Quijote rebobinar, que no puede, es muy probable que no actuara como lo hizo el 13 y el 14 de marzo de 2024. Si pudiera decir toda la verdad, que ni tiene obligación como acusado, ni le dejan (aunque le acabarán dejando tirado), reconocería que las decisiones que tomó aquel infausto día estuvieron condicionadas por las presiones recibidas desde instancias políticas, y en concreto desde la Presidencia del Gobierno de España.Si García Ortiz pudiera desandar el camino, quizá les diría a quienes le conminaron a precipitarse para “ganar el relato” que ni las prisas son buenas consejeras ni es función de la Fiscalía entrar de lleno en la batalla mediática; que el estatuto orgánico de la institución que dirige establece como principio fundamental que del fiscal general para abajo todos los fiscales tienen el deber de reserva y sigilo, así como la obligación de respetar el secreto de las actuaciones; y que los tiempos políticos no son los mismos que los de la justicia. Dicho de otro modo: les hubiera dicho que no era posible hacer lo que le pedían, porque iba contra la ley.

La lógica de ‘l’omertà’

Así lo entendió la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien le echó en cara la filtración a su superior sin ser objeto de la correspondiente réplica. Así lo entendió Juan Lobato, que se cubrió las espaldas ante notario. Como también entendió después la gravedad de la maquinación otro de los personajes clave de aquella noche fatídica, la jefa de Gabinete del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, cuya inevitable amnesia ha convertido su inverosímil atestado en una de las más elocuentes piezas de la acusación.

Pedro Sánchez ha declarado que el fiscal es inocente, “y más aún tras lo visto en el juicio”. Ahora me explico mejor lo de sus gafas en el Senado. No sé qué juicio es el que está viendo el presidente, y sin embargo su afirmación es coherente, porque responde a la lógica de l’omertà, la que refleja el supuesto, tantas veces por desgracia constatado, del subordinado que por un erróneo sentido de la lealtad acaba cometiendo un delito de obediencia, del que García Ortiz no está siendo juzgado, pero que será el que más le va a pesar el resto de sus días, ocurra lo que ocurra.

No es verdad que Sánchez crea en la inocencia del fiscal general, porque sería como no creer en sí mismo. Simplemente utiliza su gran potencia de fuego mediático para presionar al tribunal y alimentar, en caso de condena, el guion de un nuevo capítulo de la serie “La única justicia válida es la justicia del pueblo”. Sánchez conoce, como todo el que no se deja distraer por lo accesorio, que existe la posibilidad de que los magistrados concluyan que no está del todo claro, que hay duda razonable sobre la autoría de la filtración. Pero también sabe que ahí no acaba la responsabilidad del fiscal general.

Pongamos que García Ortiz no filtró. Pongamos que tampoco ordenó que se filtrara. Mucho poner, pero pongamos. ¿Pero dejó hacer? ¿Dictó o no él mismo los términos de una nota considerada por el decano del Colegio de Madrid de “inusitada gravedad”? ¿Consintió o no que para desmentir un bulo se divulgara información reservada? Y cuando supo que esta se había filtrado, ¿por qué no ordenó como era su deber que se abriera de inmediato una investigación para identificar a los responsables? Al fiscal general no solo se le juzga como posible ejecutor directo de un delito de revelación de secretos; también por la decisión (presuntamente) consciente de no impedir, como era su deber inexcusable, su propagación.

‘Terroristas emocionales’

No hay un solo magistrado de los siete que componen la sala que juzga a García Ortiz que considere injustificada la decisión de sentarle en el banquillo. Cosa distinta es la valoración que cada uno de ellos haga de la prueba a efectos de sentencia. Tanto la condena como la absolución por duda razonable han de estar fundamentadas en Derecho y, en ese terreno, el estrictamente jurídico, los criterios de aplicación casi nunca son uniformes.

Tal y como va el juicio, y en contra de la opinión improcedente del presidente del Gobierno, la condena de García Ortiz es más que probable. Quizá no por lo que hizo (que también: el borrado injustificado de sus mensajes, por ejemplo), sino por lo que dejó hacer; o dejó de hacer. Y, sin embargo, puede que la decisión de los magistrados no zanje la batalla política, sino que la encone.

Una resolución condenatoria alcanzada por unanimidad, o por 6 a 1, incluso por un 5 a 2, complicaría mucho cualquier maniobra de descrédito del tribunal. Pero un 4 a 3 convertiría la sentencia en gasolina para “terroristas emocionales”, en expresión de una de las letras de Rosalía (La Perla), y trasladaría casi con toda seguridad la batalla, en forma de recurso de amparo, al Tribunal Constitucional.

En una hipótesis de cuasi empate, sería inútil cualquier llamamiento a recuperar la cordura. Y lo más urgente: el crédito de la Fiscalía.

Pedro Sánchez: "los jueces españoles están destrozando a mi familia y a España" me tienen manía

«Moncloa no es mi despacho: es mi trinchera, mi escudo, mi salvaguarda penal. Sin el sillón, soy un ciudadano más. Con él, soy intocable»

Pedro Sánchez: los jueces me tienen manía — Ilustración de Alejandra Svriz.

Amigo, te lo confieso: la gobernabilidad de España me da igual. Los incendios, la dana de Valencia, los apagones, los trenes que nunca llegan a su hora… Menudencias. ¿De verdad crees que me aferro al poder para resolver esas miserias cotidianas? ¿Que me desvelo pensando en cómo bajar el déficit o reformar el sistema de pensiones? No, hombre, no. Yo estoy en Moncloa por una sola razón: porque es el único lugar donde puedo blindarme de los jueces.

Es increíble que haya quien todavía me crea, que piense que soy un demócrata convencido. Si yo mismo lo dejo claro cada vez que abro la boca. Sin ir más lejos, el lunes, cuando Pepa me preguntó ante las cámaras por las causas judiciales que me afectan, solté sin despeinarme que «hay jueces que no cumplen la ley», que «hay jueces que hacen política». Me divierte comprobar lo fácil que es engañar a tantos con ese cuento de que estoy defendiendo la democracia frente a la ultraderecha. Pobres tontos útiles, me enternece verlos aplaudir y repetir las consignas. Aunque claro, de ello depende que se queden sin comer.

Pero los jueces no. A ellos el cuento ni les va ni les viene. Siguen empeñados en que su misión es investigar los indicios de delito y meter las narices donde no les he llamado. Y ahí están, obstinados, hurgando justo donde más me duele: en mi mujer, en mi hermano y hasta en el fiscal general que, no lo olvidemos, depende de mí.

Es como si no entendieran lo básico: que el pueblo me votó para decidir qué es legal y qué no. ¿No quedó claro con la amnistía? Ya he demostrado que estoy por encima del Poder Judicial: suprimo los delitos, archivo los sumarios, decido quién responde y quién no ante la justicia por sus crímenes. ¿O acaso no es eso la democracia popular: un cheque en blanco para hacer y deshacer a mi antojo? ¿Quiénes son los jueces para atreverse a poner en duda que yo pueda borrar delitos o absolver a mis aliados? ¡Cuestionarme a mí! Eso sí que es un atropello intolerable contra la separación de poderes.

No me vengas con la matraca infantil de que los jueces deben ser independientes. ¿Independientes? ¡Anda ya! Coloqué en el Constitucional a exministros y altos cargos de mi Gobierno y no pasó absolutamente nada. Nombré a un fiscal general que, como todo el mundo sabe, actúa a mis órdenes, y tampoco tuvo consecuencia alguna. ¿Y ahora me vienen con que los jueces de instrucción son sagrados? Lo lógico sería que ellos también estuvieran a mi servicio, como el resto. Porque en este país la única independencia que de verdad cuenta es la mía y nadie tiene derecho a fiscalizar mis actos. Tampoco los de mi entorno.

¿Y sabes qué es lo último? Que algunos jueces han llegado a compararme con Trump. ¡A mí! ¿Puedes creerlo? Yo, el salvador de la democracia, convertido en el reflejo progresista del líder fascista mundial. Es el colmo de la ingratitud. Encima de que les tolero seguir vistiendo la toga aun cuando no representan a nadie porque nadie les vota, vienen y me llaman autoritario. ¡Qué desfachatez! Yo soy la resistencia, el muro que separa a España del apocalipsis ultraderechista, y van y me comparan con Trump. Eso sí que es hacer política desde los tribunales.

Y dime tú si no es pura manía. Porque vamos a ver: ¿cuándo en democracia un presidente había tenido investigada a su mujer, a su hermano, a su fiscal general, a sus secretarios de Organización… y quizá pronto a su propio partido? Seguro que las esposas de otros presidentes también han aprovechado su posición para obtener favores y financiación para sus proyectos. Seguro que los hermanos de otros también han acabado en puestos inventados para ellos. Y seguro que fiscales de confianza han hecho lo suyo filtrando correos para liquidar a rivales políticos. Nada nuevo bajo el sol. Ni que mi caso fuera el primero

Es que no puede ser casualidad, es que es persecución pura y dura. Una conspiración clarísima orquestada por los fachas con toga, que no descansarán hasta obligarme a convocar elecciones para que gobierne la ultraderecha. E igual que sin ser católico respaldo la postura de la Conferencia Episcopal en materia migratoria, sin ser yo franquista reconozco que las elecciones paralizan el país. ¡Y yo no voy a permitir que la democracia se detenga por culpa de unas elecciones!

¿Que van a seguir diciendo que me aferro al poder? Pues sí, ¿y qué? ¿Alguien en su sano juicio renunciaría a su única garantía de impunidad? Moncloa no es mi despacho: es mi trinchera, mi escudo, mi salvaguarda penal. Sin el sillón, soy un ciudadano más. Con él, soy intocable, porque desde ahí puedo entregar España a quienes la odian a cambio de que rechacen mi suplicatorio. Y mientras tenga un micrófono delante, repetiré mi mantra: que los jueces hacen política, que me persiguen, que me odian. Porque sin el poder, la justicia es igual para todos… Y a mí solo me sirve si es distinta para mí.

Los cuatro fiscales del 'procés' están dispuestos a plantear un artículo 27 si el fiscal general pretende cambiar su criterio.

Los fiscales del 'procés' dinamitarán la amnistía con la malversación y abrirán un cisma si García Ortiz se opone

Los cuatro fiscales del 'procés' están dispuestos a plantear un artículo 27 si el fiscal general pretende cambiar su criterio. Fuentes fiscales explican que habrá una malversación amnistiable y otra que no

Los fiscales del 'procés' al fondo y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en primer plano

Para los cuatro fiscales del procés -- Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena-- está claro: la amnistía no será posible para todos los líderes del independentismo condenados y procesados en el Tribunal Supremo. Lo tienen tan cristalino que, si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aboga por un criterio distinto (que por jerarquía debería prevalecer) están dispuestos a llegar hasta el final y articular el mecanismo que conllevará un cónclave en el Ministerio Público para que la treintena de fiscales de Sala aborde la ley. El choque de trenes ha llegado sin que la norma del perdón esté siquiera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por su parte, García Ortiz se reúne hoy con los fiscales de la Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas y los jefes de Cataluña.

La ronda de encuentros comenzó este jueves con los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo que presentaron a García Ortiz un abultado informe en el que habían trabajado ya muy a fondo la postura que quieren mantener una vez el Supremo les dé traslado de la amnistía. Habiendo sido aprobada ya en el Congreso de los Diputados, la norma debe pasar por el BOE y a partir de ahí los jueces darán un periodo de diez días a las partes para que se pronuncien.

Zaragoza, Moreno, Madrigal y Cadena siempre han ido unidos en la cuestión independentista sin fisuras entre ellos y, esta vez, no ha sido distinta. Fuentes fiscales explican que el informe que le han entregado al jefe del Ministerio Público, ahonda en la idea de que la cuantía malversada para el referéndum ilegal del 1-0 afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y, por tanto, no es posible amnistiarlo. "Querían financiar un proyecto de quebranto de la integridad de España. Esto generaba una reducción en el presupuesto de la Unión y mermaba los intereses comunitarios", revelan.

García Ortiz se ha comprometido a estudiar este enfoque que dejaría fuera del perdón a la mayor parte de los cabecillas juzgados y fugados por el secesionismo catalán. Ni el líder de ERC, Oriol Junqueras, ni el expresident Carles Puigdemont, ni los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa podrían ser amnistiados.

Si el fiscal general aboga por otra tesis y ordena impulsar el archivo y la desintegración de todos delitos que afectan al independentismo (incluida la malversación), los cuatro fiscales del procés y pesos pesados de la Fiscalía presentarán un artículo 27 del Estatuto Fiscal, es decir, una herramienta por la que los funcionarios buscan evadir una orden que consideran "contraria a las leyes" o "improcedente".

Este resorte permite que se sienten a debatir la treintena de fiscales de mayor rango de la carrera en un debate que no se anticipa fácil. "Me recuerda a cuando se empeñaron en lo de la 'ley del solo sí es sí'", recuerda un fiscal sobre el criterio que mantuvo el Ministerio Público para evitar la rebaja de penas a agresores sexuales y que luego el Tribunal Supremo no ratificó. La última vez que se reunió esta Junta de fiscales de Sala fue el pasado 24 de abril para discutir sobre la revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. En ese caso, el criterio que adoptó la mayoría de la Fiscalía tampoco fue ratificado por los jueces que decidieron iniciar una investigación.

Este asunto puede volver a complicársele a García Ortiz que en los últimos meses ha visto su mandato envuelto en distintas polémica. La decisión final, eso sí, es de él por el principio de jerarquía de la institución. En cualquier caso, diga lo que diga la Fiscalía, el tribunal de la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena puede acordar lo que convengan. Si triunfa el criterio de los cuatro fiscales del procés, el borrado total de los delitos podría volverse prácticamente imposible porque supondría que el Supremo ni siquiera acudiera a Europa a preguntar por la ley y todo terminara como cuando el Gobierno abarató la malversación, sin que de facto tuviera ninguna consecuencia en las condenas de los políticos.

El enriquecimiento y los fondos europeos

Los delitos que persisten en el Tribunal Supremo después de las reformas del Código Penal que el Gobierno pactó con ERC y Junts en la anterior legislatura son tres: desobediencia, desórdenes públicos y malversación. Los fiscales del procés sí ven amnistiables los dos primeros puesto que en la ley se explica que abarcará "cualquiera que sea su naturaleza que hubiera sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares".

En cambio, la desviación de fondos se ha redactado en otros términos. En el artículo 1 de la norma incluye el perdón para los delitos malversación "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento". El Gobierno y Junts limaron la redacción para que no hubiera suspicacias y aclararon que "no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos [...] cuando no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

Pero los fiscales creen que "es claro" que tanto los procesados como los rebeldes se apropiaron de fondos públicos con un beneficio propio "en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo [organizar un referéndum] que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro". No se trata de enriquecerse como tal, hay un matiz, se trata del "beneficio patrimonial de los autores".

Y no es la única gotera por la que se escapa la amnistía a su juicio. La ley dice que tampoco se amnistiara el delito de malversación si afecta a fondos europeos. La consulta independentista no se organizó con fondos comunitarios, pero los fiscales hacen una lectura más amplia de la Directiva de la UE [1371/2017] del año 2017 sobre los delitos de corrupción y estiran el concepto de afectación de la Unión. Este documento señala delictivo "utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión".

"La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", defienden citadas fuentes.

Hay malversaciones que sí ven amnistiable

Visto así, puede parecer que ninguna malversación tiene cabida en el perdón que el Congreso acaba de aprobar. Pero no es así. Los fiscales defienden que sí habrá beneficiados que hayan sido condenados por este delito.

El artículo 432.1 del Código Penal contiene dos modalidades de desvío de fondos: una activa y otra de omisión impropia o comisión por omisión. En la primera, es el funcionario público el que se apropia del dinero que tiene a su cargo. En la segunda, el funcionario consiente que otro se apropie del patrimonio público. Son estas segundas malversaciones --en las que no hay ánimo de lucro en el autor-- "las que admitirían la amnistiabilidad", pero no las primeras, a cuya categoría pertenecen los líderes del procés.

Para los fiscales, los cabecillas sustrajeron millones de euros para ejecutar decisiones que el Tribunal Constitucional ya había declarado ilegal en un "proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia".

Sobre las medidas cautelares

En lo referente a las medidas cautelares la historia es sencilla: como las conductas de Puigdemont y el resto de fugados acusados por malversación no entran, a su juicio, en el ámbito de la amnistía, no podrán levantarse las medidas cautelares.

"Sólo puede acordarse [la extinción de las órdenes de detención] en el caso de que el órgano judicial competente estime que las conductas imputables a los procesados y que son objeto de la causa se hallen comprendidas en el ámbito objetivo de la presente ley lo que no sucede en el presente caso en relación al delito de malversación", destacan.

Con estos mimbres, si el expresident volviera a España podría ser detenido. Además, sucede igual con las penas de inhabilitación de Junqueras, Turull, Romëva y Bassa que "no pueden considerarse finalizadas y extinguidas ya que las acciones por las que fueron condenados no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía".

El fiscal General, García Ortiz dice: "Filtré los datos del novio de Ayuso, pero eso no es un delito"

El sucesor de Delgado aborda la independencia económica de la Fiscalía en su primer Consejo

El fiscal general asume toda la «responsabilidad» en la filtración de los datos personales del novio de Ayuso

Álvaro García Ortiz niega que la nota remitida por la Fiscalía Provincial de Madrid incluyese «información» confidencial que «pudiera perjudicar el derecho de defensa» de la pareja de la presidenta madrileña

Ante los fiscales, que este lunes tomaban posesión de sus nuevos cargos, en la sede de la Fiscalía General del Estado y en defensa de la actuación de la jefa provincial del Ministerio Público en Madrid. Alvaro García Ortiz ha reconocido que la «responsabilidad» en la filtración de los datos personales del novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es suya, en último término. «La comunicación» emitida «no contenía» información «confidencial» que pudiera haber «perjudicado el derecho de defensa» del investigado por un presunto delito contra la Agencia Tributaria, ha asegurado, sin embargo, el máximo responsable de la Carrera.

Insisto: asumo institucionalmente la responsabilidad última de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de MadridAlvaro García OrtizFiscal General del Estado

Así lo ha reconocido García Ortiz, en un comunicado oficial, por primera vez desde que saltase el escándalo sobre la nota de prensa remitida a los medios de comunicación por la Fiscalía madrileña. Una difusión que, como publicó El Debate en exclusiva, se negó a atender la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra, al entender que el contenido del texto era incompatible con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar pactos de conformidad con el Ministerio Público. Un protocolo que ella misma había diseñado durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2009

«Como Fiscal General del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», ha declarado García Ortiz tras varias semanas de hermético silencio sobre el caso.

«No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución» y «no pienso consentir que la fiscal Jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva», ha advertido el responsable del Ministerio Público.

Y ha proseguido: «En consecuencia, sirva esta declaración institucional como respaldo a los compañeros de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico y la Instrucción núm ero 3/2005 de la Fiscalía General del Estado».

No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtracionesAlvaro García OrtizFiscal General del Estado

No en vano, la declaración del fiscal general ha sido, además, de público «reconocimiento» a la «labor y el desempeño profesional, con el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia, de la fiscal jefe y del fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid».

Para finalizar, García Ortiz ha insistido en destacar que «la Fiscalía española actúa con absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones. Y que ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento distinto por motivos ajenos al proceso. La actuación del Ministerio Fiscal se enmarca siempre dentro de la Ley, porque fuera de la Ley no hay nada».

Con los tres fiscales socialistas de la cúpula, España se encabronará.

El complot tiene nombres y apellidos

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados.

Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados. EP

"¿Fue precisamente el buen hacer de los fiscales en dicho caso (Villarejo) lo que determinó que Ignacio Stampa saliera de la Fiscalía Anticorrupción a fin de apartarlo del caso?". Esa es la pregunta del millón que deja en el aire Carlos Ruiz de Alegría Madariaga, Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, en el prólogo del libro El Complot.

El fiscal Stampa, apartado del caso con razones espurias, no responde en su libro a esa pregunta. Tal vez porque no pueda. Seguramente porque los datos que le llevarían a contestarla con rotundidad no pueda revelarlos porque forman parte de una investigación penal que aún sigue abierta. Pero, tras leer las 393 páginas de El Complot (La Esfera de los Libros), la respuesta es evidente.

Stampa y su compañero Miguel Serrano recibieron en 2017 el encargo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de investigar el llamado Caso Tándem, cuyo principal protagonista es el comisario José Manuel Villarejo. Stampa estaba en comisión de servicios.

Tiraron del hilo y encontraron una madeja gigante, que enredaba a grandes empresarios, políticos, policías, servicios secretos e incluso al rey emérito. Es, sin duda, el caso más importante de los investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

Desde el principio, los fiscales supieron que pisaban un terreno minado. Las continuas filtraciones, a veces con grabaciones que ni siquiera figuraban en el sumario, les hacían perder el control sobre la causa. Durante meses, años, el caso Villarejo fue portada de diarios e informativos de radio y televisión. Las cintas supuestamente grabadas por el comisario eran objeto de deseo mediático. El volumen de la madeja no paraba de crecer, así que hubo que abrir piezas separadas que partían del grueso tronco bautizado como Tándem, y en el que además de Villarejo figuraban otros comisarios como Enrique García Castaño y Carlos Salamanca.

No se entiende la persecución de Dolores Delgado al fiscal Stampa si no es por razones de peso que tienen que ver con la investigación del caso Villarejo

En medio de la vorágine saltó a los medios una grabación que daría un vuelco a los acontecimientos. El 24 de septiembre de 2018 se publicó una conversación grabada durante una comida en el restaurante Rianxo, que tuvo lugar en 2009, en la que estuvieron presentes, además del comisario Villajero y destacados mandos policiales, el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y la entonces fiscal de la Audiencia, Dolores Delgado.

El ambiente de camaradería no era fruto sólo de una celebración un tanto subida de tono. El despacho de Garzón se hizo cargo de la defensa de Enrique García Castaño. La fiscal intervino personalmente en un caso instruido en la Audiencia por el que Villarejo cobró una muy sustanciosa minuta. Garzón y Delgado son pareja.

El ex juez, siempre que ha tenido ocasión, ha defendido públicamente a Villarejo como un hombre que ha hecho grandes servicios para el Estado. En esto coincidía con la valoración el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

En julio de 2018, un par de meses antes de la filtración antes citada, Delgado fue nombrada ministra de Justicia, cargo que ocupó hasta enero de 2020. Poco después, en febrero, fue nombrada Fiscal General del Estado.

Otra fecha importante: en julio de 2020 (ya siendo Delgado Fiscal General) la Fiscalía de Madrid le abrió una investigación a Stampa por una posible revelación de secretos a una abogada de Podemos. La investigación terminó archivándose por falta de pruebas, pero Stampa fue apartado del caso. Lo que cuenta el fiscal en su libro es que esa operación fue dirigida personalmente por Dolores Delgado, que utilizó para ello a su mano derecha Álvaro García Ortiz (ahora Fiscal General del Estado).

La investigación del caso Villarejo nunca entró a fondo en los posibles lazos del comisario con Garzón y la fiscal Delgado con la trama del comisario. De eso nunca más se supo. Curiosamente, tampoco han aparecido nuevas grabaciones o documentos que avalen esas sospechas. Sobre el ex juez y la fiscal se tejió al parecer una tupida coraza protectora. Esa operación es la que inspira el título del libro: El Complot.

Cuando vemos hasta donde llega la utilización política de la Fiscalía General en el caso que afecta a Carles Puigdemot, la denuncia del fiscal Stampa suena coherente con los hechos que ahora copan las primeras páginas de los diarios. Hace apenas unas semanas el Tribunal Supremo estimó como "incontestable" la desviación de poder de García Ortiz para defender el ascenso de Delgado en la carrera fiscal.

Lo que queda tras la lectura del libro de Stampa es el regusto amargo de que la actuación honesta y profesional de una mayoría de jueces y fiscales queda manchada por un grupo de poder (Garzón/Delgado) que ha influido de manera directa en sumarios fundamentalmente instruidos por la Audiencia Nacional.

La Fiscal General, Lola Delgado renuncia y, ella misma nombra a su sustituto. ESTO ES UN GOLPE BAJO al estado de derecho.

Dos de las tres asociaciones de fiscales denuncian el papel activo de Álvaro García (socialista) en las principales polémicas que han envuelto el mandato de Delgado.

Por Juan Pardo

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Estupefacción entre los fiscales por el perfil controvertido del sustituto de Delgado

La designación de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado ha suscitado «estupefacción» y «sorpresa» entre un sector mayoritario de la carrera fiscal. Dos de las tres asociaciones representadas en el Consejo Fiscal ven con suspicacia que, para sustituir a Dolores Delgado, el presidente del Gobierno haya optado por quien hasta ahora se desempeñaba como su mano derecha. Consideran que ha sido el «cooperador necesario» y el «álter ego» de Delgado en las principales polémicas que han envuelto los dos años de mandato de la hasta ahora titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre las controversias en las que ha tenido una participación activa se encuentra la decisión de apartar al fiscal Ignacio Stampa del juicio por el caso Villarejo. Un proceso cuya «transparencia» García Ortiz defendió a capa y espada. «Quien le sucede es una apuesta por la continuidad con la gestión de Dolores Delgado. Álvaro García Ortiz ha sido su álter ego en algunas de sus decisiones más polémicas, como la de apartar al fiscal Stampa del caso Villarejo. En esa y otras polémicas, ha tenido una intervención clave», señala Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). «Con este nombramiento solo podemos esperar una línea continuista con la gestión que venía llevándose a cabo en la FGE»..

Más allá del caso Stampa, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) señalan que García Ortiz ha sido el «cooperador necesario» de Delgado en su polémica y «sectaria» política de nombramientos y ceses llevada a cabo en la FGE, donde las decisiones del Ministerio Público han sido a menudo puestas en duda debido a la falta de imparcialidad de una fiscal general que antes había sido ministra de Justicia con el PSOE. Los críticos con este nombramiento lamentan que Pedro Sánchez haya podido dejar pasar la oportunidad de dar una mayor imagen de independencia.

«La dimisión de Lola no nos ha sorprendido por razones de salud. Lo que sí nos ha dejado estupefactos es el nombramiento de su número dos», indica Salvador Viada, portavoz de la APIF. «Lamentamos que no se haya producido un cambio de rumbo con la salida de Lola. Durante su mandato el sectarismo en los nombramientos y ceses ha sido clamoroso, y Alvaro García ha sido cooperador necesario de Delgado en esos asuntos como su número dos», añade.

La UPF defiende al sustituto de Delgado

La Unión Progresista de Fiscales (PSOE), de la que fue presidente el hombre elegido por Sánchez para ocupar la FGE, se ha mostrado satisfecha por el nombramiento de García Ortíz. Destaca su perfil profesional y su trato «cordial y humano». Su presidenta, Inés Herreros, rechaza que haya sido nombrado por pertenecer a la misma asociación que Delgado y subraya que la polémica de esta con los nombramientos es falsa porque «los datos objetivos dicen que la mayor parte de ellos no pertenecen a la asociación».

Herreros se ha apresurado a desmentir los presuntos vínculos de García Ortíz con el PSOE. A preguntas de este diario ha asegurado que «nunca ha tenido carné del PSOE». Los fiscales tienen prohibido pertenecer a organizaciones políticas. No obstante, el PP acusa al nuevo Fiscal General del Estado de haber hecho campaña contra Feijóo en las últimas elecciones gallegas. Según los populares, participó el 14 de diciembre de 2019 en un mitin del PSOE de Galicia (PSdG) en un hotel de Santiago de Compostela.

La UPF sostiene que García Ortiz participó a título personal en ese evento que, en realidad, estaba organizado por un think-tank vinculado al PSOE y no formaba parte de los actos de campaña del partido. «No está cerca, ni mucho menos. Los fiscales damos en ocasiones charlas en fundaciones vinculadas a los partidos políticos y eso no significa que formemos parte de ellos», explica Herreros.

Entre el resto de asociaciones de fiscales lo que preocupa no es tanto la posible afinidad política de García Ortíz con el PSOE, sino su participación activa en muchas de las polémicas que han salpicado el mandato de Dolores Delgado. «Visto que ya se consideró idónea a Lola para el cargo, habiendo sido diputada por el PSOE, ministra de Justicia y de haber hecho campaña electoral en las elecciones generales por el mismo partido, que Álvaro García haya estado en algún mitin del PSOE en Galicia nos parece peccata minuta», indica Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria AF.

Fran Serrato

En la misma línea, la APIF no pone tanto el foco en los posibles vínculos con el PSOE del nuevo fiscal general del Estado. Preocupa más que, al concretarse la dimisión de Dolores Delgado, Pedro Sánchez no haya optado por dar un golpe de timón en una de las instituciones que más ha sufrido un deterioro en la percepción de imparcialidad por parte de los ciudadanos. «No sabemos qué ha ocurrido en la cocina de este nombramiento ni por qué Sánchez ha optado por él. Desconocemos si se va a apostar por una línea continuista o si por el contrario hay directrices para cambiar las cosas. Si quiere hacer las cosas bien, tiene mucho margen de mejora porque la situación en la FGE hoy es desastrosa», indica Salvador Viada.

«línea continuista» en la Fiscalía. «Si Álvaro García comienza a funcionar y demostrar que es Fiscal General del Estado, y no Fiscal General del Gobierno, lo diremos y lo aplaudiremos. Pero en estos momentos no creemos vaya a ser así. Si no hace seguidismo partidista, estaremos contentos, pero si su nombramiento es simplemente una apuesta por continuar con la misma línea, vamos directos hacia el desastre», añade el portavoz de la APIF.

Por su parte, la AF da por hecho que el nombramiento de Álvaro García supondrá una «línea continuista» con la gestión de Dolores Delgado. Al mismo tiempo, admiten que la dimisión de la hasta ahora fiscal general del Estado «les ha pillado por sorpresa». «Nos parece que ha tardado tiempo en dimitir. Nunca consideramos que fuese una candidata idónea a FGE, ni por su procedencia política, ni por sus relaciones personales con otras personas del ámbito judicial, ni por las polémicas en las que se ha metido. Si es por salud, lo lamentamos, pero estamos satisfechos con su renuncia», asevera Cristina Dexeus.

Trayectoria de Álvarez Ortiz

Fiscal de carrera desde 1998, de la trayectoria profesional de García Ortiz destaca su trabajo como fiscal del ‘caso Prestige’, la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas, donde el Ministerio Público defendió la tesis de que «la Administración española no fue responsable de la catástrofe». El principal condenado fue el capitán del ‘Prestige’, Apostolos Mangouras, por un delito imprudente contra el medio ambiente en su modalidad agravada de deterioro catastrófico derivado de la catástrofe del vertido en las costas gallegas.

También sobresale en su trayectoria las investigaciones sobre incendios y el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017, después de que el por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como «terrorista». García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían «evidencias de la existencia de ninguna trama» incendiaria. Este informe fue llevado al Parlamento de Galicia en la comisión que investigó la ola de incendios de aquel inicio de otoño.

En cualquier caso, y tras la designación por parte del Gobierno, se abre ahora un trámite por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá informar sobre el nombramiento de García Ortiz, y éste tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El CGPJ abordará su nombramiento en el pleno del próximo jueves.