De momento, los populares han decidido no dar más pasos en torno a la proposición de ley socialista destinada, entre otros aspectos de calado, a eliminar en la práctica la acusación popular en los procesos penales, lo que supondría el archivo de los casos que se siguen contra Begoña Gómez y David Sánchez y, sin duda, aliviaría la situación de Carles Puigdemont. La propuesta ha sido recibida con críticas por parte de los socios de Pedro Sánchez, que no ven con buenos ojos derogar de facto un mecanismo de acusación recogido en la Constitución y que impediría, por ejemplo, que las Comunidades autónomas se personaran en los casos de violencia de género.