Jueces y fiscales en el disparadero. Silenciar la acusación en las cuchipandas que les recae de la (SU) ministra de Justicia, les convierte en cómplices necesarios.
Si hay algún ministerio al
que se le exige que una autoridad moral fuera de todo tipo de dudas es el de Justicia. La actual ministra de Justicia,
Dolores Delgado está asolando su prestigio profesional antes, ahora y después. Antes como fiscal de
la Audiencia, ahora como ministra de Justicia y después, por su entrega a la camorra
que dirige Baltasar Garzón.
Lola Delgado lleva el paso cambiado desde que se
alistó en esa banda organizada y que, por descontado, por mucho propósito de
enmienda que tenga por presente, siempre irá en sentido negativo a la verdad. La
forma con la que entonó la demanda que interpuso el prófugo de la Justicia,
Carles Puigdemont al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sencillamente la
delató ante propios y extraños. Ya le
decía su otro jefe de tropelías, José Villarejo que era tan ligera de cabeza como poco atinada en sus decisiones.
De momento, la práctica
totalidad de los ministros de Gobierno golpista
se dieron cuenta de la envergadura del error y obligaron a que el Presidente de
Gobierno, Pedro Sánchez desmintiera a la veleta, Lola Delgado y así lo hizo “la
defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, es una cuestión
de Estado” ya era demasiado tarde para disimular que la responsable de Justicia
no sólo no se había enterado del problema que le había llegado a las manos sino
que no había comprendido en absoluto su enorme dimensión que implicaba nada
menos que a la soberanía jurisdiccional de España. Los desmentidos, las
rectificaciones y las declaraciones torrenciales que emitió después de su
colosal error no pudieron borrar la mancha indeleble de sospecha que había
caído sobre su incapacidad para ocupar el cargo.
Y ahora, ¿Cómo no? llueve
sobre mojado. La publicación de sus conversaciones amistosas, distendidas,
relajadas, descaradas, impúdicas y rigurosamente impropias de una fiscal de la
Audiencia Nacional en ejercicio, con uno de los personajes ya entonces más
oscuros de la historia de la Policía la han dejado desnuda ante sus propias
imprudencias. Y no se trata de si llamó “maricón” a su ahora compañero de
Gobierno y entonces compañero en la Audiencia Nacional, el juez
Grande-Marlaska. Eso la desacredita seriamente como mujer progresista defensora
de las causas de exigencia de respeto hacia los colectivos LGTBI y daña de
rebote a la imagen que pretende exhibir este Gobierno pero no la inhabilita
como ministra de Justicia.
Lamentablemente, no ha
quedado ahí la cosa, con ser algo de extrema gravedad. La segunda entrega del
portal moncloa.com, hoy asaltado por la policía acatando órdenes de la no menos
peligrosa, Carmen Calvo sitúa a la “Lola” con dirección a los puertos. Porque
Dolores Delgado cuenta en esa misma comida con Villarejo y otros policías que
en el transcurso de unos cursos de formación llamados Aula Iberoamericana que
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) organizó en Cartagena de Indias
(Colombia) entre 2001 y 2009, ella vio a jueces del Tribunal Supremo y a
fiscales de la Fiscalía General manteniendo contactos con propósitos
evidentemente sexuales con menores de edad. Acusación que ella misma a
reconocido, por tanto, en lugar de intervenir a Moncloa. com habría que
premiarle.
El calibre de la acusación
es extraordinario y obliga de inmediato a hacer la pregunta que ha formulado ya
Izquierda Unida: “¿Y por qué no alertó a las autoridades colombianas de esos
posibles delitos?”. Porque ella debería saber que en Colombia se persiguen
judicialmente esas actividades. Pero es que, además, ese relato evidencia
varias cosas. Una, el grado de amistad y extrema confianza que la ministra
mantenía con sus interlocutores, todos alrededor del oscuro Villarejo con quien
celebraban alegremente la concesión a éste de una medalla. Dos, su grado de de
frivolidad al contar una escena semejante como si fuera una anécdota llamativa,
sin darse cuenta de que estaba poniendo en la picota a los representantes de la
cúpula del Poder Judicial. Tres, su falta de profesionalidad porque, si eso
sucedió como cuenta, hay que recordar que ella es fiscal, es decir, titular de
la acción penal que puede y debe actuar de oficio, además de a solicitud de la
víctima. Cuatro, su grado de frivolidad al asegurar que las personas de las que
supuestamente se hacían acompañar los magistrados del Tribunal Supremo y los
miembros de la Fiscalía General del Estado eran menores, circunstancia que no
se molestó en acreditar antes de formular una acusación de esa envergadura.
Todos esos elementos se suman para acreditar que la señora Delgado es una
insensata, característica que resulta del todo incompatible con el ejercicio
del cargo de ministra de Justicia.
Al CGPJ no le consta que
Delgado asistiera a ninguno de los cursos en Colombia de los que habló ante
Villarejo. Es decir que, revisados los participantes en los cursos de formación
Aula Iberoamericana que el CGPJ organizó en la ciudad colombiana de Cartagena
de Indias, “Dolores Delgado, no figura entre los asistentes”. En una palabra,
que ella no estaba o no formaba parte de la comitiva oficial. Por esa razón,
magistrados del TS consultados por la agencia de noticias sugieren que o había
acudido a otro evento o “estaba allí acompañando al juez Baltasar Garzón”. Hay
amores que matan.
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