Ada Colau pide a la Generalitat que no haya policía en las manifestaciones y desahucio

 Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durant e un pleno del Ayuntamiento

La funesta y homicida alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este jueves a la Generalitat y a los juzgados revisar los protocolos contra desahucios para evitar casos como el de la familia con tres menores recién desahuciada ante un “dispositivo de antidisturbios” de los Mossos d’Esquadra, situación que la primera edil ha exigido que no se repita.

En rueda de prensa junto al concejal Josep Maria Montaner, Colau ha asegurado que lo abordará con el Govern, y que solicitó hace tres meses una reunión al presidente delTribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que accedió al cargo en enero, aunque todavía no han agendado el encuentro para tratar el asunto.

Ha insistido en la necesidad de regular los precios del alquiler, ha propuesto crear un índice público indicativo de precios recomendados según la renta y la capacidad de pago, y también plantea un registro de propietarios que alquilan viviendas pero “violan determinados estándares”, para rectificar malos comportamientos y concienciar a los propietarios y grandes operadores, con los que el Ayuntamiento ha empezado una ronda de contactos para apelar a su responsabilidad.

El consistorio ofreció pagar la deuda para evitar desahucio y dueño

El Ayuntamiento de Barcelona se ofreció ayer a abonar la deuda de una mujer con tres niños pequeños y evitar así el desahucio del piso pero el propietario del inmueble se negó, según ha asegurado hoy el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macías. El desahucio se produjo ayer en el distrito de Sants-Montjuïc, de Barcelona, que se ejecutó con la presencia de varias furgonetas de los Mossos d’Esquadra antidisturbios, que arrastraron a los activistas de la PAH que intentaban evitar que la mujer y sus tres hijos, dos de cuatro años y una de nueve, se quedaran en la calle.

Macías ha precisado que el consistorio ofreció al propietario abonar la deuda y pagar uno o dos meses más de alquiler hasta que la mujer pudiera tener una vivienda social en la que realojarse. Sin embargo, el propietario de la finca, un gran tenedor de pisos de la ciudad, se negó a esta solución. “No hablamos de un pequeño propietario”, ha puntualizado el portavoz de la PAH, “sino que es dueño de toda la finca, de treinta viviendas en las que viven sólo diez familias”. El caso de esta familia ya estaba sobre la Mesa de Emergencia de Barcelona sobre vivienda y pobreza energética, con lo que era cuestión de semanas que se acabara otorgando un piso social, unos días que el propietario no quiso esperar, ha asegurado Macías. Para la PAH, lo “que ha creado alarma” es que se enviaran unidades de los mossos antidisturbios para realizar el desalojo, una situación que no se vivía en Cataluña “desde hace años”.

Este desalojo ha causado malestar entre el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno catalán, al afear la alcaldesa Ada Colau públicamente que se enviaran furgonetas antidisturbios para desalojar a una madre sola con tres niños. El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la portavoz del ejecutivo, Neus Munté, han criticado en las redes sociales la reacción de Colau, han defendido la actuación de los mossos y han pedido a la alcaldesa “trabajar conjuntamente” en este tema. A pesar de las demandas a la Generalitat, la alcaldesa señaló ayer que la responsabilidad de este desahucio y de los aproximadamente diez que hay cada día en Barcelona es del Gobierno del PP y del Tribunal Constitucional por haber impugnado la ley catalana 24/2015 de Emergencia Habitacional.