A los nobles Griñán, Chaves..., el fiscal anticorrupción y la Sultana andaluza los van a pasar por la cámara de GAS.

Chaves ha salido mejor parado que Griñán del mayor caso de corrupción de la historia. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla el escrito de acusación de la pieza separada del caso ERE. En ella acusa a más de una veintena de personas, entre las que se encuentran los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán de los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. Para el segundo, el fiscal pide seis años de cárcel y treinta de inhabilitación por los delitos; para Chaves, 10 de inhabilitación solo por prevaricación.

El Ministerio Público relata, en su escrito,  cómo los encausados, para evitar la labor de fiscalización de la Intervención, «que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas», modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria, «las transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía, ente público adscrito a la Consejería de Empleo hasta mayo de 2004.

Como consecuencia de la ausencia de la fiscalización debida y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, se puso en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó «a su libre arbitrio sin procedimiento alguno», impidiendo a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que «personas que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial [...]».

Todas las dudas están despejadas.La Fiscalía sostiene que esta gestión, realizada por los encausados pertenecientes a Empleo, era conocida por el resto de encausados puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde el ejercicio 2002.

Así queda el caso a enjuiciar: La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y 10 años de inhabilitación en empleo o cargo público para su antecesor, Manuel Chaves, por el 'caso de los ERE'. Así lo ha hecho saber el Ministerio Fiscal al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en un escrito remitido este jueves, en el que acusa a Griñán de ser autor de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales y a Chaves de un delito continuado de prevaricación.

Sin duda, es Griñán el más perjudicado, ya que el fiscal pide también para él 30 años de inhabilitación en cargo público por ambos delitos, además de tener que responder a 483,7 millones de euros solidariamente, en concepto de devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2005 y 2010.

En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

En total, la Fiscalía apunta a 18 personas como los autores de la malversación de fondos investigada entre los años 2000 y 2010, cifrando en 741,5 + 187 millones de euros la cantidad por la que tendrán que responder en concepto de responsabilidad civil de manera solidaria los presuntos acusados.

En el caso de José Antonio Griñán, el ex presidente tendrá que enfrentarse sólo a seis años (2005-2010), periodo en el que fue consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente de la Junta. Fue en 2009 cuando fue elegido presidente del Gobierno andaluz.

Destaca el caso de José Antonio Viera, que fuera consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004 con Manuel Chaves, además de diputado nacional y senador. Viera tendrá que responder, de manera solidaria, por una cantidad superior a la deGriñán. En concreto, 637,6 millones de euros correspondientes a los créditos destinados a ayudas sociolaborales entre los años 2000 y 2004.

En una situación similar a Viera se encuentran la que fuera consejera de Economía y Hacienda de la Junta bajo la batuta de Griñán, Carmen Martínez Aguayo, así como Francisco Vallejo, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa con Manuel Chaves y ex senador. En ambos casos, tendrán que afrontar la responsabilidad de la misma cantidad asignada a Griñán.

El resto de personas que tendrán que responder de manera solidaria José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Alcón, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos.

Además de Chaves y Griñán, la Fiscalía apunta también como autores del delito de prevaricación a otras 24 personas. En concreto, Gaspar Zarrías, Viera, Antonio Fernández García, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Alcón, Gonzalo Suárez Martín, Jesús María Rodríguez Román, José Salgueiro Carmona, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Antonio Estepa Giménez, Antonio Vicente Lozano Peña, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, Antonio Valverde Ramos y Francisco del Río Muñoz.