Quién lo iba a decir?
Resulta que los acusadores de la Infanta
Cristina en el asunto por el que tanto está sufriendo, Caso Nóos no son los de
unas Manos Limpias (Sindicato de la Fundación Francisco Franco FFF –presidenta su
hija, Carmen que ya desaparecieron 700 millones de pesetas de la Cruz Roja al
que Rajoy quitó la subvención, eran los protegidos de Aznar) sino manos sucias,
manos de chantajistas, manos de extorsionadores, manos de fascistas y que este
Blog denunció en su día –hace más de dos años-. Una suerte de desinteresados defensores de la
justicia, que desarrollan un ejemplarizante puritanismo en una sociedad
golpeada por la corrupción. Estos nuevos moralistas se rigen por sus propios
criterios para acusar, para mantener la acusación contra unos o levantarla a
otros, como ha sucedido en ese asunto judicial que tanto daño ha causado a la
Corona.
Un modo justiciero que desconfía de la acción de la institución a la
que el Estado encarga de la defensa de la legalidad. Ha quedado de manifiesto
porque la Fiscalía, en ese caso, no ejerce la acción de acusar. Estos
espontáneos Robin Hood pertenecen a otra época, operan en un contexto que no
tiene que ver con organizaciones paralegales surgidas como una espuria
respuesta a la ineficacia de los poderes públicos. ¿Hasta qué punto ha de
admitirse una actuación de esa naturaleza? La cuestión viene contaminada por su
rechazo en relación con un conocido banquero y por su admisión posterior
referida al presidente de un Parlamento autonómico. Para sorpresa de los
defensores de la infanta Cristina, ha vuelto a ser admitida. Hacienda somos
todos. Dejando la no muy acertada argumentación de que se trata de una frase
publicitaria, la cuestión es que cualquiera podría ejercer la acusación
eligiendo a su libre albedrío el destinatario. Y no son pocos los temas a los
que pueda ampliarse el «somos todos». Esa legitimación popular es, en mi
opinión, perturbadora para el funcionamiento de la Justicia y el prestigio de
la Fiscalía.
La apelación a la ética
o a la moral, como quiera llamarse, está en la base de la regeneración que se
predica. La carcoma de una corrupción, personal e institucional peligrosamente
generalizada, está minando la confianza en las instituciones. La detención del
alcalde de Granada y la dimisión del ministro Soria serían las últimas
aportaciones que afectan al PP y al propio Gobierno. Que el ministro haya dimitido
es un hecho normal en un sistema democrático. En Alemania se ha dimitido por
plagio en una tesis doctoral. En último término, la retirada de Nixon fue por
mentir. Acaba de hacerlo una ministra belga. En el caso de Soria bastó que se
contradijese en sus afirmaciones. Los errores se pagan y quienes tienen
responsabilidades políticas no solo han de tener ejemplaridad, sino también
prudencia. Forma parte del juego democrático que los partidos en la oposición
pidan explicaciones. Lo que parece excederlo es formular juicios morales: desde
la acusación de Sánchez a Rajoy de indecente, que ha gangrenado toda relación
personal, a las últimas reprobaciones que van más allá de lo legal. Los nuevos
moralistas han decretado, pasando por encima del PP y los electores, que está
incapacitado para la regeneración política y democrática.
La única función en la tierra de la Fundación Franco es el saqueo de instituciones, el robo, la pillería y destronar a la Monarquía. El Caudillo de España, Francisco Franco, no lo hubiese permitido.
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