Sigue el blog por EMAIL. Seguir por EMAIL

miércoles, 4 de mayo de 2016

La Infanta Cristina, INOCENTE, no merece ser el chivo expiatorio de políticos, jueces-políticos y sistema judicial politizado.


Quién lo iba a decir? Resulta que los  acusadores de la Infanta Cristina en el asunto por el que tanto está sufriendo, Caso Nóos no son los de unas Manos Limpias (Sindicato de la Fundación Francisco Franco FFF –presidenta su hija, Carmen que ya desaparecieron 700 millones de pesetas de la Cruz Roja al que Rajoy quitó la subvención, eran los protegidos de Aznar) sino manos sucias, manos de chantajistas, manos de extorsionadores, manos de fascistas y que este Blog denunció en su día –hace más de dos años-.    Una suerte de desinteresados defensores de la justicia, que desarrollan un ejemplarizante puritanismo en una sociedad golpeada por la corrupción. Estos nuevos moralistas se rigen por sus propios criterios para acusar, para mantener la acusación contra unos o levantarla a otros, como ha sucedido en ese asunto judicial que tanto daño ha causado a la Corona. 
Un modo justiciero que desconfía de la acción de la institución a la que el Estado encarga de la defensa de la legalidad. Ha quedado de manifiesto porque la Fiscalía, en ese caso, no ejerce la acción de acusar. Estos espontáneos Robin Hood pertenecen a otra época, operan en un contexto que no tiene que ver con organizaciones paralegales surgidas como una espuria respuesta a la ineficacia de los poderes públicos. ¿Hasta qué punto ha de admitirse una actuación de esa naturaleza? La cuestión viene contaminada por su rechazo en relación con un conocido banquero y por su admisión posterior referida al presidente de un Parlamento autonómico. Para sorpresa de los defensores de la infanta Cristina, ha vuelto a ser admitida. Hacienda somos todos. Dejando la no muy acertada argumentación de que se trata de una frase publicitaria, la cuestión es que cualquiera podría ejercer la acusación eligiendo a su libre albedrío el destinatario. Y no son pocos los temas a los que pueda ampliarse el «somos todos». Esa legitimación popular es, en mi opinión, perturbadora para el funcionamiento de la Justicia y el prestigio de la Fiscalía.
 

La apelación a la ética o a la moral, como quiera llamarse, está en la base de la regeneración que se predica. La carcoma de una corrupción, personal e institucional peligrosamente generalizada, está minando la confianza en las instituciones. La detención del alcalde de Granada y la dimisión del ministro Soria serían las últimas aportaciones que afectan al PP y al propio Gobierno. Que el ministro haya dimitido es un hecho normal en un sistema democrático. En Alemania se ha dimitido por plagio en una tesis doctoral. En último término, la retirada de Nixon fue por mentir. Acaba de hacerlo una ministra belga. En el caso de Soria bastó que se contradijese en sus afirmaciones. Los errores se pagan y quienes tienen responsabilidades políticas no solo han de tener ejemplaridad, sino también prudencia. Forma parte del juego democrático que los partidos en la oposición pidan explicaciones. Lo que parece excederlo es formular juicios morales: desde la acusación de Sánchez a Rajoy de indecente, que ha gangrenado toda relación personal, a las últimas reprobaciones que van más allá de lo legal. Los nuevos moralistas han decretado, pasando por encima del PP y los electores, que está incapacitado para la regeneración política y democrática.

La única función en la tierra de la Fundación Franco es el saqueo de instituciones, el robo, la pillería y destronar a la Monarquía. El Caudillo de España, Francisco Franco, no lo hubiese permitido.
Publicar un comentario