Una mentira, otra
mentira, una evasiva otra evasiva y así hasta el enésima engaño de nuestro
débil Gobierno. Hoy, por ejemplo, Los pensionistas son rehenes de las continuas evasivas del Gobierno sobre la
revalorización de las pensiones en 2012 sólo pueden responder a su empeño en
regatearle, una vez más, la verdad a los españoles. Esta misma semana, durante
la sesión de control en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a irse
descaradamente por los cerros de Úbeda cuando le preguntaron si habrá paga
compensatoria para los jubilados a final de año. No despejó ninguna duda, pero
-eso sí- se dio el gusto de restregar por la cara a los socialistas el Plan E puesto
en marcha por Zapatero y cuya ejecución acaba de reprobar el Tribunal de
Cuentas. Como si aquel fallido intento de reanimar la economía en 2009,
mediante la movilización de 8.000 millones para obras públicas en el ámbito
local, tuviera la culpa de que las pensiones vayan a quedarse ahora por debajo
de la subida del coste de la vida.
Al objeto de evitar
semejante quebranto, desde finales de los noventa está fijada por ley una
actualización automática que depende del IPC de noviembre y que se activa en el
caso de que la tasa anual de inflación supere lo inicialmente previsto.
Zapatero dejó en suspenso la norma durante 2011 como parte de su programa de
consolidación presupuestaria. Sin embargo, en principio, este año debería
aplicarse de nuevo, teniendo en cuenta además que el indicador de precios se ha
puesto por las nubes, a causa sobre todo de la reciente subida del IVA y del
encarecimiento de los carburantes. El problema es que el coste sería muy alto
para las paupérrimas arcas del Estado: unos 5.000 millones de euros en números
redondos si se toma como referencia el IPC de septiembre (3,4%), dado a conocer
ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
Con toda seguridad la
decisión de no revalorizar las pensiones está más que tomada; entre otras
cosas, porque así se le ha exigido a Rajoy desde Europa. Pero el Gobierno no
tiene el menor propósito de descubrir sus cartas hasta el último momento,
porque hay convocadas tres citas electorales a las que el PP prefiere
comparecer sin ese lastre. No en vano, sólo en Galicia están llamados a las
urnas unos 700.000 jubilados, cuya desafección daría, definitivamente, al
traste con cualquier posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo revalidara su
mayoría absoluta. Eso infligiría un doble revés para Rajoy, que perdería poder
territorial por primera vez desde que llegó a la Moncloa y suspendería el test
en que se han convertido las autonómicas gallegas para el conjunto de sus
políticas y tropelías.
No todo lo tiene ganado
Rajoy, tampoco perdido, aquí nunca pierde nadie. Aunque el cálculo electoral
esté a la orden del día, lo verdaderamente irritante es que rija el
comportamiento de un presidente empeñado -según dice- en velar por “el interés
general de los españoles” y que, por propia conveniencia, ha tomado como
rehenes a los pensionistas hasta noviembre. Por lo que se ve, le trae
completamente al fresco su comprensible inquietud, después de un año lleno de
malas noticias. A fin de cuentas, son ellos los más perjudicados por algunos
recortes, como el de los medicamentos o el de dependencia, que han impactado de
lleno en la línea de flotación de su economía, en general muy maltrecha y
confusa.
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