Pedro Sánchez sabe que
barrunta terror y miseria. Pero ahora solo le preocupa como hundir más España.
«Es el momento de
remangarse, ir más allá de la política de parches que no logra doblegar los
precios y alcanzar un pacto de rentas y que los dos grandes partidos acuerden
un programa de medidas económicas»
La inflación supera por
primera vez desde 1985 los dos dígitos en España: 10,2%. Entonces no estábamos
en la Comunidad Europea y el Gobierno socialista de Felipe González, que llegó
al poder en 1982, capeaba una grave crisis fruto de la reconversión industrial
y hacía lo posible por doblegar los precios para presentar al país como un
candidato solvente de cara a su ingreso en la unión. Los tipos de interés
llegaron a superar el 14%. La deuda pública se situaba en el 42% del PIB y el
déficit en el 4,7%. Y tales desequilibrios se identificaban como un serio
problema: La enfermedad crónica del déficit público, titulaba el diario El País
por esas fechas. Hoy, con una deuda pública que supera el 120% del PIB y un
déficit en el 6,87% después de haber rozado el 11% hace un año, los tipos de
interés están en el 0,25% o en el menos 0,50% para los bancos que depositan su
dinero en vez de dar crédito. ¿La diferencia? Estar bajo el paraguas de la
unión monetaria. Esto va para quienes desde el ala izquierda del Gobierno de
coalición acusan al BCE de estar a punto de hacer terrorismo monetario por su
decisión de subir los tipos de interés a final de este mes para contener la
inflación, como por otro lado le obliga su mandato. Añoran, parece, la
soberanía de la política monetaria que nos obligaría a elevarlos por encima de
los dos dígitos.
juanpardo15@gmail.com
El otoño se presenta negro.
Y, con una inflación galopante y unas previsiones de crecimiento mermadas, será
socialmente explosivo. De poco le servirá al Gobierno más progresista de la
historia echar la culpa a un desalmado BCE. Es el momento de remangarse, ir más
allá de la política de parches que no logra doblegar los precios y alcanzar un
pacto de rentas y que los dos grandes partidos acuerden un programa de medidas
económicas. Después de los achuchones, risas y abrazos a profusión dados y
recibidos en la exitosa cumbre de la OTAN, a Pedro Sánchez le toca aterrizar en
la prosaica realidad nacional. Mal que le pese.
El presidente se ha puesto
muy institucional reclamando un pacto «por encima de las ideologías» para
cumplir con la promesa hecha a sus socios atlantistas de subir el presupuesto
militar al 2% del PIB. Un objetivo que le será imposible sacar adelante sin el
apoyo del PP. Pero el Gobierno no hace nada por allanar el camino hacia el
consenso. Más bien al contrario. Continúa con su huída hacia adelante sobre
todo si arrecian los problemas. Frente al pésimo dato de inflación de junio y
el escándalo, otro más, en torno al asalto a la dirección del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y el Consejo de la empresa de mayoría pública
Indra, el Gobierno pacta con Bildu la redacción de la Ley de memoria
Democrática. Una memoria selectiva que nos aleja del espíritu de concordia que
marcó la Transición. Y que le sirve para
azuzar la división.
Así que lejos de buscar el
consenso, seguimos en las mismas. Y el momento, pese a las buenas intenciones
declaradas durante la reunión de la Alianza Atántica con respecto a la defensa
de Ucrania, es delicado. El deterioro del bienestar económico de las economías
avanzadas, especialmente las de la UE por su elevada dependencia energética de
Rusia, va a intensificarse. Y a medida que se prolongue la guerra, crecerán las
voces partidarias de alcanzar un acuerdo con Moscú para poner fin al conflicto.
Y se eleva el riesgo de que el apoyo ciudadanos a sus compatriotas europeos
ucranianos vaya en descenso. Aunque ello suponga una claudicación ante el
genocida Putin. ¿Integridad territorial? ¿Respeto a la ley internacional?
Es más fácil vestirlo de
posibilismo bienintencionado. Sobre todo porque es infinitamente más complicado
gestionar la crisis económica en ciernes. Especialmente si el Gobierno se
empeña en hacerlo solo y con medidas improvisadas que no están ayudando a
doblegar la inflación y benefician a quienes menos lo necesitan. Como por
ejemplo, el descuento en el consumo de combustibles, que ha permitido a las
petroleras aumentar sus márgenes una media del 23,7% por la venta de gasolina y
gasóleo, como denunciaba recientemente la Comisión Nacional del Mercado de la
Competencia. Un dinero público que va a engordar su cuenta de resultados en
lugar de ser utilizado para dar ayudas directas a los sectores más afectados
(las industrias de uso intensivo de energía como el acero o la automoción, el
transporte público o la distribución de mercancías, el sector agrícola o la
pesca) y disuadir el consumo privado de combustible. Porque de eso se trata.
Europa está en guerra, aunque las bombas cagan a 3.7000 kilómetros, y toca
asumir un coste por defender nuestros derechos y libertades.
¿Puede el Gobierno
permitirse seguir improvisando medidas e ignorar las propuestas económicas de
un partido de la oposición claramente reforzado por la victoria de este último en
Andalucía? Hay tres motivos por los que podría seguir haciéndolo. La fuerte
subida de la recaudación por IVA debido a la subida generalizada de los precios
al consumo, que ha elevado a 97.000 millones de euros los ingresos fiscales
hasta mayo, un 19% más. La entrada de dinero de los fondos europeos NextGen,
aprobados para superar los efectos de la pandemia, y que suponen un ingreso
extra de 77.000 millones de euros en ayudas directas y 70.000 en forma de
créditos blandos. Y la voluntad mermada de los habituales países acreedores y
más rigurosos fiscalmente, con Alemania a la cabeza, de ejercer el control
sobre el gasto de esos fondos, desbordados como andan con la gestión de su
potencial desabastecimiento de gas ruso, del que su economía depende en casi un
65%, y con la inflación en unas tasas insoportables para el país europeo con
más fobia al aumento de los precios dado su pasado reciente.
«Hay mucho dinero para
gastar y poco tiempo», decía la semana anterior la ministra portavoz del
Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Más allá del
riesgo que esta declaración entraña al poder perder España la oportunidad de
transformar su economía con el maná europeo, es el mensaje opuesto que debe
lanzar el Gobierno a unos mercados financieros que se han están deshaciendo de
los bonos soberanos de los países periféricos con mayores desequilibrios
fiscales. El resultado ha sido una subida de interés de los tipos a los que el
Estado español financia su déficit. El BCE, mientras, intenta desesperadamente
evitar una nueva fragmentación de la eurozona. Su presidenta Christine Lagarde
trata de imitar a su predecesor, Mario Draghi y anuncia también que hará
whatever it takes para evitar esa divergencia. Pero el contexto inflacionista
limita su margen de maniobra y mercado espera aún una fórmula que dé
credibilidad a su advertencia.
Estar bajo el paraguas de la
UE nos permite estar en una situación mucho más amable que la de hace 37 años.
Pero los desequilibrios amenazan con seguir creciendo. Como demuestra la
evolución de la inflación subyacente, que es lo peor del dato publicado esta
semana por el INE. Está en el 5,5% (seis décimas más que en mayo y 3,1 puntos
más que en enero). Es la tasa que marca la tendencia de los precios, al margen
de los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que será más
difícil de doblegar sin riesgo de entrar en una recesión.
¿Corregirá la inflación su
tendencia? Juan Manuel Rodríguez de Poo anunció esta semana su dimisión al
frente del INE después de que el Ejecutivo cuestionase los datos del IPC y el
PIB. ¿Bajará el primero y subirá el segundo a partir de ahora? No es
descartable que los nuevos responsables introduzcan algunos retoques en el
cálculo de estos índices. Es lo que ha venido reclamando el Gobierno al
Instituto desde que los datos publicados por el mismo sobre el crecimiento y la
inflación le resultan adversos. La tozuda realidad ha de amoldarse a sus
intereses. En ese empeño, ¿qué otras entidades u organismos pueden estorbarle
aún? ¿La AIReF? ¿El Banco de España presidido por un Pablo Hernández de Cos que
es constante blanco de las críticas de los socios podemitas?
Unos socios que ya han
avisado que no apoyarán el aumento del presupuesto en el gasto de defensa que
persigue Sánchez. Ante sus socios de la OTAN, el presidente se ha presentado
España como un miembro leal y fiable. Pero el martes se sentará en un Consejo
de Ministros con varios miembros contrarios a la Alianza y al envío de ayuda
militar a Ucrania. Ni siquiera la adhesión voluntaria al pacto atlantista de
dos países progresistas como Suecia y Finlandia, les baja de la burra. No. Es
preferible seguir con la pretensión, bastante obscena ante el genocidio del
pueblo ucraniano, de ser los guardianes de la moral cuando son los campeones de
la polarización. El general Gutiérrez Mellado ya se lo advirtió a Felipe
González: «Debajo de los rescoldos sigue habiendo fuego». Y desgraciadamente,
políticos que hoy lo siguen explotando. Son los responsables de que los pactos
necesarios para capear unidos el otoño negro que se avecina estén más lejos de
lo que desea y merece una ciudadanía, quiero pensar, mucho más razonable que su
clase política.
juanpardo15@gmail.com
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