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Hoy, y sin pasar por el Congreso, el Gobierno "legalizará" a más de 500.000 inmigrantes.


El Gobierno 'regularizará' este martes a medio millón de inmigrantes ilegales sin pasar por el Congreso



El decreto, pactado con Podemos, afectará a todos los que hayan entrado hasta el 31 de diciembre de 2025 y lleven al menos cinco meses en España.

Tras llegar a un acuerdo con Podemos, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará este martes en Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un real decreto-ley para la regularización extraordinaria de, al menos, medio millón de inmigrantes ilegales. En concreto, la medida afectará a aquellos que hayan entrado en España hasta el 31 de diciembre de 2025, y lleven únicamente cinco meses en nuestro país.

Además de suponer un gigantesco 'efecto llamada', según distintos analistas, la medida pretende, entre otras cosas, granjearse el apoyo de todas estas personas para modificar el censo electoral de cara a unas futuras elecciones. Además al tratarse de un real decreto, Sánchez no necesitará pasar por el Parlamento, donde carece de mayoría.

En un acto celebrado en Madrid bajo el título 'Regularización Ya', Montero ha hecho este anuncio, que significará "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia", ha detallado la eurodiputada de la formación morada.

Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. Además, según Montero, la admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno.

En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Según los datos de Funcas, desde 2017 el número de inmigrantes ilegales en España ha pasado de 107.000 personas en 2017 a cerca de 840.000 en 2025, lo que supone un aumento de casi el 685%.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de "tirano" al presidente del Gobierno por impulsar un proceso que, a su juicio, promoverá "el efecto llamada para acelerar la invasión", y ha llamado a las deportaciones de personas ilegales.

"¡500.000 ilegales!", ha escrito Abascal al inicio de su mensaje en X, en el que ha afirmado que Sánchez "odia al pueblo español" y "quiere sustituirlo". "Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión", ha considerado. Abascal ha abogado por "detener" la regularización extraordinaria de inmigrantes y ha zanjado: "repatriaciones, deportaciones y remigración".

Donald Trump insiste en castigar a los inmigrantes


Editorial: ¿Cuál carga pública?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
FOTO: EFE
Dice la narrativa nacionalista de Trump que los inmigrantes son una carga pública que consume los recursos de los ciudadanos. La realidad es más compleja, la conclusión es distinta, pero la administración Trump hace mucho que dejó de interesarse en las cifras verdaderas.
Este celo antiinmigrante considera hoy la posibilidad de que los padres indocumentados de un niño estadounidense no puedan hacer sus papeles si el menor recibe los beneficios que le corresponden por haber nacido en este país.
El Departamento de Seguridad Interna estudia ampliar la definición de “ayuda pública” que perjudica a los inmigrantes que solicitan visas, residencia legal o un extranjero con una visa de trabajo expirada.
Desde la década de los noventa, está prohibido que los indocumentados reciban fondos de ayuda pública. La ley prohíbe que las autoridades consideren el beneficio que no es dinero en efectivo, en la elegibilidad migratoria.
Sin embargo, lo que no se consigue cambiando la ley, se logra con nuevas interpretaciones internas.
Se está considerando incluir los “beneficios educativos” de Head Start para los niños, el programa de salud infantil (CHIP), subsidios para compra de cobertura médica (Obamacare), cupones de comida, asistencia para mujeres, infantes y niños (WIC), beneficios de vivienda como la Sección 8, asistencia para gastos de energía (LIHEAP), cupones de tránsito y el reembolso impositivo al ingreso bajo (EITC).
Hay una perversidad manifiesta cuando se obliga al padre a tener que elegir entre la posibilidad de poder hacer sus papeles algún día o enrolar a su hijo en un seguro médico. Que un padre tenga que sacrificar su futuro para que su hija tenga una oportunidad de una vida mejor comenzando con Head Start.
Esto se basa en una profunda deshonestidad en la administración Trump sobre el costo que representan los indocumentados al erario.
En septiembre pasado la Casa Blanca pidió un reporte demostrando la necesidad económica de reducir el número de refugiados. El Departamento de Salud y Recursos le envió un informe diciendo que el balance de estos inmigrantes es $63,000 más para el gobierno en la última década. El reporte fue rechazado.
Este caso no fue único. Cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) hizo uno de sus documentos detallando la nuevas política migratoria, se utilizó sólo el lado de costos del libro contable, ignorando olímpicamente el de ingresos.
La medición correcta tiene que incluir las contribuciones al Seguro Social que no se cobrarán nunca, los impuestos generados cuando inmigrantes consumen y el movimiento económico que generan, entre otros. Hay aportes que parecen intangibles pero son muy concretos.
Los indocumentados dejan un saldo positivo global. Esos cinco millones de hijos nacidos en Estados Unidos no son anclas que salvan o hunden. Ellos son parte del futuro de esta nación, y por eso merecen un trato mejor.