Comentando una forma de vivir creativa y pasional, la textura es de rabia y emotividad, hay desesperación y un poco de ansiedad. ¡¡BASTA YA¡¡.
Juan Pardo Navarro
A nadie se le debe ocultar que la reacción del sanchismo
—una militancia que abarca lo que antes era el Partido Socialista,
alguna vieja izquierda comunista, el peronismo y ciertas fuerzas
independentistas— al fallo contra el fiscal general
está perfectamente orquestada —como toda la estrategia que surge de esa
misma fuente—, tiene un único diseñador y responde a un propósito muy
claro, que es el de crear el ambiente para impedir una alternancia del poder en España.
El
sanchismo no quiere romper por completo el lazo con la democracia y por
eso no está de momento en su horizonte la suspensión de las próximas
elecciones generales u otras medidas radicales que llamaran la atención
incluso de los más ciegos funcionarios de la Unión Europea. Pero entre
ese paso extremo de la supresión del Estado de derecho y esperar
pacientemente a la inevitable derrota electoral, puede existir una gama
amplia de acciones que el sanchismo va a ejecutar en toda su plenitud.
La reacción a la condena del fiscal general marca la línea. Si ese
solo aunque importante revés ha provocado la furia antisistema que hemos
contemplado, ¿qué puede esperarse si se suceden en los próximos meses una nueva derrota
en el juicio a la esposa del presidente del Gobierno, otra en la vista
contra su hermano, sentencias desfavorables también contra Ábalos y
contra Cerdán, algunas más que pueden caer por los graves casos de
mascarillas e hidrocarburos e investigaciones que se vislumbran con
preocupación sobre posible financiación del Partido Socialista y la
actuación intimidatoria contra las instituciones por parte de Leire Díez?
Si el fallo contra el fiscal ha sido contestado desde el poder
sanchista con una llamada a desautorizar e incluso levantarse contra el
Tribunal Supremo y el modelo de Justicia española, la sucesión, por otra
parte previsible, de otras derrotas judiciales colocaría sencillamente a la militancia del Gobierno en pie de guerra contra el sistema democrático,
que ya no llamarían democrático porque habrían dibujado para entonces
el escenario falso de que fuerzas oscuras al servicio de la derecha y la
extrema derecha habían ocupado ilegalmente las instituciones. Imaginen
la credibilidad que en esas circunstancias tendría para la izquierda una
victoria del PP en las próximas elecciones y las consecuencias que
tendría la formación de un Gobierno de coalición con Vox.
Algunos temíamos desde hace tiempo que la persona que nos gobierna es incompatible con los modos de una democracia y jamás acepta una derrota.
Su tentación de dar una patada a la mesa cuando ve que las cartas no le
son favorables se apreció desde su primer día en política y se demostró
cuando condujo a su partido al borde del precipicio antes de aceptar su
salida del poder tras sucesivos fracasos electorales.
«Se trata de explotar odios eternos y provocar la división suficiente
entre españoles como para negar toda legitimidad al contrario»
Su partido ya nunca sobrevivió a aquel trance. La jugada
temeraria acabó cuajando. Explotando emociones internas, viejas
rencillas y ancestrales fantasías, el ínclito farsante se apoderó del
partido, que ahora come en su mano y le sigue ciegamente.
No ha cambiado mucho su estrategia en el conjunto del país.
Igualmente, se trata de explotar odios eternos y provocar la división
suficiente entre españoles como para negar toda legitimidad al
contrario. De esa forma, cualquier adversidad o delito será visto por
los suyos como una maniobra de los malvados. Incluso un resultado
electoral desfavorable podría quedar convertido por la propaganda
sanchista en un golpe de Estado dentro de la ley, uno más de los muchos que vamos a escuchar de boca de los propagandistas oficiales en los próximos meses.
La amenaza que esto representa para «la paz civil» que Felipe González defendió en un memorable discurso
en la celebración del 50 aniversario de la Monarquía parece evidente
para todos. La facción más agresiva del sanchismo ha pedido ya
reiteradamente «reventar a la derecha» sin que el sector más moderado de
esa misma fuerza la haya desautorizado.
Tal vez no lo ha hecho porque nada se descarta ya. Y, en efecto, nada se puede descartar.
El juez del Supremo mantiene la vistilla, donde decidirá si el exministro ingresa en prisión provisional
El exministro José Luis Ábalos llega al Supremo este miércoles.
José Luis Ábalos ha rechazado declarar en el Tribunal Supremo. El exministro despidió el pasado lunes a su abogado, José Aníbal Álvarez, por «diferencias irreconducibles». El magistrado Leopoldo Puente rechazó el cese al considerarlo «en fraude de ley» y le obligó a acudir. Al inicio de la sesión, el letrado ha renunciado a seguir defendiendo al actual diputado del Grupo Mixto tras fracasar en su intento de que rechazara el acta, explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
El instructor celebrará ahora una vistilla para estudiar cambios en las
medidas cautelares que pesan contra el exdirigente socialista. La Fiscalía descarta solicitar prisión por el momento, algo que sí han hecho las acusaciones populares.
Ábalos
ha manifestado este miércoles su voluntad de acogerse a su derecho a no
responder tras las circunstancias que han rodeado su declaración. La decisión supone un cambio en su estrategia de defensa,
ya que el exministro declaró en las tres ocasiones anteriores en las
que acudió al Supremo. Tras la renuncia de Álvarez, tiene tres días para
designar a un nuevo abogado. Ese es el plazo que le otorgó Puente tras
ver en el despido del letrado una «intempestiva decisión».El auto de este martes subrayaba «la completa ausencia de justificación razonable» y consideraba que Ábalos buscaba «provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas». El exministro señaló en su escrito que tomó la decisión tras «un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza».
Ábalos y el cambio de letrado
El magistrado rechazó este martes el despido del letrado que comunicó Ábalos por considerar que «se realiza en fraude de ley». El juez mantuvo el señalamiento y anunció que, a su término, celebraría una vistilla, según establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
La comparecencia servirá para revisar las medidas cautelares (tiene el
pasaporte retirado, no puede abandonar España y debe comparecer en el
juzgado), lo que podría llevar al exministro a prisión, como piden las
acusaciones populares, aunque no la Fiscalía. La última palabra la tendrá Puente.
La prisión provisional solo ha prosperado con Santos Cerdán. El ex secretario de Organización del PSOE fue encarcelado en Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio después de que el juez le atribuyera un rol de «cierta preeminencia» en la trama de amaño de obras públicas a cambio de mordidas.
Puente decidió citar al exministro y a Koldo García tras las evidencias del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento recoge «consistentes indicios» de que entre los patrimonios de ambos «podrían existir significativas zonas de intersección». El juez sospecha que el asesor «vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían» al actual diputado del Grupo Mixto.
Los investigadores detectaron que Ábalos desembolsó 95.000 euros sin justificación bancaria, entre los que destacaba casi 21.000 euros de gastos «personales» con cargo a «una fuente de ingresos no declarada».
La UCO también reflejó que el PSOE pagó al exministro con dinero en
efectivo mediante sobres, pero no la cantidad que había reconocido el
partido en el documento que remitió al Supremo.
Lenguaje en clave
El informe de la UCO también reveló que Koldo García y su esposa utilizaban un lenguaje en clave para hablar del dinero que gestionaban como «custodios» del patrimonio de Ábalos. Se referían a él como «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» (200 euros) y «lechugas» (100 euros). Este diario ha publicado fotos exclusivas de que el exministro guardaba cajas, sobres y carpetas con dinero en un armario bajo llave.
La declaración de Koldo García también se mantiene este jueves.
«En ambas declaraciones la defensa de Ábalos será desarrollada por el
letrado don José Aníbal Álvarez García salvo que designara a otro en su
lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa»,
acordó el juez en un auto. Puente da tres días de plazo al exministro
para que designe un nuevo abogado. En caso de no hacerlo, nombrará uno
de oficio. Solo entonces, insiste el magistrado, «se tendrá por efectuada la renuncia y cesará en su función en esta causa especial el letrado José Aníbal Álvarez».
El presunto cobro de mordidas en la cúpula del PSOE a cambio de contratos de obra empezó en abril de 2019. Por entonces, el presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, llevaba menos de un año viviendo en Moncloa. Las conversaciones grabadas por el exasesor ministerialKoldo García, publicadas este jueves, señalan directamente al exministroJosé Luis Ábalosy al hasta ayer número tres del partido,Santos Cerdán.
El reciente informe que los agentes han entregado al Tribunal Supremo recoge distintos pasajes en los que aparecen los tres personajes hablando, presuntamente, de grandes cantidades de dinero que les quedaban por cobrar. La primera, según la cronología a la que ha tenido acceso la UCO, empezó en 2019, cuando el PSOE no llevaba ni 12 meses gobernando tras sacar al PP del Ejecutivo por un caso de corrupción.
El 9 de abril de ese año, Koldo le explicó a Ábalos cómo estaban sus cuentas. Del audio, se desprende que el entonces ministro de Transportes, "habría cobrado 210.000 euros, quedando pendientes" otro pago con la misma cantidad. Además, se tendría que haber pagado "algún tipo de actuación sobre el bajo de un inmueble".
Koldo: Había un pico, que eran veinte, de los que había yo dicho, para que podamos, para entrar en gastos, si no para reducir un poco las cosas, ¿vale? Tenemos 210 ¿vale? De acuerdo. Quedan otros 210, y queda la bajera, vale. Entonces, con todo el respeto del mundo ¿vale?, ahora mismo, aquí, ha habido uno, que les ha caído de 70 ¿vale?, me ha dicho que…
Ábalos: Esto es lo de ADIF.
Koldo: Sí, exacto, hombre ¿entonces qué es lo que ocurre?, a ver, ehh…yo he hablado con SANTI, y digo tío eh, esto no puede continuar así. Y dice, claro, ellos abocan la presión que están ejerciendo ellos ¿vale?, es al tema de lo de Logroño y al tema de…
El juez Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, envió a la UCO el pasado lunes a hacer registros a distintos puntos de España. Entre otros, estaba la casa de Ábalos en Valencia y distintas constructoras, unas en esa provincia y otra en Navarra. Según el auto del magistrado, tras el análisis de distintas grabaciones había pruebas suficientes de que Ábalos habría cobrado comisiones a cambio de dar ciertos contratos a empresas. En el reciente informe destaca el papel de Acciona, aunque también el de una más pequeña, Servinabar, cuyo dueño es amigo íntimo de Santos Cerdán.
El hasta ayer secretario de organización del PSOE no está todavía imputado. Su condición de diputado obliga al juez a pedir permiso al Congreso para poder investigarlo formalmente. Sin embargo, tras conocerse el contenido del informe de la Guardia Civil, abandonó todos sus cargos.
Koldo pide dinero
En otros de los audios de ese mismo mes, 22 de abril, Koldo le dijo a Cerdán que había recibido 60.000 euros. En principio una sexta parte se la tendría que quedar él, mientras el resto iba para Ábalos. Pero el exasesor afirmó que le había dado todo al ministro. Y añadió que quedaba dinero por pagarle a su "jefe", como le llamaba.
La "deuda" con Ábalos todavía ascendía a 150.000 euros. La UCO ve "coherencia" entre las conversaciones. Si a principios de mes se le debían 210.000 euros al ministro y se le habían pagado 60.000, tiene sentido que Koldo reclamase esa cantidad.
Más de un año después, el 18 de noviembre de 2020, a Ábalos se le debía más dinero. Koldo se mostró comprensivo con el ministro, ya que el montante subió hasta los 350.000 euros.
El 21 de enero de 2021, Koldo habló con Santos Cerdán. Le explicó el dinero que había entregado a Ábalos hasta ese momento, presuntamente. Desglosó tres conceptos: una primera entrega de 450.000 euros, supuestamente vinculada a la adjudicación de tres contratos; una segunda por importe de 50.000 euros, relacionada con dos contratos recientes, a los que aludía como “los dos últimos contratos”; y una tercera de 70.000 euros, correspondiente a la denominada “bajera”. La suma total ascendería, según su propio relato expuesto en el informe de la UCO, a 570.000 euros.
La declaración en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama este jueves
"Los hombres normales no saben que todo es posible". El autor de esta afirmación es el escritor francés David Rousset
(1912-1977), que luchó en la Resistencia francesa contra el nazismo y
que estuvo preso en el campo de concentración de Bunchenwald, donde
murieron 56.000 personas, entre ellas 11.000 judíos.
La frase fue utilizada por Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo,
porque en su simpleza y rotundidad expresa hasta qué punto en las
mentes del común de los mortales no cabe que sean posibles cosas
monstruosas, como, por ejemplo, el exterminio para salvaguardar la
pureza de una raza o los crímenes masivos en defensa de una ideología.
La expresión "eso no
puede ser" es propia de esas personas normales que no dan crédito a lo
que resulta extraordinario. Cualquier individuo encuadrado en ese rango
tan amplio y difuso como es la normalidad que vea el vídeo que contiene
las dos horas de comparecencia de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno,
podría sostener que lo que dice el calificado por la UCO (Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil) como "nexo corruptor" de la trama
en la que pululan el ex ministro José Luis Ábalos o su asistente Koldo García, "es sencillamente increíble, imposible".
El que en ningún caso puede decir que lo que dijo Aldama es una "inventada" es Pedro Sánchez.
No sólo porque en su calidad de presidente del Gobierno se sale de ese
rango de normalidad, sino porque él ha mentido reiteradamente en
relación a este caso (y a otros también) y, por tanto, lo que diga sobre
esa declaración sólo puede ser interpretado en clave de autodefensa.
La debilidad de Sánchez se ha convertido, paradójicamente, en su mayor fortaleza
El relato de Aldama, hábilmente conducido por su abogado José Antonio Choclán,
no sólo es creíble y verosímil, sino que a él le han dado crédito tanto
el fiscal como el juez del caso. Aunque no estaba en prisión por el
llamado 'caso Koldo', sino por la trama de los hidrocarburos, el juez Santiago Pedráz,
instructor de dicho caso, decretó su libertad a las pocas horas de
declarar ante su colega Ismael Moreno. Si la Fiscalía Anticorrupción no
hubiera interpretado que Aldama, con su declaración, estaba colaborando
con la Justicia no hubiera pedido al juez su puesta en libertad. Así
que, tanto la Fiscalía como dos jueces de la Audiencia Nacional han
entendido que lo que declaró Aldama no es "una inventada", sino que
tiene valor probatorio para esclarecer una de las tramas de corrupción
mejor conectadas con el poder de las muchas que ya hemos padecido en
España. Tanto por su volumen económico como por los posibles afectados
(varios ministros, la esposa del presidente y el propio presidente del
Gobierno), este caso supera con mucho a Filesa, Ibercorp, Roldán o la
Gürtel.
Por
mucho que se haya dicho, no deja de ser un sarcasmo que uno de los
beneficiarios de esta trama corrupta sea precisamente José Luis Ábalos,
el diputado socialista que defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy
por encabezar un gobierno corrupto. "La decencia debe ser algo
esencial", proclamó Ábalos en aquel ya lejano 31 de mayo de 2018.
"La inventada" no
sólo no se sostiene por la decisión del juez de poner en libertad con
medidas cautelares a Aldama, sino porque su relato se ajusta como un
guante a los hechos que describe la UCO en el informe que sirvió de base
para la imputación de Ábalos.
El pago de
comisiones a Ábalos y Koldo se refleja en los documentos manejados por
la UCO; las cantidades que se ingresaron y las comisiones que se
cobraron por la venta de mascarillas, también; como su descripción del
viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo que dijeron en su día Ábalos, Grande Marlaska o el propio Sánchez, eso sí que son "inventadas". ¡Y de qué tamaño!
Pero Aldama no se
conformó con ratificar lo que ya apuntaba el informa de la UCO, sino que
fue más allá: dio cifras del pago de mordidas en metálico a Ábalos y
Koldo, pero, además, metió en el ajo al jefe de Gabinete de la ministra
de Hacienda (Carlos Moreno), y al número tres del PSOE, Santos Cerdán, al que el asistente llamó "jefe del cupo vasco" (de las comisiones de constructoras, se entiende).
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial; Teresa Ribera, futura vicepresidenta de la Comisión Europea, y, especialmente, el ministro del Interior, Grande Marlaska, salen tocados por la declaración de Aldama.
Que Aldama no es un
fantasma lo demuestran el viaje que organizó a México en febrero de
2019, acompañado de Ábalos, entre otros; los ingresos de casi 60
millones en venta de mascarillas, y, sobre todo, el viaje de Delcy
Rodríguez a Madrid, para cuya estancia de varios días, contraviniendo la
prohibición de pisar suelo europeo, había alquilado un chalé en El Viso
donde estaba prevista una cena con varios ministros y un invitado muy
especial: Pedro Sánchez.
Los afectados (Sánchez, Illa,
Montero, Moreno, Torres y Santos Cerdán) presentarán una querella
conjunta contra Aldama. Es una estrategia tan vieja como poco efectiva.
El caso no ha hecho
más que empezar. La declaración de Aldama del pasado jueves no ha sido
el final de la historia, sino el principio de un suplicio para Sánchez y
su Gobierno, que tendrán que hacer frente a las andanadas del
comisionista que, una vez que ha decidido tirar de la manta, no se va a
parar hasta lograr sus objetivos.
Resulta lamentable
que el mismo día que Aldama habló ante el juez, los partidos que apoyan a
Sánchez no sólo rechazaron la oferta que les hizo Núñez Feijóo
de avalar una moción de censura encabezada por él, sino que votaron a
favor del gobierno unas medidas fiscales que serán la base de la próxima
aprobación de los Presupuestos del Estado.
Un dirigente de Junts, fue sincero ante la pregunta de El Independiente
sobre si apoyarían la moción de censura: "¿Cómo vamos a dejar caer a
este Gobierno? Sánchez ahora nos necesita más que nunca, para nosotros
es una bicoca".
Así de lamentable es
la situación política en la que nos encontramos. La debilidad de
Sánchez se ha convertido paradójicamente en su mayor fortaleza.
Como ha puesto de
manifiesto una vez más en la negociación para el nombramiento de Ribera
como vicepresidenta de la Comisión Europea, a Sánchez no le importa la
ideología de los que tiene enfrente, sino que den satisfacción a sus
propósitos.
La matemática
parlamentaria es testaruda. Los números no le salen, ni le saldrán a
Feijóo para derribar a Sánchez. Quien espere una traición del PNV o
Junts se equivoca. Y más aún los que abrigan la esperanza de que Podemos
ponga sus votos al servicio del PP. Es más, pronto veremos al PSOE y a
Sánchez haciendo arrumacos a Pablo Iglesias.
Así que habrá que
esperar y ver la documentación que va aportando Aldama, que ya dijo al
salir de Soto del Real que tiene pruebas de que lo que ha declarado es
verdad. Fuentes cercanas al comisionista señalan que aún tiene mucho que
decir. Sobre todo, en relación a Air Europa y a Begoña Gómez.
Hay mucha gente que
piensa que todo esto quedará en nada, que lo declarado por Aldama es
sólo una estrategia para salir de prisión... Pero esa gente no sabe que
todo es posible. Incluido que este escándalo termine por derribar a
Sánchez.
En
esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma
moneda. García Ortiz se siente respaldado y por lo tanto es imposible
que se le pueda pasar por la cabeza proceder contra ningún miembro del
Gobierno que lo nombró para el cargo
En
el desbarajuste que vivimos por la pérdida de toda referencia, nos
hemos encontrado en las últimas horas con la entrevista al todavía
fiscal general del Estado en el Canal 24 Horas de TVE. Ya sabemos que
cuando todo se derrumba sólo se puede acudir a los periodistas de máxima
confianza. Allá se fue don Alvarone García Ortiz a responder a las
denuncias diciendo que «los fiscales manejamos material muy sensible y
manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy
a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera». La
frase no tiene desperdicio.
Ese
material «muy sensible» que manejan ¿les llega por la policía judicial?
Si no es por esa vía, ¿es por declaraciones voluntarias de gente que
acude a la Fiscalía a ofrecer informaciones que pueden revelar delitos?
No sé si existe una tercera vía de información. Quizá sí. Pero la
pregunta relevante es ¿si el fiscal general del Estado tiene
informaciones que pueden conllevar la comisión de delitos, por qué no
los ha denunciado ya? ¿Qué quiere decir tener «muchísima información»
que no se usa para insinuar? Informar es una cosa e insinuar es otra. Si
el fiscal general del Estado tiene datos concretos de faltas o de
delitos cometidos por cualquiera, su deber es proceder contra ellos. Ya
comprendo que no lo hace porque si, con la montaña de informaciones muy
concretas que tiene sobre su mesa respecto a las actividades de la
familia del presidente y del entorno gubernamental y partidista del
señor Sánchez, no hace nada contra ellos, sería especialmente grave que
insinuara nada contra terceros. Hasta ahí podríamos llegar.
La
segunda parte de esta desfachatez gubernamental es la reacción unánime y
sin matices de todos los ministros habidos y por haber, del PSOE y de
Sumar, que han salido a defender al fiscal general como uno más de los
suyos. Ni uno ha hecho una declaración diciendo que esto no ha pasado
nunca y quizá fuera bueno que García Ortiz reconsiderara su situación
tras abrirse el proceso de imputación. Nada, nada. Eso son detalles
irrelevantes. La Oficina de Agitación y Propaganda de Moncloa -auténtica
heredera de la AgitProp nazi- ha ido sacando un ministro tras
otro a respaldar al fiscal general. Lo nunca visto. No solo es algo
inédito porque es la primera vez en la Historia de España que el Supremo
imputa a un fiscal general, sino porque nunca vimos a un fiscal general
y un Gobierno considerándose tan hermanados en sus labores y objetivos.
En esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma
moneda. De una moneda en la que ya no podemos incluir a la Fiscalía
porque ayer vimos como don Alvarone fue derrotado por sus compañeros
tanto en el Consejo fiscal como en la Junta de Fiscales de Sala.
Pero
él se siente fuerte porque tiene el respaldo del Gobierno. Y,
consecuentemente, es imposible que se le pueda pasar por la cabeza
proceder contra ningún miembro del Gobierno que lo nombró para el cargo.
Aquí, como con Lope de Vega en el siglo XVII, «Todos a una,
Fuenteovejuna».
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en Barcelona. | EF
Lo que ha caracterizado sobre todas las cosas la actuación de Álvaro García Ortiz
desde su nombramiento como fiscal general del Estado en agosto de 2022
ha sido su fidelidad al Gobierno, y a la persona que le propuso para el
cargo, su anterior jefa, Dolores Delgado.
En la mañana del 16 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha comunicado su decisión de abrir causa contra García Ortiz por
un presunto delito de revelación de secretos. La imputación se ha
acordado por unanimidad de los cinco magistrados que componían la sala (Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo –ponente– y Carmen Lamela).
No ha habido fisuras, pues, a la hora de dar un paso que cabe calificar
de histórico, por cuanto nunca antes un fiscal general había sido
investigado por el Supremo.
La Sala Segunda estima que hay suficientes indicios como para estimar que el fiscal general vulneró el derecho de defensa de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso), al hacerse públicos por orden suya los correos entre el abogado de este, Carlos Neira, y el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto.
Lo hechos sucedieron
en el mes de marzo de este año. La nota de prensa, a instancias del
fiscal general, se hizo pública el día 14 de ese mes, y era la respuesta
a una noticia publicada por El Mundo unas horas antes, en la que se daba cuenta de un posible acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el presunto defraudador.
La fecha es
importante porque enmarca lo sucedido en un contexto político complicado
para el Gobierno. El 14 de febrero se aprobó en el Congreso la ley de
amnistía, que no sólo concitó el voto en contra del PP y de Vox, sino el
rechazo de la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del
PSOE. El día 21 de febrero se produjo la detención de Koldo García, el hiperactivo asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y, tal vez lo más importante, el 29 de febrero El Confidencial comenzó a publicar informaciones que afectaban directamente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Viendo su
trayectoria, no extraña que García Ortiz se empleara con tanto afán en
"ganar la batalla del relato" a favor de Pedro Sánchez
En ese contexto, la investigación de Hacienda al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "la jefa", como la califica Pedro Sánchez,
cobraba un valor extraordinario. Por ello, la Fiscalía filtró de manera
inmediata la noticia que, previamente, García Ortiz había transmitido
al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En efecto, el 12 de marzo elDiario.es
publicaba en exclusiva que el novio de Díaz Ayuso había sido denunciado
por la Fiscalía de Madrid "por defraudar a Hacienda 350.000 euros" a
través de una de sus empresas, que se dedicaba a intermediar en la
compra de mascarillas durante la pandemia. ¡Lo que salió de la boquita
de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero!
e marzo, El Mundo
publicó que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso "un pacto
para que admita dos delitos fiscales mientras se judicializa el caso".
Esa exclusiva neutralizaba en gran medida los efectos de la bomba lanzada por elDiario.es.
Ante esa situación, el fiscal general del Estado desplegó toda su
capacidad de influencia y de mando para que la Fiscalía "ganara el
relato". Es decir, para convertir a González Amador en un defraudador
confeso que pedía clemencia a la Fiscalía para no ingresar en prisión.
La difusión de la
nota de prensa para "ganar el relato" se hizo contra el criterio de la
Fiscalía de Madrid, y en ella se transcribieron entrecomillados de los
correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.
¿Quién ganó la
"batalla del relato"? No se sabe muy bien. Pero lo que ha quedado claro
es que el fiscal general del Estado bordeó –como mínimo– la legalidad
con tal de que en la opinión pública se hablara tanto de los trapicheos
del novio de Díaz Ayuso como de las tropelías de Ábalos o los negocios
de la esposa del presidente.
Viendo la
trayectoria de García Ortiz no sorprende su disposición a poner la
Fiscalía General al servicio de los intereses del presidente del
Gobierno.
Un día después, el 13 de marzo, El Mundo
publicó que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso "un pacto
para que admita dos delitos fiscales mientras se judicializa el caso".
Esa exclusiva neutralizaba en gran medida los efectos de la bomba lanzada por elDiario.es.
Ante esa situación, el fiscal general del Estado desplegó toda su
capacidad de influencia y de mando para que la Fiscalía "ganara el
relato". Es decir, para convertir a González Amador en un defraudador
confeso que pedía clemencia a la Fiscalía para no ingresar en prisión.
La difusión de la
nota de prensa para "ganar el relato" se hizo contra el criterio de la
Fiscalía de Madrid, y en ella se transcribieron entrecomillados de los
correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.
¿Quién ganó la
"batalla del relato"? No se sabe muy bien. Pero lo que ha quedado claro
es que el fiscal general del Estado bordeó –como mínimo– la legalidad
con tal de que en la opinión pública se hablara tanto de los trapicheos
del novio de Díaz Ayuso como de las tropelías de Ábalos o los negocios
de la esposa del presidente.
Viendo la
trayectoria de García Ortiz no sorprende su disposición a poner la
Fiscalía General al servicio de los intereses del presidente del
Gobierno.
La aerolínea solo ha devuelto 95 millones de los 600 que le fueron
concedidos por el Gobierno; 66 en concepto de intereses y 29 por el
crédito del ICO
Juan José Hidalgo y Javier Hidalgo, propietarios de Air Europa. EP
La trama de comisiones ilegales por la compra de mascarillas surgida en el seno del Ministerio de Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos ha devuelto a la primera línea el millonario rescate público de la aerolínea Air Europa. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó
en 2020 una inyección de más de 600 millones de euros en créditos a la
empresa de la familia Hidalgo. Lo hizo apenas unos meses después de que
estallase la pandemia y con la compra ya anunciada de la aerolínea por parte de Iberia.
El Partido Popular ha
denunciado esta semana que el jefe del Ejecutivo debería haberse
abstenido en la aprobación del rescate de la aerolínea en el Consejo de
Ministros. Su esposa Begoña Gómez -alegan los de Alberto Núñez Feijoó-
tenía "vínculos de naturaleza económica y profesional" con los
directivos de la empresa. Pero las actas de las reuniones celebradas en
Moncloa el 3 de noviembre de 2020 y el 16 de marzo de 2021 recogen la
presencia de Sánchez en la deliberación y aprobación del rescate para la
aerolínea del veterano empresario salmantino Juan José Hidalgo.
Air Europa habría firmado en enero de 2020 un contrato con el IE Africa Center,
el centro de estudios que dirigía la mujer del presidente, que
contemplaba el pago de 40.000 euros anuales, según desveló este viernes El Confidencial. Aunque finalmente no se ejecutó.
Los 'populares'
creen que el hecho de que Sánchez no se ausentase o inhibiese en esos
Consejos de Ministros puede suponer una "infracción grave tipificada en
la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, con una sanción de imposibilidad de
ocupar un puesto de alto cargo durante un período de entre cinco y diez
años".
El rescate a Air Europa fue una ayuda millonaria por la que uno de los presuntos comisionistas de la trama de las mascarillas que investiga la Audiencia Nacional, el empresario Víctor de Aldama,
se mostró especialmente interesado según ha reconocido el propio
Ábalos. No en vano, el también presidente del Zamora Fútbol Club había
estado a sueldo de Air Europa en calidad de asesor durante el año 2019.
A cambio de una retribución de cinco millones, su misión era recuperar 200 millones de dólares que el Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro
no dejaba repatriar a la familia fundadora. En plena pandemia, también
fue uno de los negociadores de los vuelos chárter que Air Europa realizó
para importar mascarillas desde China compradas por el Gobierno central a la empresa investigada, Soluciones de Gestión.
Al igual que hicieron otros gobiernos con diversas aerolíneas del continente europeo, el Ejecutivo españolaprobó
apenas unos meses después del estallido de la pandemia varias ayudas
millonarias para mantener a flote a la compañía. Por un lado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avaló un crédito privado concedido por un pool bancario por 141 millones de euros y con un interés del 8,107%. Liderado por Banco Santander, también estaban Bankia, CaixaBank, Liberbank, Unicaja y Banco Sabadell. Además de avalar el préstamo sindicado, el ICO aportó 35 millones de euros.
Por otro, Air Europa
recibió 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas creado en junio y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Lo hizo con un créditoparticipativo por
importe de 245 millones de euros que, en caso de no ser devuelto,
permitiría a la SEPI cobrarlo en acciones de la empresa. Tenía un tipo
de interés del Euribor más 5%. Asimismo, se concedió un créditoordinario
por importe de 230 millones de euros a un tipo de interés del 1,89%.
Ambos préstamos están plenamente garantizados con todos los activos del holding turístico Globalia, que podrían ascender a más de 800 millones de euros.
La SEPI designó inicialmente a Valentín Lago como consejero delegado en sustitución de Javier Hidalgo,
hijo del fundador de la empresa. También se nombró a dos consejeros en
la compañía. Ahora mismo, el CEO es el expresidente de El Corte Inglés, Jesús Núñez de la Rosa.
Gracias a la
estructura de financiación pactada por el Gobierno con la empresa del
grupo Globalia, no fue necesario someter ninguno de los apoyos
financieros a la aprobación previa por parte de la Comisión Europea.
Ninguno de los dos préstamos aprobados superaban los 250 millones de
euros que hubieran requerido el visto bueno previo de Bruselas. Fue
suficiente con el aval genérico dado por el Ejecutivo comunitario a la
creación del fondo de la SEPI, dotado con 10.000 millones de euros.
En cambio, desde las filas del Gobierno sí se presionó a la Comisión Europeapara que acelerase el estudio sobre la integración de Air Europa en Iberia; una operación anunciada en 2019 por un valor de 1.000 millones de euros. La operación sufrió una rebaja de 500 millones tras la crisis sanitaria y todavía no se ha consumado.
Hace algo más de una semana, la Comisión Europea decidió parar temporalmente el reloj en el análisis de la compra para recabar más información sobre la operación y sus consecuencias sobre la competencia. Tras haber encallado por primera vez en 2021, ahora la venta está siendo sometida a una segunda fase de análisis, donde las autoridades comunitarias de Competencia son más exigentes.
La matriz de Iberia, el grupo hispano-británico IAG,
ya cuenta con un 20% del capital de la aerolínea, aunque sin capacidad
de gestión en la misma. Hace unas semanas presentó a Bruselas los
denominados remedies, es decir, las rutas y frecuencias que
están dispuestos a ceder a otras aerolíneas para que se apruebe la
operación. Desde la compañía que dirige LuisGallego aseguran
haber hecho una propuesta "muy ambiciosa" para responder "a las
preocupaciones indicadas por la Comisión" en el anterior intento de
adquisición.
En este sentido,
aseguran que su propuesta garantiza "la entrada de nueva competencia en
un amplio número de rutas". "Sería un perjuicio para España no lograr en
el aeropuerto de Madrid-Barajas las mismas condiciones que disfrutan otros hubs en Francia, Alemania u Holanda", enfatizaban hace unos días desde IAG.
Los Hidalgo ya han
cobrado 100 millones por la venta del 20% de la aerolínea y otros 75
millones por penalizaciones a Iberia. Los 400 millones restantes está
previsto que los ingresen progresivamente. Los primeros 200 los
recibirán cuando se apruebe la operación; con 100 millones en en efectivo y otros 100 millones en acciones
de IAG. Los otros dos pagos de cien millones en metálico se harán
cuando se cumpla el primer y segundo aniversario de la aprobación de la
compra por parte de Bruselas.
Devolución mínima del rescate
Si finalmente
concluye con éxito el análisis comunitario, la familia Hidalgo habrá
ingresado 500 millones de euros y la deuda que quede por pagar la
asumirá el comprador. Cuatro años después de la concesión del rescate
público, Air Europa solo ha abonado 95 millones de euros por los
diferentes préstamos.
Según detallan a El Independiente fuentes conocedoras del proceso, la compañía ha pagado hasta el momento 66 millones de euros en concepto de intereses; 24,6 millones del crédito con el pool bancario
y 41,6 del crédito de la SEPI. Del préstamo avalado por el ICO, la
compañía ha devuelto hasta el momento 29 millones de euros y le
quedarían otros 111,5 millones de euros por amortizar.
La previsión de Air
Europa es seguir devolviéndolo de forma anticipada en la medida que lo
permitan sus posibilidades financieras. Aunque lo afrontan con
optimismo, dada la actual situación de bonanza del sector turístico. La compañía presume de tener buenos datos de rentabilidad y confía en cerrar 2023 como el mejor ejercicio de su historia.
Sin embargo, las estadísticas oficiales de Aena
reflejan que Air Europa cerró el año 2023 con un nivel de pasajeros un
11,3% inferior al que tenía en 2019, el último año previo a la pandemia y
al rescate público.
De Globalia a Estepona
La compañía
reflotada por el Ejecutivo español es una de las pocas piezas que
quedaba en pie dentro del imperio turístico montado por el empresario
salmantino -ahora asentado en República Dominicana- y
en el que se volcó toda su descendencia. Pero hace un tiempo, Globalia
traspasó al grupo Barceló la mitad que controlaba de de Ávoris Corporación Empresarial,
donde convivían Halcón Viajes y las agencias de ambos conglomerados.
Ávoris, también fue rescatada con 320 millones de euros por parte de la
SEPI. Aunque el dinero fue devuelto anticipadamente.
Si se consuma la venta de Air Europa, el grupo de la familia se quedará con la cadena de hoteles Be Live,
que tiene cerca de 30 alojamientos repartidos entre los dos
archipiélagos, y países como Marruecos, Portugal, Colombia, Cuba y
República Dominicana. Por otro lado, también mantendrá bajo su paraguas a
Groundforce, la firma de servicios de asistencia en tierra (handling) que recientemente se ha impuesto en el concurso de Aena para gestionar la operación en varios de los grandes aeropuertos españoles.
Fuera de eso, el patriarca de la familia Hidalgo estaría buscando 500 millones para poder impulsar The Ville,
el macrocomplejo hotelero que ha diseñado en Estepona (Málaga). Una
parte vendrá de los hipotéticos ingresos que obtenga de la venta de Air
Europa. Pero necesitará más. Para ello, ya ha repartido el dossier con
los detalles del proyecto de 1,5 millones de metros cuadrados que
incluye varios hoteles, villas y apartamentos de lujo, zonas deportivas y
campos de golf, según reveló también hace unos días El Confidencial.
No fue una excepción
Pese a la rapidez
que se dio el Gobierno para aprobar su rescate, Air Europa defiende que
la ayuda pública que recibió no fue una excepción en el sector. Todas
las aerolíneas del mundo tuvieron que detener su actividad turística y
operativa durante la pandemia. Se dieron de bruces con una interrupción
repentina de su actividad y no tenían la posibilidad de conseguir
ingresos. Por contra, mantenían activos gran parte de sus costes como el
alquiler de aviones, el pago de las tasas por el aparcamiento de la flota en los aeropuertos, o los gastos de personal.
Todo ello provocó
pérdidas millonarias que llegaron a poner en riesgo la supervivencia de
muchas de ellas. Aunque algunas de ellas ehan sido luego tumbadas en los
tribunales, l Grupo Lufthansa se benefició de una ayuda de 11.000 millones de euros; Air France-KLM, de 10.600 millones de euros; Alitalia, de 3.500 millones de euros; TAP, de 1.200 millones de euros; Finnair, de 1.200 millones de euros; LOT, de 650 millones de euros; y Condor, de 600 millones de euros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno EP
Algunos líderes
políticos parecen tocados de una gracia especial que les hace parecer
invulnerables. "La fortuna sonríe a los audaces", escribe Virgilio en La Eneida. Insiste en esa idea Maquiavelo en El Príncipe. Franco se creía bendecido por la baraka que le protegía hasta de las balas de los rifeños.
Pedro Sánchez tenía
para una gran parte de la militancia socialista ese don que hacía de él
un jefe audaz y con suerte. Su principal activo no era su visión
política, su capacidad para afrontar retos encaminados a la mejora del
país, sino su aguante ante la adversidad, como pone de manifiesto en su
libro Manual de resistencia..
Hasta ahora, todo le
había salido bien. Tras su caída en octubre de 2016 supo levantarse,
ganarle las primarias contra pronóstico a Susana Díaz, y, en 2018, lanzarse a una moción de censura a Mariano Rajoy que salió por los pelos; es decir, por la traición del PNV al PP.
Una vez en Moncloa
se las apañó para aguantar unos meses, convocar elecciones y, tras un
resultado decepcionante, pactar con Podemos para tener la mayoría de la
Cámara y formar un Gobierno de coalición, cosa que él mismo había
descartado. Finalmente, en 2023, también contra pronóstico, logró la
alianza de todos los partidos, excepto el PP y Vox, para ser investido.
El coste, elevadísimo, aún lo estamos pagando en forma de una ley de
amnistía que deja en papel mojado la sentencia del Tribunal Supremo de
2019 sobre el procés.
Las mentiras o
cambios de opinión, como él las llama, apenas si le han supuesto un
coste entre sus votantes, que le ven como la garantía de que nunca,
nunca, podrá volver la derecha al poder. La explicación a este curioso
fenómeno de impermeabilidad ante el engaño la dio Nicolás Maquiavelo
hace más de quinientos años: "Cuan loable es que un príncipe mantenga la
palabra dada y viva con integridad, y no con astucias, todo el mundo lo
entiende. No obstante, vemos por experiencia que, en nuestro tiempo,
los príncipes que han sabido incumplir su palabra y embaucar astutamente
a los demás han hecho grandes cosas y han superado, finalmente, a los
partidarios de la sinceridad".
El presidente
afronta los peores meses de su mandato, más débil que nunca, acosado por
un caso de corrupción que amenaza con llevarse por delante su gobierno
Bien podríamos decir
que Sánchez es el más maquiavélico de nuestros políticos. Tal vez de
nuestra reciente historia, porque es el que mejor aplica la máxima de
que el fin justifica los medios.
Sin embargo, esa baraka que acompaña a nuestro presidente desde que decidió echarse a la carretera en su Peugeot 407 para recuperar el poder en su partido en 2017 parece que que le ha abandonado súbitamente.
Tras perder las
elecciones gallegas por goleada, con su partido humillado, surgió uno de
esos escándalos que, como un tsunami, amenaza con llevarse por delante a
su gobierno. El 'caso Koldo', ya el caso Ábalos, no es la corruptela de un listillo que ha estafado a unos cuantos. No es el 'caso Juan Guerra',
ni mucho menos, porque el hermano del entonces vicepresidente se
conformaba con hacer favores a los menesterosos ocupando un despacho
oficial sin ser cargo público. Tampoco es el caso Filesa, o el caso Gürtel,
ya que, de momento, no hay financiación ilegal del PSOE en los
trapicheos de la trama. En cierto sentido, es un caso genuino de
enriquecimiento personal de un grupo que utilizó sin vergüenza ni freno
el poder del ex ministro de Fomento y ex secretario general del Partido
Socialista.
El caso de las mascarillas afecta, de momento, no sólo al propio Ábalos, calificado ya por el juez Ismael Moreno
como "intermediario", sino que deja a las puertas de la imputación a
otros altos cargos, como la ex presidenta de Baleares, hoy presidenta
del Congreso, Francina Armengol, y deja en muy mal lugar al ministro del Interior, Grande Marlaska, al ex ministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, y al ex presidente de Canarias, hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Al mismo tiempo, hemos conocido las amistades peligrosas de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con el empresario Javier Hidalgo
(Globalia). Un asunto feo. No es lo mismo que la señora Gómez hubiera
mantenido relaciones profesionales con, pongamos por caso, Amancio Ortega,
y que éste le hubiera financiado actos para su instituto, que los
patrocinios que ahora se conocen los haya hecho un empresario que, poco
después, logró ayudas públicas aprobadas por el Consejo de Ministro
presidido por su esposo por más de 600 millones de euros. Apesta a tráfico de influencias.
El ruido mediático
de la trama Ábalos, en la que Koldo es sólo un pobre diablo, ha ocultado
la importancia del auto del Tribunal Supremo admitiendo la
investigación por delito de terrorismo al ex presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont. Los argumentos de la
Sala Segunda son muy sólidos y dejan en mal lugar al Fiscal General del
Estado y a la Teniente Fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que en su escrito contradijo la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales de Sala.
Resulta paradójico que Sánchez esté deseando acordar la ley impunidad para Puigdemont con tal de que se deje de hablar del caso Ábalos.
Tanto el Gobierno
como Junts han salido al paso de la decisión del Supremo anunciando que
en los próximos días se alcanzará un acuerdo para la aprobación de la
ley de Amnistía. Resulta paradójico que Sánchez esté deseando acordar la
ley impunidad para Puigdemont con tal de que se deje de hablar del caso Ábalos.
Los nervios en
Moncloa están a flor de piel, hasta el punto de manipular el contenido
del informe de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de
Europa) afirmando que da luz verde a la ley de amnistía, obviando que
advierte sobre la división social que provoca y de la petición expresa
de que su aprobación se produzca por una mayoría cualificada.
La ley de Amnistía
no significará un remanso de paz para el Gobierno, sino todo lo
contrario. Una vez aprobada, el Supremo recurrirá ante el Tribunal de
Justicia Europeo (TJUE), que, de facto, paralizará su aplicación para
los casos que juzga el alto tribunal. Es decir, que frenará en seco la
amnistía para Puigdemont.
¿Qué hará entonces el líder de Junts, al margen de acusar a los jueces de law fair? Él amenazó el sábado con la "vía unilateral" para lograr la independencia.
Por no hablar del rechazo que genera esa norma incluso entre los propios votantes socialistas.
El PSOE afronta las
próximas elecciones europeas (en las vascas le bastará con sumar con el
PNV para que los nacionalistas sigan gobernando) en situación de extrema
debilidad. Un mal resultado en junio abrirá un debate interno ahora
larvado.
Sánchez ya no es
aquel político que garantizaba a su partido la permanencia en el poder.
Su baraka se ha esfumado y tiene por delante los peores meses de su
mandato. Aguantará, sí, pero no podrá agotar la legislatura.
La aerolínea solo ha devuelto 95 millones de los 600 que le fueron
concedidos por el Gobierno; 66 en concepto de intereses y 29 por el
crédito del ICO
