Hipocresía y ausencia de Estado de Derecho denominan a México. ¡BASTA YA¡

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Nunca es buena idea golpear a tu esposa en casa cuando eres miembro de una asociación de defensores de las causas de la mujer (tampoco es buena idea hacerlo cuando no lo eres, pero esa es otra historia). Eso es justamente lo que ha estado haciendo México en los últimos años con el tema de los derechos humanos.

El Gobierno de México se ha puesto a firmar alegremente todo tipo de tratados internacionales, algunos incluso sorprendentemente muy progresistas y ambiciosos en el mejor de los sentidos: en materia de derechos de los niños, los jóvenes y las mujeres, de los poseedores de discapacidades diferentes, de los trabajadores o de los indígenas. Compromisos que revelan una generosidad y un alarde civilizatorio que serían harto encomiables si no fuera por el hecho de que fueron firmados sin ninguna intención de hacerlos cumplir.

Casi nada se muestra con la nitidez de la comparecencia del Gobierno de EPN esta semana ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza. Los miembros internacionales preguntaron una y otra vez a la delegación mexicana sobre los registros oficiales u oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país; también pidieron precisiones sobre cuántas de estas desapariciones son de mexicanos, de emigrantes mexicanos y centroamericanos que buscaban cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, cuántas son de niños y cuántas de mujeres. Las respuestas de nuestros funcionaros fueron tan erráticas, pobres y evasivas que al comité internacional le quedó muy claro que el Gobierno de Peña Nieto han puesto muy poca atención al problema o de plano lo han ignorado, pese a los tratados internacionales que nuestro país ha asignado al respecto.

Las respuestas fueron tan insatisfactorias que los relatores reprobaron a la delegación mexicana e incluso regañaron a los funcionarios: si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco los programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra, fue su dictamen.

Hasta ahora el Gobierno mexicano había creído que podía obtener lo mejor de “los dos mundos”. Pretender ser un país perteneciente a la OCDE y asumir de boca para afuera las responsabilidades de una sociedad moderna, responsable y madura; y al mismo tiempo comportarse, puertas adentro, como un país de la África profunda en el trato a sus ciudadanos. 22.000 desapariciones prácticamente sin investigación de por medio y sin que a ningún funcionario le quite el sueño no es precisamente el comportamiento de ningún otro miembro de los clubes a los que México pertenece.

El escándalo de Ayotzinapa es el fin del elefante en el cuarto que el resto de los países ricos pretendía no ver en sus relaciones con nuestro país. Había algo de hipocresía entre los miembros de la sociedad a favor de los derechos de la mujer que preferían ignorar la violencia doméstica del compañero mexicano. Para nadie en la comunidad internacional es un secreto la ausencia de un Estado de derecho en buena parte de los temas relacionados con la vida cotidiana en México. La presencia de la tortura en los procesos judiciales, las violaciones de los derechos humanos, la arbitrariedad en la impartición de la justicia, la ausencia en la rendición de cuentas o en el combate a la corrupción. Pero la economía mexicana es la undécima en el mundo, un socio con quien se hacen muy buenos negocios y un aliado estratégico por su vecindad con Estados Unidos, el mercado más codiciado en el planeta. Así es que han existido poderosos motivos para hacer la vista ciega ante los moretones que exhibe la consorte del compañero mexicano en los actos sociales de la organización defensora de las mujeres.

La desaparición de 43 estudiantes disidentes y la reprobable actitud seguida por las autoridades mexicanas, más interesadas en dar vuelta a la hoja e ignorar el problema que resolverlo, marca un hito en la actitud de la comunidad internacional. Por vez primera en muchos años, han reprendido al socio díscolo e irresponsable. Es útil porque parece ser la única llamada que tiene algún efecto en el comportamiento evasivo del infractor.

México aspira a convertirse en un miembro del primer mundo y la importancia de su economía en ocasiones le permite comportarse como tal. Pero no lo es. Quiere ser Suiza pero prefiere seguir tratando a sus ciudadanos como aldeanos de Burkina Faso (dicho con todo respeto). Mientras no entienda que los derechos humanos de un estudiante de Guerrero o un campesino de Oaxaca deben ser respetados tanto o más que los de un turista alemán de visita en Cancún, seguiremos siendo un país de hipocresías y espejismos.