¿Votaría algún miembro del Supremo, Tribunal Constitucional, CGPJ, Audiencia Nacional e incluso provincial en contra del partido político que le dota de mamandurria?

Hoy en día, en Cataluña, todo es ilegal y lo que es peor esa epidemia se está convirtiendo en pandemia que ya salta los Pirineos y el Río Ebro.

La inmensa mayoría de los españoles honrados, personas de orden y preocupados por la actual situación cruel de nuestra economía como consecuencia de la corrupción nunca podríamos haber pensado que “la cosa” va a más y sin piedad. No lo va a tener fácil el Gobierno de Rajoy para desmantelar esas bandas de delincuentes e incluso de terroristas que ha formado la tolerancia por mala interpretación de la Democracia.    Actualmente vivimos en un estado de perplejidad y algunas veces dudamos de si los partidos políticos y algunas de las instituciones del Estado nos están tomando el pelo. Por ejemplo: Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán no sólo son tenidas en cuenta por el resto de la justicia e incluso del ejército español –garante de la Constitución-, sino que inmunizan a fanáticos y vividores de dichas bandas.

Todo lo contrario que otros tribunales similares, nuestro Tribunal es nombrado por el Parlamento, que elige juristas de reconocido prestigio (un jurista de reconocido prestigio jamás abandonaría su despacho de abogado por poco más de 40.000 € netos/año que, además, perdería su fondo de comercio o clientes, pero de acuerdo con los cupos que parecen reservarse los diferentes partidos políticos, con la merma subsiguiente de la imparcialidad y el propio prestigio de los magistrados que lo componen, magistrados a los que la prensa y los partidos ponen bajo sospecha continua y cuya legitimidad se intenta poner a veces descaradamente en duda, sobre todo por parte de unos políticos que han decidido utilizar este tribunal como foro prioritario de sus debates partidistas, cuyo nivel argumental es a veces del tipo: "Yo tengo razón y tú no, jódete".

Esa es la razón  por la que podemos oír a políticos, que muchas veces son juristas, decir que este debatido Estatuto es constitucional en el porcentaje mayor de sus artículos- como si las leyes se midiesen por la extensión de sus textos- o que no lo es de ninguna manera. En España da la sensación de que se ha perdido el respeto a los hechos. Parece que si queremos saber cuántos ángulos tiene un triángulo debemos hacer una encuesta y ver qué opinan "la mayoría de los internatutas", para llegar al final a un acuerdo negociado entre las partes que votarán esta geométrica cuestión.

Un ejemplo de ello nos la ha dado nuestro más alto Tribunal al hablar del término nación, admisible en el preámbulo del Estatut, pero carente de valor legal. A partir del siglo XIX, surgió la idea de nación y Estado-nación, una idea según la cual existen unas realidades históricas, institucionales, sociales, culturales e incluso religiosas que tienden a gobernarse a sí mismas como Estados. Cada nación está asociada a un pueblo, que es el sujeto protagonista de su historia y que plasma su voluntad colectiva en un texto en el que decide darse unas leyes para gobernarse a sí mismo. Ese pueblo se llama soberano, porque toda legitimidad deriva de su voluntad constituyente, que se plasma en un texto que debe ser refrendado por sus ciudadanos, y del que derivan todas las leyes y la legitimidad de quienes lo gobiernan.

La Ley, en derecho, tiene preámbulos, pero no prólogos, dedicatorias, ni textos de agradecimientos. Es evidente que sólo crean derecho los artículos de esas leyes, pero los preámbulos son necesarios porque en ellos se expresa la voluntad del legislador, que es la que crea la ley y la que ha de orientar su interpretación. Decir que el preámbulo no es un artículo es una tautología, excepto en este caso, en el que el argumento se utiliza para darle al Estatut una de cal y otra de arena.

Aun reconociendo la existencia de la nación catalana en la realidad histórica, social, institucional e incluso religiosa, tendremos que admitir lo mismo para el pueblo gallego, vasco y las otras catorce autonomías, con lo cual tendríamos que la nación española de la Constitución tiene pleno valor legal, pero no se corresponde a ninguna realidad histórica, puesto que en España hay 17 pueblos y ninguno es el español. Y decir que los catalanes, por ejemplo, son sustantivamente españoles y adjetivalmente catalanes, o es un juego de palabras o son ganas de darle la razón a todo el mundo.

Si los catalanes son una nación lo son realmente, y no en un preámbulo ni un epílogo, y si esa nación no puede tener reconocimiento legal tenemos un problema, porque el Constitucional puede decir lo que es o no legal, pero no lo que existe o deja de existir, y si se da el caso de que la realidad social e histórica y las leyes son rectas paralelas que jamás se tocan, entonces serán las leyes las que perderán su prestigio.

Juan Pardo.

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