La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, carga contra la Fiscalía y avisa en su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que si no revoca su decisión de investigarla por desobediencia puede causar "graves perjuicios" a la política y "erosionar" la separación de poderes.
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, Forcadell asegura que no cometió prevaricación ni desobediencia al Tribunal Constitucional cuando el 27 de julio el Parlament votó la hoja de ruta soberanista, ya que, como presidenta de la cámara, no tiene "ninguna facultad" para "restringir la libertad de expresión" en el hemiciclo ni para "censurar el contenido de los debates entre los diputados, ni para restringir la votación de las iniciativas parlamentarias".
Forcadell carga con dureza contra la Fiscalía, a la que acusa de "tergiversar" parte de los hechos para confeccionar un relato "artificial", con el objetivo de exponer una versión "parcial e interesada" que le permita "generar una realidad" que justifique la interposición de la querella, que cree que "no tendría futuro" si se hubiera ceñido a la realidad.
En el recurso, del que el Parlament ha avanzado por la mañana algunos argumentos en una nota de prensa, Forcadell alega que "no existe norma penal (ni puede existir) que prohíba el debate parlamentario" y tampoco existe "ni puede existir un 'debate de ideas ilegal'".
"La Molt Honorable Sra. Carme Forcadell es la autoridad que garantiza la libre expresión y debate de ideas en la Cámara legislativa, y esta libertad implica que la Presidencia no disponga de ningún poder o prerrogativa para limitar el contenido de lo que se expresa, más allá de ordenar el debate y valorar, como miembro de la Mesa, el cumplimiento de las exigencias formales de cualquier iniciativa parlamentaria", sostiene el recurso.
Por este motivo, advierte de que si el TSJC no revoca su decisión de abrirle una investigación por prevaricación y desobediencia, a instancias de la Fiscalía, dará "continuidad a un procedimiento que puede causar graves perjuicios a la vida política pública" y que "puede erosionar el sistema de separación de poderes", ya que el proceso "supone un punto de inflexión en la voluntad de control de un poder del Estado".
Además, resalta que, investigarla, le podría comportar sufrir "el inmerecido e inevitable gravamen que todo proceso penal comporta en quien es objeto de investigación", en este caso por una actuación en la que, insiste, no ha cometido ningún delito.
En el escrito, Forcadell es muy crítica con el contenido de la querella de la Fiscalía, ya que considera que "configura un relato pertinente para las pretensiones acusatorias" a partir de una "artificial confección del relato".
"Si lo que se somete a la jurisdicción penal es la oportunidad de poner límites al debate parlamentario, Forcadell es la representación de la libertad de este debate y es esta calidad, y no ninguna otra, la que la sitúa en primera línea de la acción del Ministerio Fiscal", expone el recurso.
La presidenta del Parlament insiste en el escrito en que no adoptó ninguna decisión para "llevar al pleno" las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, sino que fue una iniciativa de dos grupos parlamentarios -JxS y la CUP-, por lo que el orden del día del pleno no se modificó "a iniciativa propia" suya.
Según el recurso, pese a que Forcadell no llevó las conclusiones al pleno, el fiscal "necesita generar esta sensación y por este motivo no duda en explicar los hechos desde una visión parcial e interesada".
El recurso niega que la presidenta actuara de forma "arbitraria", como le acusa la Fiscalía, ya que se limitó, según alega, a la "estricta subjeción a la tramitación imperativa de las iniciativas parlamentarias conforme al Reglamento del Parlament".
"La presidenta del Parlament no tomó ninguna decisión de grosera ilegalidad o demostrativa de la imposición de su personal o interesado criterio, sino que siguió el procedimiento establecido y permitió el debate de ideas en el que todos los grupos parlamentarios usaron el turno de palabra", argumenta.
Por este motivo, el recurso considera "inadmisible" que la Fiscalía sostenga que Forcadell pretendiese llevar adelante su proyecto político "por la vía de hecho", ya que sus actos demuestran una "escrupulosa actuación de protección de los procedimientos y de la esencia del debate parlamentario".
Forcadell, que califica como "vagos" los requerimientos del Tribunal Constitucional para restringir "el ámbito del debate político", advierte de que el TC y la Fiscalía han configurado un escenario de una "inseguridad jurídica extrema".
No obstante, advierte de que no puede existir "ninguna resolución judicial que genere un espacio de prohibición del debate parlamentario, ni ninguna fuerza anulatoria genérica que restrinja el derecho de representación política y de libre expresión de las ideas".
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