Menuda lío ha armado, Joaquín Leguina al decir con dureza una verdad que contradice la demagógica,
la farisaica y la verdad políticamente correcta. «Si yo me dedico a cuidar
pobres, me interesa que haya muchos porque si no los hubiera, ¿a qué me
dedicaría?», ha declarado el político socialista, demógrafo, escritor y primer
presidente que tuvo la comunidad de Madrid durante las tres primeras
legislaturas. Y a renglón seguido ha añadido que «nunca» se ha creído los datos
que señalan que el 22 % de la población española es pobre, y que los miembros
de determinadas oenegés «mienten» porque quieren que haya más pobres y «así
encontrar sentido a su vida y no quedarse en paro».
Que hay que dudar de
esas cifras es higiénicamente obligatorio, porque con frecuencia son esas
mismas ONG´s las que, en connivencia con organismos internacionales, mueven
periódicamente el listón del umbral de la pobreza en los países desarrollados
para incluir en ella a quien no tiene en esta particular cesta de la compra
determinados artículos. Si un día deciden que la merluza de pincho o un
determinado zumo son alimentos básicos, pobres merluzas de pincho y menudo
negocio para los fabricantes de zumos.
Seamos serios, ¿alguien
en su sano juicio cree que en España hay 13 millones de pobres? Al final
siempre hay un porqué, y en esta ocasión el porqué es, una vez más, el dinero.
Si se abren todo el año los comedores escolares es negocio para la empresa de restauración,
para los vendedores de alimentos, para los cocineros y para los vigilantes de
esos comedores y los cuidadores de los niños. Y siempre habrá clientes porque,
aunque no sea correcto decirlo, en Europa hay varios colectivos extranjeros,
reacios a la integración y en permanente y activa autosegregación, que se han
habituado a tener gratis cuantas más cosas mejor. Si es la educación,
estupendo; si también la sanidad, mucho mejor, y si añadimos la comida de los
hijos, la vestimenta y la vivienda, maravilloso. ¡Señor, que Dios se lo pague!
En torno a la pobreza
en los países desarrollados, ¡que existe, claro que sí!, hay también mentira y
negocio. El Reino Unido ha sido, hasta ahora, el último de la UE en anunciar
que podrá negarse a dar prestaciones sociales a personas que lleguen al país
con el único propósito de recibirlas, sin que en su ánimo esté buscar trabajo.
Esta medida contra individuos y poblaciones que practican la llamada
«trashumancia de la pobreza» o «turismo social», sancionada como constitucional
por el Tribunal de Garantías Constitucionales de Alemania, se apoya en la
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que señala en el fallo
que «un Estado miembro debe contar con la posibilidad de denegar las
prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no desarrollen una actividad
económica y que ejerzan su libertad de circulación con el único objetivo de
percibir la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos
suficientes para optar al derecho de residencia». Dicho queda, aunque sea
incorrecto.
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