La lista unitaria que
han pactado Mas, Junqueras y Guardiola para las elecciones autodenominadas
plebiscitarias del 27S con la programada hoja de ruta es un peldaño más en la
larga escalada del desafío al Estado constitucional. El líder de ERC ha aceptado
que el president, a quien comentaristas daban por noqueado, seguiría siéndolo
si ganan las elecciones. Mas lo ha jugado todo a la carta de la independencia
de Cataluña. En esa acelerada carrera se ha roto CiU, que ya no le servía para
ese propósito. El pacto podría interpretarse como síntoma de que el
independentismo catalán se ha visto obligado a concentrar fuerzas, porque de
otra manera el éxito era imposible. Pero el desafío ha ido tan lejos y el
tiempo que queda hasta las elecciones es tan corto, que sería una
irresponsabilidad esperar simplemente a que el temerario conductor se estrelle.
El Gobierno puede y debe, como ha anunciado con reiteración, emplear los medios
jurídicos de que dispone el Estado para impedir cualquier iniciativa que atente
contra su unidad. Es la respuesta política del presidente Rajoy y la
tecnocrática de la vicepresidenta. Pero no creo que esa actitud defensiva sea
suficiente para encarar el problema político de mayor envergadura. Ni habría
que supervalorar las maniobras separatistas, ni confiarse en que los sondeos
sociales han ido registrando una disminución de los partidarios del
separatismo. Los mismos que no han acertado los triunfos, inesperados incluso
para sus beneficiarios, en las pasadas elecciones.
La partida está
emplazada, de momento, para el próximo 27S. Es allí donde habrá que jugarla.
Puede ser el Waterloo de Mas y, sobre todo, debiera servir para la
reorientación de la «cuestión catalana». Depende, como en toda pugna
democrática, del sentido de los votos emitidos. La iniciativa de una coalición
entre PP, PSC y Ciudadanos me parece inviable, por los diferentes intereses de
esos partidos y sus expectativas. Pero, dejando a los hechos su confirmación,
me parece improcedente para conseguir que sea derrotada la candidatura
separatista. Reafirma esa convicción lo ocurrido en el País Vasco cuando los
constitucionalistas PP y PSOE intentaron ganar a los nacionalistas. Para
conseguir una mayoría habría que contar con el voto de todos los que no son
partidarios de un Estado catalán, que empezaría fuera del abrigo de la Unión
Europea y Grecia no ha despreciado.
Ayudaría una acción
política del Gobierno. Ahora que a destiempo intenta aprobar un proyecto de ley
electoral en el que domina el objetivo táctico de colocar al PSOE en una
posición difícil, con una más alta finalidad podría proponer convertir la
disposición transitoria segunda de la Constitución, que cumplió su misión, en
adicional reconociendo simplemente la identidad singular de los territorios
concernidos. Sobre ese soporte quedaría sin sentido la declarada
inconstitucionalidad de los «símbolos nacionales» de Cataluña. Su rechazo no
sería fácil.
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