Y de pronto, nuestros legisladores se cristianizan como académicos de la RAE que si ya estaba bajo sospecha dando cobijo al energúmeno, Pérez-Reverte, ellos la van a politizar por Real Decreto.
La semana pasada, el Consejo de Ministros
aprobó un proyecto para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dice la
exposición de motivos de la reforma que «...tiene por objeto adaptar el
lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los tiempos actuales y, en
particular, eliminar determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en
la ley, sin ningún tipo de rigor conceptual, tales como imputado o reo, con las
que se alude a la persona sobre la que tan sólo recaen meras sospechas, y por
ello resulta investigado, pero respecto de la cual no existen suficientes
indicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisión de un hecho
punible». Más punible es la redacción del texto precedente, pese a que se
convocó a la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico, cuyas
recomendaciones, asegura la exposición, se tuvieron en cuenta para redactar la
ley. Tenemos la suerte de cara. En cambio, para aprobar o rechazar de una vez
por todas la Ley del Aborto, Ley del Menor, reforma electoral, etc. promesas
electorales, no hay tiempo posible.
El fin que se pretende con esta reforma de
la ley, de momento, consiste en la sustitución de los vocablos imputado y reo por otros «más adecuados», como son investigado y encausado.
El primero servirá para identificar a la persona sometida a investigación por
su relación con un delito, y encausado designará, de manera general, a quien
la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa
formalmente la participación en la comisión de un hecho delictivo.
Imputado es
el participio de imputar 'atribuir a alguien (complemento
indirecto) la responsabilidad de un hecho reprobable (complemento directo)'. Se
imputa algo a alguien. Luego lo imputado es el delito, no el presunto
delincuente. Así lo entendía ya el Diccionario
de autoridades (1735), que decía
de imputado: «Part. pass. del verboImputar. Lo assi atribuido». Pero esa
definición choca con el texto que empleaba como ejemplo: «Llegando el vencedor
a media legua de la Ciudad, se le pueden entregar, sin por ello ser imputados
de traición».
El Tesoro
de las tres lenguas francesa, italiana y española, de Girolamo Vittori, utiliza
ya en 1609 imputado con el sentido con que se ha
generalizado en los últimos tiempos en España, «accusato, incolpato». Desde
entonces se ha empleado para designar a la persona a la que se imputa algo y
aplicado a la falta que se atribuye, más con este segundo sentido. El
Diccionario da muestra de ello, pues no introduce el adjetivo imputado hasta la edición del 2001, con la marca
de que es voz del derecho, la indicación de que también se emplea como
sustantivo, y con esta definición: «Dicho de una persona: Contra quien se
dirige un proceso penal».
Logrado el acceso al Diccionario, a los
políticos les falta tiempo para abandonar ese imputado «sin ningún tipo de rigor conceptual»
(así en la ley) y adoptar un investigado que es participio del verbo investigar, a cuyo uso como adjetivo no vemos
obstáculo (el concejal
investigado), pero cuya adopción
como sustantivo (Los investigados
declararán mañana ante el juez) aparece
como producto de laboratorio ministerial. No encaja, pero encajará.
A los personajes que se ven en esos líos
judiciales les iría como un guante el adjetivo y sustantivo sospechoso, pero mucho me temo que el redactor de
la ley pretenda hacer pasar al investigado por persona limpia de polvo y paja
sobre la que no recae sospecha alguna ni se le imputa nada. Un noble inmaculado
que está siendo investigado por otros asuntos que poco o nada tiene que ver con
el desarrollo de su actividad laboral. ¿Por qué no va a poder seguir siendo
políticos o legisladores los más de 2.000 imputados que hay en España Las
cifras de la corrupción en España muestran que hay más de 2.000 personas
imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 190 han sido condenadas
por este tipo de delitos en la última legislatura. No obstante, la mayoría de
estos condenados no están en prisión, ya sea porque se les impuso una pena de
cárcel que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o
multados o porque aún tienen recursos pendientes.
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