España solo puede prosperar con una red de empresas privadas bien gestionadas

El capitalismo español se rige por una peculiar “ley del embudo”, que favorece a la bien conectada empresa y ofrece el camino más estrecho y lleno de espinas a los verdaderos emprendedores.

Para los emprendedores que tratan de construir una empresa a base de una idea y mucha ilusión, la administración no es más que una fuente absurda de obstáculos y trabas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaba este lunes que España es el país con mayores trabas al emprendimiento de toda Europa. Los ejemplos de lo que ha descubierto el FMI son innumerables—cada vez que vemos a un emprendedor nos cuenta unos cuantos. Un emprendedor tecnológico contaba en una presentación reciente cómo en el trámite para renovar su certificado digital, Hacienda le pidió un certificado del Registro Mercantil que mostrara que la sociedad existía y el emprendedor seguía siendo administrador único—datos ambos podía haber comprobado el propio funcionario de Hacienda en su propio ordenador, dado que la sociedad sigue pagando impuestos. Este nuevo trámite suponía para él un día entero de trabajo que no podría dedicar a su empresa.

Por otro lado, la administración aparece a menudo dispuesta a inclinarse delante de la gran y bien conectada empresa. Lo vemos por ejemplo en las multas en cuantías ridículas por conductas de colusión entre empresas que encima luego desaparecen, o en las indemnizaciones por cualquier decisión que a los grandes concesionarios no les salió bien.

Las consecuencias más notorias de este “capitalismo de amiguetes” las experimentamos a diario cuando leemos la prensa. Tramas corruptas infiltradas en la Administración —como en el fraude de los ERE, los cursos de formación o hasta la visita del Papa—, connivencia entre promotores inmobiliarios y ayuntamientos; politización de las Cajas de Ahorro; desarrollo de pirámides financieras —como Fórum y Afinsa— con buenas conexiones políticas; colocación de productos financieros inapropiados a ahorradores con escasa formación; pago de comisiones a partidos políticos por contratistas; o construcción de aeropuertos sin tráfico y otras infraestructuras ruinosas. El coste para nuestra economía es enorme, tanto de los favores a unos como de las trabas a los otros.

La respuesta de algunos partidos es poner más trabas a la iniciativa privada e incrementar el papel y el intervencionismo del Estado en toda la economía. Pero un país solo puede ser próspero si su economía se basa en un tupido entramado de empresas privadas bien gestionadas, con capacidad de competir, dar buen servicio a sus clientes, innovar y ofrecer formación y buenas perspectivas profesionales a sus empleados. Pasar por alto esa verdad políticamente incómoda es construir “la casa por el tejado”: no es posible preservar e incluso ampliar el Estado del Bienestar, una aspiración que todos compartimos, sin una economía de mercado pujante, basada en la iniciativa privada, en la competencia y en el esfuerzo individual de empresarios y trabajadores.

Si la respuesta “estatista” es absurda no quiere decir que la respuesta válida a estos problemas pueda ser dejar que las cosas continúen como están. La libre empresa y la iniciativa privada son los pilares de la riqueza de las naciones y del bienestar de los ciudadanos; pero hay que evitar que una economía de mercado degenere en el “capitalismo de amiguetes”, corroído por los pactos colusorios entre empresarios, o por sus oscuros acuerdos o tejemanejes con los políticos y gobernantes que contratan sus servicios o regulan su actividad.

Para que el mercado funcione, es necesario dejar el máximo espacio posible a la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas de juego claramente impuestas e imparcialmente ejecutadas. En particular creemos que son necesarios tres elementos relacionados para acabar con este capitalismo de amiguetes.

En primer lugar, es necesaria un organismo auténticamente capaz de velar por la competencia efectiva en los mercados y de evitar el abuso de las posiciones dominantes. Además es necesaria una “regulación inteligente” de ciertas actividades económicas clave en las que la competencia en el mercado es problemática debido a las elevadas barreras de entrada existentes o a la falta de simetría informativa. Esto afecta principalmente a las telecomunicaciones y el sector eléctrico, que requieren enormes inversiones en infraestructura para su entrada. Para que esta regulación funcione la vigilancia debe ser atribuida a organismos públicos reguladores o autoridades administrativas verdaderamente independientes del Gobierno y de las autoridades políticas.

En la actualidad, estas funciones radican en la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados. Desgraciadamente, a pesar de que dentro de ella, e incluso en sus cargos directivos, figuran indudablemente algunas personas que tratan de hacer las cosas con dedicación e independencia, los nombramientos a los órganos de esta Comisión no han pretendido preservar su independencia, ni la capacidad de estos cargos.

En segundo lugar, es necesaria la creación de unidades especializadas que controlen no solo la legalidad del uso de fondos públicos, sino también su eficacia y sensatez económica, para evitar que algunos empresarios con buenas conexiones políticas exploten a los contribuyentes con proyectos y programas de gasto ineficaces y ruinosos. Un control riguroso de la eficacia del gasto público, y en particular de las inversiones y concesiones públicas, es también un medio eficaz para luchar contra el “capitalismo de amiguetes”.

En tercer lugar, hace falta un mecanismo político que obligue a esas Autoridades Administrativas Independientes a rendir cuentas de su actuación, pública y regularmente, tanto ante la opinión pública como, sobre todo, ante las Cortes, a través de sus comisiones especializadas.

Pero hace falta algo más, y aún más importante. Todo esto no puede funcionar si los partidos en el poder persisten en su actual actitud de “ocupar” con sus amigos y aliados todos los cargos independientes. Quizás la peor característica de nuestro sistema, que recuerda el funcionamiento de países tercermundistas, es la toma sistemática de todos los resortes del poder, desde las televisiones públicas, a la justicia, pasando por las empresas públicas, y, sí, los reguladores supuestamente independientes, por los partidos victoriosos en elecciones. Esta tendencia se acentúa cuando los partidos obtienen mayorías absolutas en cuyo caso operan como verdaderas dictaduras electivas.

Acabar con el capitalismo de amiguetes requiere importantes cambios legislativos y regulatorios. Pero requiere también un cambio radical de valores y actitudes en nuestras clases dirigentes y en nuestra opinión pública que haga que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley funcione. Sin instituciones fuertes e independientes, cualquier cambio legislativo será puro papel mojado.

Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics