Por simple curiosidad, el año pasado me
propuse dedicar parte de mi tiempo a explicar las buenas noticias que se fueran
publicando sobre nuestra economía; no obstante, la verdad es que he encontrado
pocas, bien sea que no ha habido tantas como nos hubiera gustado a todos,
o bien que soy pesimista cuando analizo la realidad económica. Por eso, ahora
que la agencia de calificación Moody´s ha
mejorado ligeramente la calificación de la deuda pública española tanto a corto
como a largo plazo, creo que es el momento de resaltar la noticia, y revisar
los argumentos técnicos.
Desde el 3 de
febrero de 1988, la deuda española disfrutó 13 años de la tercera mejor
nota posible, Aa2, hasta el 13 de Diciembre de 2001, cuando ascendió hasta la
máxima, Aaa; España mantuvo ese privilegiado lugar todo el tiempo que duró el
“boom” económico, es decir 9 años, hasta el 30 de junio de 2010, momento en que
empezaron las caídas, 5 en apenas dos años, cayendo hasta el nivel previo al de
inversión especulativa (bono basura, para algunos), Baa3, en junio de 2012; ahí
ha permanecido hasta el reciente movimiento del 21 de febrero, es decir, 18
meses “viviendo” en el límite.
La subida de
nota no ha sido excesiva, de hecho un simple escalón (desde Baa3 hasta Baa2),
pero tiene el mérito de ser el primer movimiento positivo después de tantos
disgustos, desaires, y mensajes negativos. Como siempre, tanto al ascender como
al caer, la Agencia explica las razones de la nota; en este caso señala algunas
fortalezas (en negrita), a las que me permito añadir mi opinión personal:
- La economía se está
reequilibrando en un sentido en que gana peso relativo la exportación, y se
reduce el endeudamiento. En parte, es una consecuencia no buscada del
necesario ajuste al que se ha visto sometida todo el sistema económico:
conforme se deprimía el mercado interior, la única vía de salida que quedaba a
las empresas era exportar, además, la reducción general de costes internos
permiten que las empresas sobrevivientes a la crisis tengan una estructura de
costes (materia prima no controlada por monopolios o regulaciones públicas, y
costes de los servicios profesionales, principalmente), relativamente
aventajada frente a algunos rivales extranjeros; en cuanto se refiere al menor
endeudamiento, es otra consecuencia inevitable del necesario ajuste, porque
como saben todos los empresarios, resulta casi imposible conseguir financiación
bancaria. Es un buen cambio, y si se mantiene, permitirá que las próximas fases
de crecimiento sean más estables.
- Las reformas
estructurales en el terreno financiero, sistema fiscal, de previsión y de las
finanzas de los gobiernos regionales, auguran unas próximas fases de
crecimiento más sostenibles. Yo creo que en este aspecto los
analistas pecan de optimismo: es cierto que se han promulgado leyes que
flexibilizan el mercado laboral y, por tanto, facilitan la contratación al
menos en teoría (aunque a una gran parte de los votantes no les guste este
sistema), pero la interpretación judicial sigue siendo estricta y contraria a
la flexibilización; el sistema de previsión se ha reforzado (endureciendo las
prestaciones) pero no está claro que sea suficiente; y, sin duda, la
financiación autonómica está aún lejos del óptimo, y en algunos casos muy
descontrolada. Los analistas de la Agencia deducen de este panorama que las condiciones
de financiación del Gobierno en los próximos años serán más resistentes a la
adversidad de lo que han sido hasta ahora.
-La
mejora en las condiciones de financiación del Gobierno derivadas de la
situación de los mercados, y las acciones del Banco Central Europeo.
En este caso, la Agencia reconoce que gran parte de la situación que
disfrutan nuestras finanzas públicas derivan de la actuación europea, que ha
favorecido la captación de recursos de los gobiernos nacionales en
los mercados financieros; no puede afirmarse que sea un mérito de los actuales
gobernantes, pero tampoco cabe ignorar que todos los países están obteniendo
los fondos precisos para su imparable invasión del escenario económico, a unos
precios más bajos que en otros momentos de la crisis, y en cantidades
superiores a sus necesidades.
En general, la
Agencia no contempla problemas para la financiación pública en los próximos
meses, siempre que las condiciones de los mercados no se deterioren súbitamente
(circunstancia que no contemplan en su previsión), y que las medidas en marcha
sigan haciendo su efecto en forma de reducción de los costes generales: ojo,
este último dato significa, en español sencillo, que seguirá la austeridad, la
reducción de salarios y precios (repito, en todo aquello que no esté regulado)
y por tanto, la ganancia de competitividad internacional a costa de la economía
interior.
En resumen, que
la medicina que nos están aplicando hasta la fecha para salir de la crisis se
mantendrá en los próximos meses, de ahí que la perspectiva que asigna la
Agencia para la nota actual de la deuda pública sea estable. Poco se dice de la
limitada actuación sobre el gasto público, que no cae, ni de la excesiva carga
impositiva que soporta el sector productivo (y, en general, todos los
contribuyentes), porque al fin y al cabo eso es un asunto interno; es decir, la
manera en que se reduzca el déficit público es cuestión de cada gobierno, a la
Agencia le interesa sólo el resultado final y la capacidad de devolución de la
deuda pública de cada país y, de momento, eso está asegurado, aunque sea a
costa de hundir más al ya sufrido trabajador/obrero, asalariado.
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