Con toda seguridad, el Govern
independentista de Cataluña, tiene como última baza “en su juego” solicitar una
investigación sobre el vínculo de determinados miembros del Tribunal
Constitucional con el Partido Popular y
la Fundación Faes. Que podría y debería,
razón y pruebas no les faltan, dar pie a su impugnación como miembros de la
instancia que ha de dirimir el recurso contra el Estatut aprobado en las cortes
catalanas y estatales, así como emitir dictamen en la causa de
inconstitucionalidad de "la consulta" autodeterminista,
procedimientos ambos promovidos desde las filas populares. Tal parece como si
los órganos de la Generalitat, persuadidos de que ambos fallos les serán
desfavorables, quisieran ponerse la venda antes de la herida con la
deslegitimación previa del alto tribunal o, al menos, con una cuestión de fondo que enrede aun más el “lío”l
El asunto es tan complejo como
grave. Complejo, porque la supuesta tendencia de algunos juzgadores no invalida
su naturaleza democrática ni pone en cuestión su apertura pluralista a la hora
de resolver. La mayor conveniencia estética no conlleva necesariamente la
incorrección ética ni sería argumento ante tribunales supranacionales, por
cuanto las interpretaciones constitucionales son materia exclusiva de los
estados y sus órganos "ad hoc". Y grave porque significa un paso más
en la progresión subjetiva de las
instituciones cuando son tantos los llamamientos formales a un proceso de
regeneración que consolide las bases de la convivencia sobre el vector de la
confianza social. La iniciativa del Parlament, respaldada por el Govern,
antepone intereses minoritarios a la voluntad de la mayoría española,
incrementando un cisma que ha crecido con invocaciones artificiosas en lo
histórico y manifiestamente falsas en el plano de la realidad, con el
"España nos roba" como banderín de enganche.
Con una política debilitada por la
corrupción, poco o nada se puede avanzar
con la judicialización de todos los conflictos es una política débil y mala,
conclusión tan aplicable a los órganos catalanes como a los estatales. Aun
rechazando con toda la fuerza de la razón y la emoción la hipótesis
secesionista, es obvio que los recursos políticos para evitarla no han sido
agotados ni podrán serlo en la ausencia de cualquier diálogo de esencia netamente
política. No es sensato mezclar en todo a los altos tribunales del Estado y
mucho menos tratar de enredarlos en sospechas para eludir sus decisiones o,
simplemente, salvar la cara. Aunque no fuesen modelos incontaminados, están
para tutelar las últimas garantías de la seguridad jurídica de todos los
ciudadanos. En alguna parte ha de estar la línea roja que nos separe de la
selva, y es de esperar que todos la respeten desde el día después de las
elecciones europeas del 25M.
Las rebeliones más violentas y los desórdenes más
graves han tenido lugar allí donde la justicia y la Ley discrepan en casi todo.
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