Si ya es difícil que una empresa consiga una subvención para innovar en Cataluña 15 miembros de la Plataforma para la Lengua, que ha
recibido más de cuatro millones de euros en subvenciones de la Generalitat,
asaltaron el jueves un Mercadona de Sant Cugat del Vallès y se pusieron a
etiquetar sus productos en catalán afirmando que el etiquetado en español es
“ilegal”.
Durante los últimos años, esta asociación ha desarrollado
una campaña para animar a la delación: pide a sus voluntarios que denuncien a
todos los establecimientos que no rotulen en catalán para que sean multados por
la Generalitat. En el pasado, la Plataforma también impulsó entre los
consumidores un boicot a todos los productos que no hayan sido fabricados en
Cataluña o no estén rotulados en catalán, pero ya ha eliminado esta iniciativa
de su página web.
La entidad ha difundido ahora un mensaje en el que denomina
“legalizadores” a sus voluntarios que han asaltado el Mercadona de Sant Cugat:
“Los legalizadores etiquetan los productos ilegales de Mercadona añadiendo
etiquetas en catalán”. Y lo hicieron, añade, “ante la mirada sorprendida de los
consumidores y empleados” del establecimiento.
En su comunicado, la entidad afirma que la acción
desarrollada el jueves ha servido para “reivindicar el etiquetado en catalán
(cumpliendo la legislación vigente) y para cumplir con las obligaciones
establecidas por el Código de Consumo de Cataluña, que protege los derechos
lingüísticos de los consumidores catalanes“.
La Plataforma per la Llengua no considera suficiente que la
Generalitat se dedique a imponer multas a bares, restaurantes y pequeños
negocios por no rotular en catalán. La asociación acusa a Mercadona y a otras
doce cadenas de supermercados de incumplir “de forma continuada” los artículos
128.1 y 211.5 de la Ley 22/2010 del Código de Consumo aprobada por el
Parlament, según la cual “los consumidores tienen derecho a recibir todas las
informaciones, el etiquetado y el embalaje de los productos de consumo en
lengua catalana”.
La directora de la Plataforma, Neus Mestres, ha pedido
públicamente a estas empresas que “cumplan la ley y dejen de discriminar a los
catalanoparlantes. En la mayoría de los supermercados sólo se etiqueta el 10%
de los productos en catalán, por lo que el 90% de los productos que se
comercializan en Cataluña son ilegales“. Por este motivo, Mestres ha pedido a
la Agencia Catalana de Consumo que ponga más celo a la hora de multar a las
empresas que incumplen esta norma.
Durante los últimos años, la Plataforma per la Llengua ha
recibido cuatro millones de euros de la Generalitat en subvenciones para
financiación este tipo de campañas coactivas. En 2012 recibió medio millón de
euros y otro convenio le garantizó una inyección económica de 1,8 millones para
el período 2013-2015. Por último, la Generalitat de Carles Puigdemont prevé
financiarla con otros 1,8 millones hasta 2018.
En las últimas elecciones autonómicas catalanas, la
Plataforma hizo campaña a favor de la candidatura Junts pel Sí encabezada por
el mismo Artur Mas que le había adjudicado estas subvenciones. La entidad
convocó en diciembre de 2014 un concurso de participación ciudadana para elegir
al “enemigo del catalán”
.
Entre los 20 candidatos se encontraban el presidente
Mariano Rajoy, el líder de Ciudadanos Albert Rivera, el dramaturgo catalán
Albert Boadella, el Tribunal Constitucional y los entonces presidentes
autonómicos José Ramón Bauzá y Alberto Fabra. Un linchamiento público a los
“enemigos del catalán”, financiado con dinero público de la Generalitat
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