Las eléctricas recuperan
a través del término de potencia los costes de inversión en generación que no
pueden recuperar por el precio de mercado de la electricidad
Cualquiera puede
observar que en los últimos dos años el precio de la energía utilizada para
producir electricidad ha bajado, pero el recibo de la luz ha subido. Un elixir
mágico, llamado regulación a la carta (de las compañías eléctricas, por
supuesto), ha conseguido que el consumidor que menos energía eléctrica gasta
sea el que pague más en términos relativos; y viceversa. Una política racional
de precios procuraría que pagasen más (en términos relativos) los que más
gastan, porque eso es lo que dicen los manuales de economía y porque de esa
manera podría buscarse una disuasión del consumo. Pero en España sucede al revés.
¿Por qué?
Pues porque el
regulador —el Gobierno— decidió en 2013 que era necesario, mejor dicho,
imperativo, aumentar lo que paga el cliente en concepto de potencia contratada,
que es la parte fija del recibo, para garantizar (parece la única explicación
económica) los ingresos de las eléctricas. El balance desde agosto de 2013 es
arrasador: para el consumidor doméstico ha supuesto una subida del 92% de la
parte fija del recibo (término de potencia contratada) y del 145% para el
consumidor industrial. La decisión ataca directamente los bolsillos de los
clientes con menos capacidad económica y liquida cualquier política de ahorro;
se haga lo que se haga con el consumo en los hogares, el peso principal del
recibo sigue siendo inmune a la austeridad.
Cuando se calcula el
ingreso que se garantizan las eléctricas por esa política tarifaria (penosa
para el consumidor), aparecen nuevas distorsiones graves. Resulta que el
sistema eléctrico factura a los clientes el equivalente a 175 gigavatios (Gw)
de potencia contratada; pero, como es sabido, el sistema tiene una potencia
instalada de 108 Gw; y la punta máxima que utilizan los clientes es de 39 Gw.
Una sencilla cuenta demostraría, para pasmo de economistas y teóricos de los
mercados, que pagamos a las eléctricas 136 Gw que no utilizamos, simplemente
porque los tenemos contratados. Esos 136 Gw regalados con el consentimiento del
regulador equivalen a 10.000 millones anuales. ¿No sería más lógico sustituir
el sistema de tarificación contratada por uno de tarificación por potencia
demandada? Pues sí; pero se acabaría la sobrefacturación de 10.000 millones
consentida a las eléctricas.
No obstante, descártese
provisionalmente la tesis del semifraude y acéptese la de incompetencia
regulatoria. Las eléctricas recuperan manu militari a través del término de
potencia los costes de inversión en generación que no pueden recuperar por el
precio de mercado de la electricidad (la parte variable del recibo). ¿Que este
esquema perjudica a los clientes más débiles, aumenta la desigualdad y penaliza
el ahorro? Pues Industria no lo ha visto o le parece un daño irrelevante. Pero
resulta que la generación eléctrica está liberalizada por ley y, por lo tanto,
las empresas toman las decisiones de inversión a su propio riesgo. Es decir,
esta estructura de recibo de la luz vulneraría la legislación vigente. Salvo
mejor opinión del regulador, rebosante de abogados del Estado, claro.
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