El 27-S
no se pondrá a votar la secesión de Cataluña sino que se elegirá un
Parlamento autonómico. El ciudadano medio no quiere confrontación; ve con
preocupación el desprecio a la legalidad que propugna Junts per al sí
El 27-S no pone a
votación la secesión de Cataluña. El 27-S elige un Parlamento autónomo. No es
un referéndum para decidir qué vamos a hacer, sino unas elecciones
parlamentarias para determinar quién nos gobernará en los próximos cuatro años.
No elegimos entre opciones de acción, sino entre candidaturas formadas por
personas, con nombre y apellidos. En un referéndum, lo importante es la acción
sustantiva que se somete a votación; las personas que nos gobiernan ocupan un
segundo plano porque quien sea que nos gobierne hará lo que salga del
referéndum. Un referéndum es una forma poco operativa de tomar decisiones
colectivas complejas por la dificultad de convertir esta complejidad en una
disyuntiva entendible; más que para gobernar, se utiliza para sancionar lo ya
gobernado.
En unas elecciones
parlamentarias, en cambio, los candidatos son la parte esencial; su actuación
sustantiva una vez elegidos pasa a un segundo plano porque, queramos o no, para
entonces ya les habremos dado el poder. Esta amplísima delegación, esta gran
confianza, por sorprendente que pueda parecer, es la esencia de la democracia
parlamentaria. Una forma de gobernar que ha funcionado bien y que todos los
países civilizados siguen.
La candidatura Junts
per al Sí (JS) pretende interpretar los resultados del 27-S como un referéndum.
Según esta interpretación, la obtención de 68 escaños por parte de esta
candidatura significaría que el electorado catalán quiere escindir Cataluña del
resto de España y otorga el mandato a Artur Mas, el cuarto candidato, como
presidente de la Generalitat. Una monumental burla a la ley que, sin embargo,
tiene su lógica. JS está diciéndole al elector: si usted está a favor de la
independencia de Cataluña, siendo el 27-S como es un referéndum, no se detenga
demasiado en los candidatos que componen nuestra candidatura; concéntrese en lo
esencial, en la independencia de Cataluña, y vótenos; si ganamos, le
garantizamos que en nueve meses Cataluña será independiente.
Que la burla tenga su
lógica no quiere decir que debamos aceptarla. JS está en su perfecto derecho de
proponer la independencia de Cataluña y los electores, incluidos los
independentistas, de examinar con especial atención el historial político de
Mas. Su labor de gobierno no pasará a la historia como ejemplo de buena
gestión. ¿Quién puede entender que frente a la mayor crisis económica jamás
experimentada, las preocupaciones del Gobierno catalán, más que a paliar las
graves consecuencias de la misma sobre los ciudadanos, se hayan dirigido casi
de forma exclusiva a promover la independencia? El paro ha afectado a segmentos
amplios de la población y ha expulsado del mundo laboral a la juventud. La
pobreza ha llegado a la clase media y la volatilidad financiera e inmobiliaria
ha generado más desigualdad. La sanidad pública se ha deteriorado y la
educación no rinde lo que debiera ¿Por qué Cataluña es una de las comunidades
más endeudadas, cuando recibe los mismos recursos por unidad de necesidad que
la media? ¿Por qué la Generalitat lanzó un proyecto de la envergadura de la
Línea 9, necesario pero que supera con mucho su capacidad financiera, sin
recabar el apoyo financiero de otras Administraciones, y en particular del
Estado, a diferencia de lo que en el pasado se hizo con los Juegos Olímpicos y
con la desviación del delta del Llobregat? ¿Por qué cuando quiere negociar con
el Gobierno central lo primero que hace es amenazar y demonizarlo? ¿Por qué
socava la Constitución española, bajo la cual nuestro país —y Cataluña— ha experimentado
su periodo más largo de prosperidad?
El Gobierno de Mas no
se ha preocupado por los efectos de la crisis, sino solo por la independencia
No todo son pasivos.
Entre los activos de Mas destaca su capacidad táctica. Prueba de ello es la
relativa facilidad con que ha logrado enrolar en su proyecto, que no es otro
que el de mantener el poder, a Esquerra Republicana de Catalunya. Si a pesar
del deseo de disfrazarlo de referéndum, el 27-S acaba siendo visto por el
electorado como una elección parlamentaria, el señor Junqueras habrá tomado un
riesgo considerable porque el resultado vendrá determinado no tanto por la
secesión de Cataluña como por el carácter de los políticos que se presentan.
Junqueras, como líder de la oposición, en una rara combinación de papeles, ha
sido el soporte fundamental de Mas en sus tareas de gobierno y es por tanto
corresponsable de las mismas. A pesar de ello, inevitablemente, será Mas quien
atraiga la mayor atención; la valoración que de él haga el electorado
condicionará el destino de la candidatura JS.
Mas, hoy, no inspira la
confianza que en el pasado le encumbró a la presidencia de la Generalitat. La
crisis económica le ha pasado factura, como lo ha hecho con todos los
gobernantes que han tenido que gestionarla. Sigue gobernando, pero a un coste
cada vez más alto para él y la ciudadanía. El coste que aquí nos interesa es el
segundo: el creciente desasosiego que las manifestaciones del independentismo
provocan entre la población. Un coste social tan real como cualquier otro, y
más cruel que muchos por su absurdidad; un coste que cercena nuestro bienestar
y que ningún político nos puede exigir.
El ciudadano medio no
quiere confrontación y ve con extrema preocupación el desprecio a la legalidad
que esta candidatura propugna. Es nuestra legalidad, la que libremente nos
hemos dado y la que nos permite vivir de forma civilizada. Una legalidad
homologable con las más avanzadas de nuestro entorno y que incorpora los
procedimientos necesarios para su propia reforma. Una legalidad que es la base
de la democracia en la que vivimos. ¿Qué queda si prescindimos de ella? ¿Al
arbitrio de quién vamos a ordenar nuestras vidas?
Las manifestaciones de
soberanismo provocan un fuerte desasosiego entre la población
Así piensan los que no
desean la independencia de Cataluña y quiero creer que también muchos que se
sienten independentistas, pero no conciben una transición traumática y fuera de
la ley. Tiene que haber ciudadanos de estas características entre la militancia
y el entorno conservador de Convergència Democràtica de Catalunya, y entre
quienes creyeron las antiguas manifestaciones de Mas de que la transición sería
acordada y él en ningún caso actuaría de forma ilegal. La transición, si la
hay, no será acordada porque así lo dice el Gobierno central, y el respeto a la
legalidad que Mas aparentaba se ha desmoronado con estrépito ante los
pronunciamientos de sus colaboradores más cercanos.
Con un Mas que no
inspira confianza, la candidatura JS tiene por fuerza que acusar el desafecto
de sus electores naturales en favor de Unió Democràtica de Catalunya, por la
derecha, y de la CUP y Catalunya Sí que es Pot, por la izquierda. El 28 de
septiembre tendremos un Parlamento del que saldrá un Gobierno autonómico. Pero
el 27-S seremos contados y es importante que quienes defendemos la
Constitución, quienes estamos en contra de la confrontación y quienes deseamos
dejar atrás esta pesadilla acudamos a las urnas y manifestemos nuestra
posición. Las acciones de los nuevos Parlamento y Gobierno dependerán de cómo
salga esta cuenta.
Antoni Zabalza, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y fue
secretario de Estado de Hacienda.
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