¿Plebiscitarias? Con solo mecionar el término independencia en campaña electoral, las elecciones se podría impugnar ..con éxito garantizado.

Artur Mas es un catalán frustrado políticamente, rígido mental e insolidario con su propio pueblo. Ante este benévolo análisis, no le queda otro remedio que oscurecer sus mermas y, mira por donde, la ha tomado con jugar al despistes semántico, aunque con un solo propósito, JODER AL PUEBLO¡ Poco a poco, el presidente de la Generalitad ha ido buscando como encajar apellido de “plebiscitarias”. Y así, “plebiscitarias”, las llama el Consejo Asesor para la Transición Nacional creado por el Gobierno catalán con el encargo de buscar cauces para las anticipadas elecciones en Cataluña.

Consultados seis catedráticos de Derecho Constitucional para tratar de explicar qué son las elecciones plebiscitarias y qué efectos tendrían. Todos coinciden en que no existen y no tendrían ningún efecto.

No es la primera vez que el presidente de CiU y de Cataluña utiliza esa figura plebiscitaria para presentarla como alternativa al referéndum: lo hizo, por ejemplo, hace un año en una rueda de prensa en Bruselas. Después de que le preguntaran varias veces por su plan B en el caso de que el Gobierno vetara la consulta, Mas dijo: “Incluso en el último momento, si no hay más remedio, se puede transformar una convocatoria electoral en un referéndum”.

No, no se puede transformar una convocatoria electoral en un referéndum, según los seis expertos consultados. En la ley Electoral no aparece la vía de las “elecciones plebiscitarias”. “O hay elecciones o hay referéndum. Y plebiscito es sinónimo de referéndum”, señala Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona, que se declara “dolida” ante la posibilidad de que se convoque en Cataluña una modalidad de votación vinculada en el pasado a “regímenes populistas y a menudo dictatoriales, donde las elecciones se centraban en el apoyo a un líder”.

Las elecciones son a todos los efectos, elecciones autonómicas, insiste Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en Girona. Otra cosa es que algunos partidos concurran a esos comicios comprometidos con la independencia, o incluso con un programa en el que solo haya un punto: la independencia. Eso lo asemejaría, en la práctica, a un referéndum. “Podrían hacerlo, porque en los programas se puede poner lo que se quiera. Pero luego no podrían utilizar el resultado para declarar la independencia: eso sería una ilegalidad clamorosa”, subraya Arbós. Él, que sí ve “espacio jurídico” para una consulta en Cataluña si se pacta con el Gobierno central, rechaza por engañosa la fórmula de las elecciones plebiscitarias.

Más duro es Pablo Oñate, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid: “Si un partido quiere proponer la independencia en su programa, que lo haga. Yo recuerdo una campaña electoral en la que había un partido cuyo compromiso electoral era establecer conexión con vida extraterrestre. Pero lo que tiene que estar claro es que elecciones y plebiscito son dos cosas distintas. Se está intentando confundir el debate y al ciudadano mezclando churras con merinas. Eso solo consigue aumentar la confusión”, dice. Roberto Blanco lo tacha también de “fraude político” y “engaño a los electores”.

En 2008, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta soberanista anunciada por el lehendakari Juan José Ibarretxe en el País Vasco; entre otros argumentos, el alto tribunal determinó que una pregunta que afecta a la “redefinición” del Estado solo puede hacerse a todos los españoles, no a una parte. Si las elecciones catalanas se convirtieran en un referéndum encubierto sobre la independencia, ¿podría impugnarlas el Gobierno, apoyándose en aquella sentencia? Xavier Arbós, Ricardo Blanco y Pablo Oñate creen que, en principio, no. “Impugnables no son mientras no generen efectos jurídicos. Sí podrían serlo si, por ejemplo, el decreto de convocatoria hiciera referencia expresa a que se trata de un plebiscito”, apunta Blanco.

María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, es más tajante: “Si esa convocatoria es un referéndum encubierto, se convertiría en sí misma en un fraude de ley y el Gobierno podría plantearse impugnarla”, afirma. Teresa Freixes se sitúa en un punto medio: cree que no se puede impedir que los partidos concurran a unas elecciones con los programas que quieran, pero sí ve el riesgo del “referéndum encubierto”. “Lo que ocurre es que eso es muy difícil de perseguir. En derecho se llama levantar el velo: probar el fraude jurídico, demostrar que algo es realmente una cosa distinta a la que pretende ser”, explica.

Artemi Rallo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I de Castellón, tampoco ve una vía genérica de impugnación, aunque sí una “remota”: “La ley Electoral solo permite hacer campaña a los partidos. Si en esa campaña participaran, por ejemplo, organizaciones o plataformas por la independencia, eso sí podría denunciarse”.

¿Quién y cómo interpretaría el resultado?

Xavier Arbós señala que “nadie ha explicado cómo se contarían los votos” en esas elecciones. “Al no ser un voto directo en una consulta, podría ocurrir que quien ganase en votos no ganase en escaños. ¿Qué pasaría entonces?”, se pregunta. Roberto Blanco añade que “el efecto plebiscito exige un consenso en la lectura del plebiscito”, y augura que “eso no va a ocurrir aquí”. “Unos partidos leerían el resultado de una manera y otros de otra, sobre todo porque hay varios partidos que no van a aceptar haber participado en un plebiscito cuando lo que ha habido son unas elecciones autonómicas”, remarca.

Nunca se han convocado unas elecciones plebiscitarias en España, aunque el propio Artur Mas ya les dio un carácter muy similar a las autonómicas de 2012. La referencia que en los últimos días se ha hecho en algunos foros a las municipales de 1931 que se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía —y derivaron en una proclamación de la República por la vía de los hechos— es rechazada por los constitucionalistas. No es comparable, dicen, porque entonces España salía de una dictadura y no existía una “legalidad constitucional democrática”.