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jueves, 20 de abril de 2017

En España hay más corrupción judicial que política, además, con ayuda policial.


Que los registros policiales con detenciones en la Comunidad de Madrid (Indra, OHL, Ignacio González….) producto de la excéntrica, Cristina Cifuentes y los sanchistas, orquestados por los podemitas. Se tendrían que haber evitado. Primero porque esta historia ya se sabía desde hace más de tres años y segundo porque están “robando” el crédito ganado por Rajoy y su equipo de sensatos.

Ni CCifuentas será nunca nada en política, menos con el PP (Proabortista, republicana, sexo libre, agnóstica…. Posiblemente en Podemos podría reemplazar a Carolina Bescansa que anticipo su retirada pronta o casi inmediata. Indra ni está ni se le espera, o sea, nada. OHL, no tengo claro si sobrevivirán a la enésima “suspensión de pagos –ahora Ley Concursal- e Ignacio González estaba pendiente de multitud de juicios e ingreso en prisión como medida cautelar, tampoco es cierto y verdad ni la décima parte de lo que se le acusa. OPERACIÓN DERRIBO.


Lo que si han generado en la sociedad española un comprensible estado de sentimiento, de tristeza, de angustia e inquietud innecesario y del que va a ser difícil recuperarse social y económicamente. Es natural que la ciudadanía se inquiete ante presuntos hechos de extrema gravedad como los que ha destapado la Operación Lezo en Madrid. Y es seguro que el populismo aprovechará ese desánimo para alimentar su discurso y tratar de desacreditar el sistema democrático que ha permitido a España disfrutar de una prosperidad desconocida en las últimas tres décadas. 

Sin embargo, no debemos caer en el derrotismo ante lo sucedido. El hecho de que estos titulares estén copando las portadas de la prensa esta semana es la mejor prueba de que la Policía y la Justicia actúan en España. Es la demostración de que si bien una parte del sistema está contaminada, todavía quedan resortes para limpiarlo. Estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso que vuelve a golpear la credibilidad del PP, que no puede zafarse del lastre de la corrupción. 

El partido en el Gobierno sigue sin hacer el ejercicio de autocrítica necesario para iniciar una catarsis seria que permita a los españoles volver a confiar en sus siglas. La corrupción no es cosa de unas cuantas manzanas podridas en el PP como se sigue intentando argumentar desde el partido. Ni tampoco es sólo cuestión de esta formación política como intentan hacer ver algunos. La financiación ilegal de la antigua CiU, los probados amaños de Unió Mallorquina o el caso de los ERE de la Junta de Andalucía son sólo algunos de los escándalos que se unen a los provocados por las tramas corruptas que operaban en el PP en la Comunidad Valenciana, Baleares Murcia o Madrid. 

La política española tiene que someterse a un proceso de regeneración profundo y sincero. La retórica no es suficiente para renovar el sistema y blindarlo ante futuros abusos. La clase política debe demostrar a la ciudadanía que está decidida a combatir la corrupción desde dentro con la adopción de nuevas normas de fiscalización externas e internas que impidan que casos como Gürtel, Pretoria, Púnica o Lezo vuelvan a repetirse en España. Sólo así nuestra democracia parlamentaria recuperará la autoridad moral que nunca debió perder. 

No obstante, esa catarsis debe hacerse sin deslegitimar nuestro modelo institucional. Pese a la conmoción que provoca comprobar hasta dónde llegaba la perversión en redes como la tejida por González en torno al Canal de Isabel II para el cobro de comisiones, el hecho de que ex presidente madrileño esté detenido o de que líderes políticos muy relevantes estén siendo llamados a declarar como testigos nos permite constatar que el Estado español funciona. Es cierto que sería deseable acortar los plazos de las investigaciones para agilizar tanto la condena de los delincuentes como la presión mediática sobre los imputados. Pero, los jueces españoles y las fuerzas policiales están demostrando que quien la hace, la paga. 

En este punto, se hace necesario puntualizar que hay algunos elementos inquietantes alrededor de la Operación Lezo que deben ser aclarados. El más preocupante es que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó limitar el alcance de la investigación en torno a González. Las sospechas sobre la actuación del nuevo fiscal demuestran que hacer efectiva la separación de poderes es otra de las tareas inaplazables de la democracia española. Tampoco contribuyen al sosiego las dudas por la actuación de algún medio de comunicación para tratar de frenar la colaboración con la Justicia de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en este escabroso caso. Ni tampoco el papel protagonista de grandes empresas españolas -con fines poco lícitos, como está quedando demostrado- en las esferas del poder político. 

En el contexto europeo en el que vivimos, la regeneración de la vida pública es, sin duda, el mayor reto al que se enfrenta la clase política en esta legislatura. No sólo porque es imprescindible para devolver la autoestima a la sociedad española, también porque es necesaria para frenar el populismo que quiere deslegitimar el sistema para hacerse con el poder aprovechando ese descrédito, difícil de revalorizar. 
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