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martes, 28 de febrero de 2017

El PP no colabora para suprimir los privilegios que gozan los aforados políticos ante la Justicia..



El Partido Popular está dispuesto a abordar una reforma para suprimir los aforamientos siempre y cuando se delimite con precisión a qué tipo de delito afectará ese cambio y sus beneficiarios.

La propuesta que manejan los populares, , supondría, para el caso de los cargos políticos, la eliminación de ese privilegio en los delitos comunes, al tiempo que se mantendría para los relacionados con la gestión pública y “en el ejercicio de las funciones propias del cargo”.

También se suprimiría en el caso de los miembros de la Familia Real- salvo el Rey, “inviolable y no sujeto a responsabilidad” según la Constitución- o para cargos como el del Defensor del Pueblo. Policía Nacional, Guardia Civil, policía autonómica y demás fuerzas de seguridad del Estado seguirían gozando de la prerrogativa.

En el caso de los jueces, el PP estudia la figura del “antejuicio”,  una fórmula incluida ya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y actualmente derogada, según la cual debe celebrarse una vista previa para establecer la admisión o no de una querella, en la que el juez pueda dar su versión y aportar pruebas documentales. Se trata de una acción garantista, defendida por varios magistrados, como medida cautelar para determinar la consistencia de los procedimientos contra los jueces y evitar abusos en la interposición de querellas.

División en el PP
La forma de abordar la supresión de los aforamientos “ligados a cargos políticos y representantes públicos”, como figura en las seis condiciones previas firmadas con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, provoca discrepancias en el PP.

Mientras en algunos sectores son partidarios de que esa garantía se elimine por completo, el propio presidente del Gobierno ve más favorable esa fórmula intermedia, que supondría, por ejemplo, que un cargo imputado por violencia de género o un delito contra la seguridad vial fuese encausado en los tribunales ordinarios, pero no así en el caso de actividades relacionadas con su actividad. Ello implicaría, por ejemplo, que procesos polémicos como el del eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, investigado en su día por malos tratos a su exmujer- caso luego archivado- no llegarían al Supremo.
No obstante, en el partido son conscientes de la negativa percepción que el asunto genera en la opinión pública. 

En España existen más de 280.000 aforados, entre miembros de la Familia Real (5), jueces (13.187), fiscales (2.793), miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado (263.000) y cargos políticos (2.000). En estos últimos se incluyen tanto el presidente del Gobierno y los de Comunidades autónomas, como diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, así como miembros del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

No existe ningún otro país de Europa con un número tan elevado de aforados. En Francia, por ejemplo, solo lo están el Presidente de la República, el primer ministro y los ministros. En Italia, el Presidente de la República. En Alemania, Reino Unido y EEUU ningún cargo cuenta con esa protección jurídica.

FAMILIA REAL (5)JUECES (13.187)
Rey Felipe VIPresidente del Tribunal Supremo
Reina LetiziaPresidente del Consejo General del Poder Judicial
Reyes Juan Carlos y SofíaPresidente del Tribunal Constitucional
Princesa de AsturiasVocales del CGPJ
POLÍTICOS (2.000)Magistrados del Tribunal Constitucional
Presidente del GobiernoMagistrados del Tribunal Supremo
Presidente del CongresoPresidente de la Audiencia Nacional y cualquiera de sus sales
Presidente del SenadoPresidentes de los Tribunales Superiores de Justicia
Miembros del GobiernoJueces de Paz
Diputados nacionales y autonómicosFISCALES (2.793)
SenadoresFiscal general del Estado
Presidente y consejeros del Tribunal de CuentasFiscales de Sala del Tribunal Supremo
Presidente y consejeros del Consejo de EstadoCUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (263.000)
Defensor del Pueblo 
Presidente y consejeros de comunidades autónomas (cuando así lo recoja su Estatuto de Autonomía) 
  
           
“Evita el uso abusivo de querellas”
En el PP recuerdan, no obstante, que la supresión del aforamiento podría generar problemas. Para empezar “si se mantiene la configuración de la acción popular, toda vez que podría instrumentalizarse para condicionar la actividad parlamentaria“. “La acción penal es pública y puede ser ejercida por cualquiera. El aforamiento evita el uso abusivo de querellas”, advierten.
En su argumentario defienden que esa figura asegura que en los cargos del Gobierno “no se menoscaben las funciones que constitucionalmente se les encomienda, a través de la utilización abusiva de querellas” o que los miembros de las Cortes no actúen “en atención a un interés privado, sino general”.

En el caso de los jueces, el PP sostiene que el aforamiento sirve para preservar su independencia y en los cuerpos de seguridad que permite “garantizar que realizan sus funciones en aras del interés general”.
Reforma compleja

Tampoco en el PP están dispuestos a acelerar los trámites para esa modificación, que exigiría de una reforma constitucional arriesgada por la posibilidad de que desde Podemos se acabe planteando un referéndum. A los de Iglesias les salen los números: para convocar esa consulta solo es necesario que lo pidan 35 diputados, el 10% de los miembros del Congreso.
“No podemos permitir que, por la puerta de atrás, haya un referéndum que algunas formaciones independentistas lo utilicen con fines espúreos”, advirtió este mismo martes el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.
Así, pues, los populares descartan plantear una reforma constitucional sin un consenso amplio, y ello exigirá negociaciones con un PSOE que, en funciones, no está por la labor de comprometerse a nada hasta que no haya celebrado sus primarias. La reforma exige también, recuerdan, de la modificación de todos los Estatutos de Autonomía.

Así se lo hicieron saber este mismo martes a Ciudadanos en una nueva reunión entre ambas formaciones en el Congreso. Los populares insisten en su disposición para cumplir con el compromiso firmado con Rivera, sí, pero a su propio ritmo. La reunión terminó con el compromiso de que tanto la supresión de los aforamientos como la limitación de mandatos presidenciales se debatirán en dos subcomisiones, sobre Regeneración y sobre modificación de la Ley Electoral, sin fechas ni plazos límite.

Aún así, desde Ciudadanos se han mostrado satisfechos porque “las grandes reformas están encarriladas y avanzadas, que es el compromiso que adquirimos y a lo que nos obligamos. Establecimos que estarían en trámite y está cumplido”, según afirmó Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos.
El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, insistió en que en esas subcomisiones se podrán encontrar las soluciones jurídicas que permitan impulsar con seguridad ambas iniciativas.
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