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domingo, 4 de diciembre de 2016

Con dinero de los españoles, una plataforma asalta el Mercadona para rotular en catalán.


Si ya es difícil que una empresa consiga una subvención para innovar en Cataluña 15 miembros de la Plataforma para la Lengua, que ha recibido más de cuatro millones de euros en subvenciones de la Generalitat, asaltaron el jueves un Mercadona de Sant Cugat del Vallès y se pusieron a etiquetar sus productos en catalán afirmando que el etiquetado en español es “ilegal”.

Durante los últimos años, esta asociación ha desarrollado una campaña para animar a la delación: pide a sus voluntarios que denuncien a todos los establecimientos que no rotulen en catalán para que sean multados por la Generalitat. En el pasado, la Plataforma también impulsó entre los consumidores un boicot a todos los productos que no hayan sido fabricados en Cataluña o no estén rotulados en catalán, pero ya ha eliminado esta iniciativa de su página web.

La entidad ha difundido ahora un mensaje en el que denomina “legalizadores” a sus voluntarios que han asaltado el Mercadona de Sant Cugat: “Los legalizadores etiquetan los productos ilegales de Mercadona añadiendo etiquetas en catalán”. Y lo hicieron, añade, “ante la mirada sorprendida de los consumidores y empleados” del establecimiento.

En su comunicado, la entidad afirma que la acción desarrollada el jueves ha servido para “reivindicar el etiquetado en catalán (cumpliendo la legislación vigente) y para cumplir con las obligaciones establecidas por el Código de Consumo de Cataluña, que protege los derechos lingüísticos de los consumidores catalanes“.

La Plataforma per la Llengua no considera suficiente que la Generalitat se dedique a imponer multas a bares, restaurantes y pequeños negocios por no rotular en catalán. La asociación acusa a Mercadona y a otras doce cadenas de supermercados de incumplir “de forma continuada” los artículos 128.1 y 211.5 de la Ley 22/2010 del Código de Consumo aprobada por el Parlament, según la cual “los consumidores tienen derecho a recibir todas las informaciones, el etiquetado y el embalaje de los productos de consumo en lengua catalana”.

La directora de la Plataforma, Neus Mestres, ha pedido públicamente a estas empresas que “cumplan la ley y dejen de discriminar a los catalanoparlantes. En la mayoría de los supermercados sólo se etiqueta el 10% de los productos en catalán, por lo que el 90% de los productos que se comercializan en Cataluña son ilegales“. Por este motivo, Mestres ha pedido a la Agencia Catalana de Consumo que ponga más celo a la hora de multar a las empresas que incumplen esta norma.

Durante los últimos años, la Plataforma per la Llengua ha recibido cuatro millones de euros de la Generalitat en subvenciones para financiación este tipo de campañas coactivas. En 2012 recibió medio millón de euros y otro convenio le garantizó una inyección económica de 1,8 millones para el período 2013-2015. Por último, la Generalitat de Carles Puigdemont prevé financiarla con otros 1,8 millones hasta 2018.

En las últimas elecciones autonómicas catalanas, la Plataforma hizo campaña a favor de la candidatura Junts pel Sí encabezada por el mismo Artur Mas que le había adjudicado estas subvenciones. La entidad convocó en diciembre de 2014 un concurso de participación ciudadana para elegir al “enemigo del catalán”
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Entre los 20 candidatos se encontraban el presidente Mariano Rajoy, el líder de Ciudadanos Albert Rivera, el dramaturgo catalán Albert Boadella, el Tribunal Constitucional y los entonces presidentes autonómicos José Ramón Bauzá y Alberto Fabra. Un linchamiento público a los “enemigos del catalán”, financiado con dinero público de la Generalitat
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