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sábado, 12 de noviembre de 2016

El destino de los inmigrantes bajo la administración de Donald Trump


La inmigrante guatemalteca Amariliz Ortíz se reúne con familias afectadas por los ataques a la inmigración en los alrededores del Centro de Detención Metropolitana del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) situado en el centro de Los Ángeles (Foto: Nick Ut/AP).
Es posible que la cuestión de la inmigración haya sido la más polémica durante las elecciones presidenciales del 2016. Durante su campaña hacia la presidencia, Donald Trump juró en repetidas ocasiones que extraditaría a millones de inmigrantes indocumentados si salía electo como presidente. Ahora, ya presidente, a Trump se le presenta la oportunidad de cumplir con al menos algunas de estas amenazas.
Trump ha trazado un plan de 10 puntos sobre la inmigración, el primero de los cuales se refiere a que los ciudadanos estadounidenses deben ser lo primero. Las políticas propuestas afectarían a las visas de trabajadores altamente cualificados que llegaron a Estados Unidos de forma legal. La prioridad número uno, sin embargo, es “comenzar a trabajar en la construcción de un muro impenetrable en la frontera sur desde el primer día. México pagará dicho muro”.
“Construiremos un gran muro a lo largo de la frontera sur”, reiteró Trump recientemente en Arizona. “Y México pagará dicho muro”.
En respuesta a estas declaraciones, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo (en Twitter) lo siguiente: “Repito lo que le dije personalmente, Sr. Trump: México jamás pagaría por un muro”. Aunque todavía está por verse si realmente se construye el muro y quién lo financiaría, este es uno de los principales puntos que atraen a muchos de sus seguidores de base.
Posible final de las amnistías legales 
Entre otras de sus propuestas, Trump garantiza el final de lo que él llama “las dos amnistías ejecutivas ilegales del presidente Obama”: la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la de Acción Diferida para Padres de Norteamericanos y Residentes Permanentes Legales (DAPA), las cuales eximirían de la deportación a algunos inmigrantes.
El clima actual puede reforzar la intención de Trump de evitar que los inmigrantes indocumentados vivan en su país. El pasado junio, en el caso Estados Unidos contra el estado de Texas, la Corte Suprema dejó intacta una sentencia de un tribunal inferior que bloqueaba la DAPA, la cual hubiera eximido de ser deportados a cuatro millones de inmigrantes sin papeles que son padres de ciudadanos estadounidenses y que poseen la tarjeta verde. Después de que la administración de Obama apelara la sentencia, la Corte Suprema se dividió entre cuatro a favor y cuatro en contra.
Dado que en la Corte Suprema hay un puesto vacante, Trump tendrá la oportunidad de nombrar a un juez que le de viabilidad a sus políticas antiinmigración en el futuro.
El nuevo presidente electo también promete doblar la expulsión de inmigrantes sin papeles de Estados Unidos. Trump quiere triplicar el número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) con autoridad para identificar y expulsar a extranjeros del país.
En septiembre, Trump apuntaló su firme postura sobre la inmigración y su compromiso con la deportación masiva.
“No habrá amnistía”, dijo Trump. “Nuestro mensaje al mundo será este: no puedes conseguir el estatus legal o la ciudadanía de Estados Unidos si accedes de forma ilegal a nuestro país”.
¿Entonces qué ocurrirá con los inmigrantes altamente cualificados?
Aunque Trump ha sido criticado por emplear a trabajadores indocumentados y un programa de visas de trabajo para estudiantes en la construcción de sus hoteles, asegura que abolirá la inmigración cuando ocupe el cargo (si bien ha dado un giro de ciento ochenta grados sobre esta cuestión en numerosas ocasiones). Trump también ha criticado la visa H-1B, la cual permite a los empleadores estadounidenses contratar de forma temporal a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.
Señaló lo siguiente: “Conozco muy bien la H-1B. Y es algo que sinceramente utilizo, y no debería permitírseme usarla. No debería existir. Es muy malo para los trabajadores”.
H-1B es una visa para personas no inmigrantes que dura tres años, pero se puede solicitar una prórroga por tres años más, sumando un total de seis años. Los poseedores de esta visa no pueden quedarse de forma permanente en Estados Unidos y solo pueden conseguir prórrogas adicionales si su empleador solicita la residencia permanente (la tarjeta verde).
En los últimos meses ha habido una demanda constante de visas H-1B. El proceso de solicitud se abrió el 1 de abril y en solo cinco días se superó el tope de 85.000. Luego se llevó a cabo un sorteo en el que se asignaron 65.000 visas H-1B a empleadores que contratasen a trabajadores cualificados nacidos en el extranjero (con al menos un título de licenciatura), y las restantes 20.000 visas fueron asignadas a aquellas personas con títulos de posgrado obtenidos en instituciones de Estados Unidos.
En última instancia, la clave de la residencia permanente está en manos del empleador, quien no siempre está dispuesto a solicitar la tarjeta verde para sus empleados. Y Trump puede complicarlo más haciendo que el paso de la residencia permanente a la ciudadanía sea aún más difícil, por no decir imposible.
“Cuando los empleados altamente cualificados obtienen sus tarjetas verdes, se convierten en agentes libres, razón por la cual los empleadores no se arriesgan a solicitarla en su nombre”, apuntó Michael Wildes, socio gerente de la firma de abogados especializados en inmigración Wildes & Weinberg. “La visa H-1B es más un parche que una solución para la economía”.
Y Trump estaría de acuerdo con esta percepción de Wildes. Claramente, él define su postura en la página web de su campaña mediante la siguiente declaración:
“La afluencia de trabajadores extranjeros mantiene bajos los salarios, una alta tasa de desempleo y hace que las clases trabajadoras y pobres de Estados Unidos –incluidos los inmigrantes y sus hijos– tengan mayores dificultades para acceder a un salario de clase media […]. Necesitamos que las empresas contraten a personas inscriptas en la bolsa nacional de desempleados. Las solicitudes para los trabajadores deben ser enviadas a la oficina de desempleo y no a la USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos]”.
En otras palabras, los poseedores de una visa H-1B no deberían tener la posibilidad de obtener la ciudadanía. Más bien deberían preocuparse por la renovación de sus visas.
Trump también podría poner trabas a la obtención de visas H-1B por parte de los trabajadores extranjeros que la soliciten por primera vez; y podría hacerlo sin necesidad de contar con el apoyo del Congreso, al menos así lo apuntó Michael Bender en Bloomberg. Trump podría cambiar las reglas para exigirle a las empresas que paguen más dinero por las visas H-1B de sus trabajadores o que contraten a trabajadores estadounidenses desempleados en lugar de buscar más allá de las fronteras, comentó Bender.
Por supuesto, Trump no puede cambiar la política migratoria de la noche a la mañana. Si bien sigue sin quedar del todo claro qué es lo que ocurrirá con los inmigrantes sin papeles y con aquellos altamente cualificados, lo que es seguro es que se producirán cambios drásticos en lo referido a la búsqueda del conocido sueño americano.
Melody Hahm
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