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domingo, 17 de julio de 2016

La libertad de expresión en las redes a punto de ser apresada por el incivismo de los podemitas.

La oleada de de tuits nauseabundos tras la muerte en la plaza del torero Víctor Barrio ha vuelto a traer a la actualidad el debate sobre la libertad de expresión y el uso de las redes sociales. Hay que preguntarse hasta qué punto está amparada la difusión de comentarios soeces, intimidatorios, de odio o de amenazas contra una persona a través de Twitter y otras plataformas similares. El debate no es nuevo en España y de hecho ha habido casos que ya han llegado a los tribunales, casi siempre referidos a ataques a las víctimas del terrorismo.
Esta última polémica sobre el uso de Twitter para vejar a alguien ha coincidido con la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre el delito de odio y de enaltecimiento del terrorismo en esa red social, que condena a un año de cárcel a una joven que difundió tuits con mensajes en los que se burlaba de Miguel Ángel Blanco o Irene Villa, entre otras víctimas de ETA.
Merece la pena detenerse en los fundamentos de derecho de la sentencia porque abre la vía para poner orden en un territorio muy complicado, en el que cada persona se puede creer que tiene el derecho a decir lo que quiera y como quiera. El Supremo explica que comportamientos como el discurso de odio o el enaltecimiento del terrorismo «no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión». «No se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, que no está recreada en chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien concreto y referido a personas que se identifican con sus nombres y apellidos» y concluye que «el delito del odio no está protegido por la libertad de expresión ideológica»,
Es de esperar que un tratamiento similar al de las víctimas del terrorismo se imponga hacia otras personas o colectivos que se vean tratados en las redes sociales de forma atentatoria contra su dignidad. Las agresiones verbales en Twitter contra Víctor Barrio, su mujer y su familia que todavía estamos viviendo forman parte de ellos.El Tribunal se pronuncia de forma similar al dictaminar si actos de vejación a las víctimas en Twitter pueden considerarse delitos. También aquí la doctrina es clara: «La humillación o desprecio a las víctimas afecta directamente al honor como víctimas y, en último término, a su dignidad (...). En consecuencia, tampoco en este caso el ejercicio de la libertad ideológica o de la libertad de expresión pueden servir de cobertura a la impune realización de actos o exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto desprecio hacia las víctimas del terrorismo».
Esta sentencia cobra especial relevancia porque en estos momentos dos personajes públicos se las están viendo con la Justicia por un motivo similar. Uno es el líder del grupo Def con Dos, César Strawberry, que el martes pasó por la Audiencia Nacional, y el otro es el concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, para quien la propia Audiencia ha ordenado por tercera vez que sea llevado a juicio por mofarse de forma soez de Irene Villa. Aunque ambos han alegado su derecho a la libertad de expresión, con la reciente sentencia del Supremo tienen muy difícil mantener esta argumentación.
Estos casos concretos son importantes porque la Justicia va poniendo orden en la selva a la que a veces parecen asemejarse las redes sociales si no se pone coto a los abusos. No se trata de censurar -es imposible hacerlo cuando cada uno es un emisor y receptor de contenidos que viajan libremente por internet- sino de que las redes no se conviertan en un agujero negro legal en las que todo tenga cabida.
Las redes sociales son un fenómeno nuevo, y en ellas se dan comportamientos que pueden no estar contemplados previamente en la ley. Lo importante es que el legislador y, en su caso, la Justicia vayan dando respuesta a todas las situaciones que se vayan presentando.
Un ejemplo de esto lo tuvimos en 2014 con la doctrina del derecho al olvido en internet, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los ciudadanos tienen derecho a remover de los buscadores aquellos enlaces que violen alguno de sus derechos. Se trataba de algo nuevo que ha quedado regulado para siempre. Si, como se suele decir, lo que circula por Twitter, Facebook y las demás plataformas no es más que el reflejo virtual de lo que se mueve en el mundo real, en estos dos ámbitos tienen que regir las mismas reglas. Ni más ni menos.
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