Sigue el blog por EMAIL. Seguir por EMAIL

miércoles, 20 de julio de 2016

El sentido de la responsabilidad obliga a desbloquear la investidura. La lógica de las personas de bien.

El Congreso arrancó ayer la XII Legislatura con una sesión en la que Rajoy y Albert Rivera ratificaron el pacto suscrito un día antes. La suma de los diputados del PP y Ciudadanos (169) facilitó la elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso y también que ambas formaciones dispongan de la mayoría en la Mesa del Congreso, un órgano clave en una legislatura que estará marcada por la necesidad de acuerdos parlamentarios. La candidatura de Patxi López superó la primera ronda pero, pese al apoyo prestado por los diputados de Podemos, no pudo revalidar la presidencia de la Cámara Baja ante la incapacidad para recabar apoyos en la bancada nacionalista.
Lejos de ello, los candidatos del PP y Ciudadanos a dos vicepresidencias sumaron 179 votos, lo que quiere decir que 10 diputados nacionalistas dieron su respaldo a la propuesta de ambos partidos para el órgano de Gobierno de la Cámara. Como la votación era secreta, se desconoce la identidad de estos sufragios. Todo indica que la gran mayoría de esos apoyos provenía de las filas de Convergència.
El presidente del Gobierno en funciones aseguró que el único acuerdo suscrito es el que ha permitido la composición de la Mesa. "Quiero gobernar y pido que se me deje gobernar", subrayó Rajoy, quien confirmó su intención de someterse a la investidura el 2 de agosto, siempre que disponga de los votos necesarios para sacarla adelante. Además, recalcó que "no tiene sentido" prolongar sine die el bloqueo institucional que ha conducido a España a dos elecciones generales en menos de medio año y a un Gobierno en funciones desde hace justo siete meses.
Rajoy volvió a reiterar su disposición a gobernar en minoría si es preciso. El argumento principal que esgrimió para exhortar a Ciudadanos y PSOE a no retrasar la investidura reside en los desafíos económicos que deberá afrontar el nuevo Gobierno. Ciertamente, la situación de interinidad de estos meses ha impedido al Ejecutivo enviar ni un solo proyecto de ley a las Cortes. Pero, a la parálisis legislativa, se suma la necesidad de fijar un techo de gasto -que necesariamente debe ser aprobado por el Congreso y el Senado- y la elaboración de los Presupuestos del Estado para el próximo año, de los que depende la financiación autonómica. El Consejo de Ministros tendría que aprobar los Presupuestos, como muy tarde, el 23 de septiembre para que lleguen a la Cámara antes del 1 de octubre, que es la fecha límite que contempla la Constitución. Si esto no es posible, el Gobierno en funciones se vería obligado a prorrogar las cuentas públicas de este año, lo que obstaculizaría el cumplimiento del objetivo de déficit comprometido con la UE en un momento en el que Bruselas ya ha exigido un ajuste adicional de 6.000 millones de euros en 2017. A ello hay que añadir los desafíos en asuntos de máxima relevancia como Cataluña, la política exterior o la lucha contra el terrorismo
La celeridad para formar Gobierno, pues, no responde solo a un elemental ejercicio de responsabilidad política, sino a la urgencia de hacer frente a ineludibles obligaciones de Estado. Y, dada la envergadura de estos retos, el nuevo Gobierno requiere de un acuerdo de amplia base que garantice una mínima estabilidad. Descartada la gran coalición por la negativa rotunda de los socialistas, consideramos que la opción más factible es la de un Gobierno ahormado alrededor de un acuerdo de legislatura entre el PP y Ciudadanos, bien con la entrada de la formación naranja en el Gobierno o bien a través de un acuerdo entre los dos partidos que permita encarar las grandes reformas pendientes, ya sea en materia económica, educativa o de regeneración.
Esta opción, que sería coherente desde el punto de vista ideológico, pasa necesariamente por que Ciudadanos reconsidere su abstención en la segunda votación de investidura a Rajoy y se decante por el sí. Además, tal movimiento podría forzar al PSOE a la abstención, ya sea de una parte de sus diputados o de la totalidad de su grupo parlamentario.
Los tres partidos tienen que tener claro que tanto las exigencias institucionales como el hastío de los ciudadanos obligan a dejar a un lado el tacticismo y descartar la nefasta hipótesis de unas terceras elecciones. De Podemos -algunos de cuyos diputados volvieron ayer a recurrir al espectáculo como forma de hacer política- poco puede esperarse. En cambio, PP, PSOE y Ciudadanos deben traducir el mandato de las urnas en acuerdos que permitan un Gobierno que responda a los retos del país.
Publicar un comentario