Sigue el blog por EMAIL. Seguir por EMAIL

miércoles, 29 de junio de 2016

Una grabación ilegal descubre tres casos de corrupción de alto rango en Cataluña.

La grabación ilegal de varias conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, ha dinamitado la campaña a solo cuatro días de su cierre. En las escuchas, difundidas por Público, se deduce que el ministro presiona a su interlocutor para buscar pruebas que permitan incriminar a dirigentes de ERC y CDC en casos de corrupción. Las conversaciones tuvieron lugar en el despacho del ministro entre el 2 y 16 de octubre de 2014, un mes antes de la pseudoconsulta secesionista del 9-N convocada por la Generalitat.
Más allá del evidente oportunismo de estas revelaciones, justo en la recta final antes de las elecciones del 26-J, lo primero que cabe subrayar es que revelan uncomportamiento a todas luces inapropiado por parte de Fernández Díaz. El ejercicio de su cargo obliga a actuar con la máxima prudencia en todas sus actuaciones. Por ello, con independencia de los dispositivos utilizados, que una reunión en la sede oficial de Interior haya sido grabada y difundida supone un fallo gravísimo en las medidas de protección del departamento que, precisamente, tiene encomendada la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ni Fernández Díaz, ni Daniel de Alfonso negaron ayer la reunión, si bien ambos la situaron en un marco de normalidad en el ejercicio de sus cargos. La realidad es que el contenido que se ha hecho público coloca a ambos en una situación muy comprometedora. El reglamento de la Oficina Antifraude de Cataluña permite a su director despachar con la Administración del Estado, pero siempre en presencia del presidente de la Generalitat o del conseller de Interior. La reunión entre ambos, por tanto, fue improcedente, máxime teniendo en cuenta que trataron asuntos vinculados a cargos públicos y partidos políticos catalanes.
Ayer, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias y Albert Rivera pidieron la dimisión del ministro. Por el momento, creemos que es una exigencia desproporcionada. Primero, porque se basa en un fragmento de una conversación cuya extensión y literalidad completas se desconocen. Y, segundo, porque el carácter ilegal de las escuchas obliga a extremar la mesura en las reacciones.Lo que sí cabe exigir con total contundencia es la depuración de responsabilidades en este oscuro episodio que pone en cuestión el buen juicio del ministro. Y ello pasa, no sólo por que éste ofrezca explicaciones detalladas de su proceder, sino por el hecho de que la investigación abierta por la Policía Judicial concluya con la mayor diligencia y rapidez. Llegado el caso, y de confirmarse que maniobró para perseguir a sus adversarios políticos, Fernández Díaz tendría que abandonar el escaño -se presenta como número uno por el PP en Barcelona el próximo domingo- y la actividad política.
El ministro aseguró ayer que se siente "víctima de un atropello" y puso el foco sobre la filtración. Rajoy fue más allá y apuntó a una posible conspiración. Ciertamente, el espionaje a un ministro constituye un delito muy grave que viola un elemental principio de confidencialidad. No existen aún pruebas policiales que permitan delimitar la responsabilidad de esta acción. Lo que sí apuntan las primeras investigaciones es a que uno de los teléfonos móviles -probablemente el del responsable de Antifraude- fue pirateado. Pero, al margen del modus operandiutilizado, a nadie se le escapa que una actuación así no es obra de un un individuo, sino que más bien irradia el hedor del juego sucio propio de la cloacas del Estado, en el que los ajustes de cuentas entre los distintos aparatos policiales no son infrecuentes. Resulta inadmisible convertir a todo un ministro del Interior en arma arrojadiza de un chantaje de esta calaña.
El independentismo, como era previsible, aprovechó ayer las filtraciones para hacer causa común del victimismo. El Parlament -con el apoyo de todas las fuerzas políticas excepto el PP- inició los trámites para relevar a Daniel de Alfonso, mientras Puigdemont denunció la existencia de una "guerra sucia" y la "construcción de un GAL informativo" para interferir en el proceso soberanista. Artur Mas reclamó incluso el archivo de la causa del 9-N tras el "contubernio de tics franquistas". El uso torticero del espionaje le sirve a la oposición para intentar dañar a Fernández Díaz antes del 26-J. Y, sobre todo, a CDC y ERC le permite esgrimir que la corrupción destapada en los últimos años en Cataluña responde una campaña del Estado. Un argumento falso y burdo que alimenta la estrategia de intoxicación del independentismo.
Publicar un comentario