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viernes, 17 de junio de 2016

Democracia e ilegalización. Terrorismo y legitimación

Democracia e ilegalización

La ilegalización de un partido debería ser el último recurso para luchar contra el terrorismo y su legitimación.

La democracia es una delicada maquinaria de precisión que, como un reloj perfecto, basa su funcionamiento en un sinfín de complicados engranajes que marcan la medida del mejor de los sistemas posibles para la convivencia humana. Cada uno de esos mecanismos no sólo ha de ser impecable en sí mismo, sino que, además, debe mantener la cadencia de su movimiento en armónica consonancia con todos los demás, puesto que esa es la única manera de asegurar que las diferencias entre las personas se puedan conjugar en un sistema de igualdad de derechos. Este es el verdadero motor de la democracia: una igualdad inamovible de derechos que permite, a su alrededor, la rotación constante de todas las ideas diferentes.
En el sistema jurídico actual existen ya leyes para perseguir los delitos relacionados con el terrorismo
La ilegalización de un partido debe abordarse con gran cautela, pues plantea el serio riesgo de restringir la democracia
Es cierto que, muy a menudo, nos parece que la belleza inconmensurable de esta obra de ingeniería humana tiene, a su vez, el defecto de la fragilidad. El fallo de cualquiera de esos esmerados mecanismos puede producir el deterioro de todo el funcionamiento en su conjunto y es evidente que, en nuestra sociedad, hay una pieza suelta que se niega voluntariamente a engarzarse en ese eje fundamental que constituye el respeto a los derechos de quienes mantienen ideas diferentes. Los movimientos de esa pieza desencajada, que incluyen la legitimación del asesinato, la extorsión y la persecución, son ya en sí mismos un grave desperfecto que la maquinaria democrática debe esforzarse por recomponer. Ahora bien, Gesto por la Paz quiere llamar la atención sobre la delicadeza que se requiere para esa necesaria reparación, con el fin de que el pretendido arreglo no pueda llegar a suponer el deterioro de algún otro engranaje básico para el funcionamiento preciso del sistema democrático.
En este sentido, Gesto por la Paz siente cierta inquietud ante la inminente modificación de la Ley de Partidos Políticos, porque requiere intervenir sobre uno de los mecanismos de condición indispensable para cualquier democracia. La Ley de Partidos debe garantizar, en todo momento, el derecho de participación política, de manera que la realidad plural y los diferentes movimientos ideológicos de una sociedad compleja como la nuestra puedan tener reflejo en las instancias de representación pública. Así pues, la ilegalización de cualquier partido político supone una medida de gran relevancia que debiera estar perfectamente regulada, con el fin de que la persecución de los posibles delitos de algunos miembros de ese partido no suponga la pérdida del derecho de otra gran parte de la ciudadanía a que sus ideas estén representadas políticamente. En este orden de cosas, Gesto por la Paz observa que la reforma de la ley no debería fundamentarse, en ningún caso, en una supuesta eficacia en la lucha antiterrorista. Es decir, si la modificación de la ley contuviera algún elemento contrario a los principios democráticos, no habría justificación alguna para esa reforma por muy eficaz que resultara contra el terrorismo y, asimismo, si la modificación se considerase perfectamente legítima y necesaria, no se podría paralizar su aplicación, aunque se juzgase perniciosa para la lucha contra los delitos de terrorismo.
Gesto por la Paz considera que todo el proceso que va a desembocar en la modificación de la citada ley padece ya alguna merma cualitativa desde el punto de vista democrático. Para empezar, una medida de este tipo exige la búsqueda del mayor consenso posible. La ley vigente obtuvo un consenso prácticamente absoluto, puesto que formó parte de los acuerdos constitucionales. Por tanto, el enriquecimiento democrático requeriría que la propuesta de la reforma obtuviera, como mínimo, el mismo nivel de consenso, para lo cual sería necesario un mayor esfuerzo en la búsqueda de acuerdos que vayan más allá de la consecución de una mera mayoría cuantitativa. Por otra parte, desde el inicio de este proceso se ha cuestionado la constitucionalidad de algunos de los artículos del borrador de esta ley, sobre todo los que se refieren a su carácter retroactivo y a la ambigüedad e indefinición de las condiciones para la ilegalización de un partido. Parece que estos desvíos ya han sido subsanados, pero permanece la duda de cómo se van a aplicar cuando entre sus promotores se habla ya de supuestos plazos. Asimismo, es necesario recordar que el Estado de derecho exige la escrupulosa independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Gesto por la Paz condena la actuación política de Batasuna, especialmente por las continuas agresiones que comete contra la dignidad de las víctimas mediante la legitimación política de la violencia que las ha agredido y el continuo ensalzamiento de quienes han sido sus verdugos. No obstante, Gesto por la Paz considera que esa condena ética debería tener cumplido reflejo en la actuación política de los partidos y en las relaciones entre ellos, así como en la reacción social. Antes de abrir la tapa que encierra ese delicado mecanismo donde se guardan los fundamentos de nuestro funcionamiento democrático, se deberían agotar todas las herramientas que pueden y deben ser utilizadas en la urgente lucha contra el terrorismo y su legitimación. En el sistema jurídico actual existen leyes para perseguir los delitos relacionados con el terrorismo, tanto los de ejecución como los de pertenencia a banda armada, colaboración o apología. El Código Penal vigente ya contempla las razones por las que una asociación o partido político pueden ser declarados ilícitos: comisión de delitos, empleo de medios violentos, constitución de organizaciones terroristas o paramilitares o promoción de la discriminación, el odio o la violencia contra personas o grupos. De esta forma, Gesto por la Paz no puede compartir el planteamiento que dibuja dos situaciones extremas: aprobar la modificación de la Ley de Partidos o permanecer en un estado de impunidad para quienes delinquen.
Por último, como movimiento social, Gesto por la Paz no puede dejar de insistir en que la implicación activa de toda la sociedad y la unidad de los partidos políticos son mecanismos que provocan la necesaria deslegitimación política y social de la violencia. La supuesta fragilidad de la maquinaria democrática se convierte en su fortaleza cuando responde a la violencia con instrumentos de superioridad ética y moral. Es decir, la democracia no es débil frente a los ataques externos, sino que sólo se debilita cuando se confina y se mutila a sí misma.
La ilegalización de cualquier partido político debe abordarse con gran cautela, puesto que plantea un serio riesgo de restringir la democracia y la libertad de expresión. Por eso, la decisión de entrar a manipular uno de los dispositivos más delicadas del engranaje democrático provoca, cuando menos, una honda preocupación por los desajustes en la conjunción de derechos a los que puede dar lugar, sobre todo si se tiene en cuenta que la solución de los problemas que persigue se podía implementar mediante el sencillo gesto de dar cuerda a nuestro reloj.
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