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sábado, 28 de mayo de 2016

La crisis es tan injusta con incierta.


Se la voy a contar a ustedes tal y como me la han contado a mí.


Esta historia arranca en el invierno de 2014, cuando el padre de Andrea, un hombre fuerte, sano, candidato a longevo, muere repentinamente de un infarto cerebral. Marco tenía 51 años, y su súbito fallecimiento afecta tan profundamente a Vicenta, su viuda, que le provoca otro infarto cerebral, más leve, del que logra recuperarse no sin esfuerzo. Hasta aquí las bromas macabras del destino. Desde aquí, las que sólo corresponden a la voluntad de los seres humanos.
Marco y Vicenta vivieron juntos durante 30 años, pero no estaban casados ni inscritos como pareja de hecho. Por tanto, ella carece de derecho a cobrar una pensión de viudedad. La hija de ambos, Andrea, estudiante, que era menor de edad cuando murió su padre, sí tiene ­derecho a cobrar una pensión de orfandad, por la que recibe exactamente 194,30 euros cada mes. También heredó la única propiedad de la familia, el piso donde residen actualmente, una vivienda de 60 metros cuadrados situada en su pueblo, Vélez-Málaga. Y ahí empieza la pesadilla de Vicenta y de Andrea, a la que más le habría valido no heredar absolutamente nada.
Vicenta tiene 54 años y es parada de larga duración. Durante seis meses, entre mayo y octubre de 2014, percibió una ayuda del Ayuntamiento de su pueblo destinada a prevenir situaciones de exclusión social, 260 euros mensuales para comprar productos de primera necesidad, cuya adquisición tenía que justificar con las facturas correspondientes. Cuando esa ayuda se agotó, solicitó y obtuvo una prestación de 426 euros para desempleados sin ingresos durante un plazo de 11 meses, que está a punto de cumplirse.

La dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y a la educación tendrían que estar por encima de cualquier norma

Por desgracia, la historia de Vicenta no es excepcional. En España viven demasiadas personas, demasiadas familias, que atraviesan por situaciones parecidas. Por eso no les habrá llamado mucho la atención, pero les animo a seguir leyendo. Estoy segura de que no les defraudaré, porque lo que voy a contarles ahora es que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga reclama a Andrea, simplemente por haber inscrito a su nombre la vivienda que había heredado de su padre, una plusvalía de 8.647,35 euros, que los intereses de demora han incrementado en febrero de 2016 hasta la cantidad de 9.516,04 euros. Todo esto por un piso que es la única propiedad y la primera vivienda de la familia, y que en el mercado no alcanzaría un valor superior a los 70.000 euros. La guinda de esta bonita historia es que, en enero de 2015, el Ayuntamiento anterior, del PP, aprobó una bonificación del 95% de la plusvalía para familias en riesgo de exclusión, pero el nuevo equipo municipal, del PSOE, se niega a aplicar la retroactividad en este caso.
La única salida de Vicenta y de Andrea es vender el piso para poder pagar la plusvalía reclamada y quedarse sin casa para satisfacer la exigencia de un Ayuntamiento que conoce de sobra sus carencias, puesto que las incluyó hace dos años en una lista de vecinos en peligro de exclusión social. Después tendrían que alquilar otro piso, irse comiendo las ganancias poco a poco y, si la situación no cambia, que no tiene trazas de cambiar, Andrea tendría que abandonar la Universidad, inscribirse en el INEM y dedicarse a peregrinar, igual que su madre, por mostradores y oficinas, para repartir su currículum, encontrar trabajos donde trabajaría 40 horas para cobrar 20, o solicitar raquíticas ayudas y subvenciones. Ese es, en este momento, el panorama que se extiende ante ellas.
Yo soy partidaria del impuesto de patrimonio. Soy partidaria de la igualdad de los españoles ante la ley. Soy partidaria de la justicia. Por eso me parece inconcebible que se produzcan casos como éste, que es fruto de la arbitrariedad, de la inflexibilidad, de la inclemencia, del abuso de las instituciones, de la falta de sensibilidad y de empatía con los que sufren. La aplicación injusta de una ley justa la desvirtúa por completo. La dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y a la educación tendrían que estar por encima de cualquier norma administrativa. Un ordenamiento jurídico que no está dispuesto a contemplar casos excepcionales, en la excepcional situación de emergencia social por la que estamos atravesando, carece de legitimidad, puesto que se convierte en fuente de injusticias.
Las comparaciones me las ahorro. Seguro que a ustedes ya les han venido a la memoria suficientes casos de corrupción, de blanqueo, de fraude fiscal, de evasión de capitales y de institutos religiosos que no pagan ni un céntimo de impuestos, como para llenar media docena, o más, de páginas como esta.
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