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miércoles, 18 de mayo de 2016

El honor aniquilado.



José Manuel Otero ha publicado en ABC uno de los artículos de mayor calado que he leído en los últimos meses. En él se denuncia la felonía perpetrada por algunos políticos para defenestrar a sus rivales. Se contrata a ciertos servicios de investigación "paraoficiales", se detectan o se inventan determinadas irregularidades y a continuación se presenta una querella ante un juzgado de instrucción, "a poder ser de un juez con ideología política afín".
A continuación, se filtra a los medios de comunicación que Fulano de Tal va a ser investigado. El juez ha admitido a trámite una querella que le implica en hechos «irregulares». La maquinaria mediática se pone en marcha, se alienta el juicio paralelo y el honor de la persona afectada se desmorona hasta el trance de liquidación.
Tras subrayar el orgullo que siento por el excelente trabajo profesional de mis compañeros de las nuevas generaciones, un artículo en el que denunciaba el periodismo de la insidia que "entra a saco en la vida privada de reyes, presidentes, príncipes, gobernantes, políticos, artistas, actrices, actores, personajes varios de las distintas esferas sociales". Y concluía: "En algunas columnas, en ciertos espacios de radio, en determinados programas de televisión, en el océano digital, hay curanderos del periodismo que no dan noticias, sino que extienden rumores, bulos y especulaciones, cuando no deliberadas mentiras o descaradas calumnias. Todo vale para aumentar la audiencia".
El periodismo serio que se hace en España es de extraordinaria calidad y ha contribuido decisivamente y contribuye todavía a la cristalización de la democracia pluralista plena de la que disfrutamos. Pero en el mundo financiero, en el empresarial y, sobre todo, en el político se ha encontrado la fórmula para destruir al rival y, en todo caso, para aniquilar su honor. Cuando tras una denuncia amañada, tras una campaña mediática dirigida y alimentada, se pronuncia la Justicia, generalmente demasiado tarde, el daño está hecho y la sentencia absolutoria proclamando la inocencia del afectado sirve para poco. En el mejor de los casos, el honor de la persona en cuestión ha quedado hecho jirones ante la opinión pública.
La presunción de inocencia que consagra la Constitución es una raya en el agua, una entelequia teórica, un derecho escarnecido. Como ha explicado José Manuel Otero, el instigador de la tropelía habrá ganado el envite. Lo más lamentable es que ante la "injusta aniquilación del honor de un tercero inocente, haya partidos políticos con tanto histerismo anticorrupción que se pronuncian a favor del cese del político víctima de la maniobra del adversario".
No solo es la corrupción lo que distingue a la clase política española sino la mediocridad. El miedo a no salir en la foto, el temor a comprometer la mamandurria, el terror a ser desplazado del cargo que se ocupa, conduce a demasiados políticos a callarse ante la injusticia, a silenciar las verdades, a mostrarse políticamente correctos, a participar en la liquidación incluso del amigo inocente con tal de mantener las prebendas. De vergüenza ajena, en fin, la pertinaz cobardía de un sector abominable de la clase política española.
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