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lunes, 29 de febrero de 2016

Alcalde, concejales y PEDRO SÁNCHEZ que declararon persona "Non grata" a Rajoy han PREVARICADO, por tanto, deben ser inhabilitados ¡HOY¡


Escribir sobre el tema en cuestión, sencillamente es dar publicidad inmerecida a aquellos delincuentes que a sabiendas votaron por tal falsa humillación. Aun hoy el jefe de un partido votante (PSOE) opta a Presidente del Gobierno del Reino  de España.   Ya adelanto que estas iniciativas son una ilegalidad manifiesta, aparte una pérdida de tiempo y un delito evidente de`prevaricación.

La fiscalía, de inmediato, debe tomar cartas en el asunto. Los Ayuntamientos son competentes para el gobierno y administración del municipio (artículo 140 de la Constitución). Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades (artículo 1.1 de la LBRL), teniendo el derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses (artículo 2 de la misma Ley). Pero no se nos alcanza a entender en qué medida entra en los intereses de la comunidad de vecinos declarar el rencor u odio hacia una persona.

Siendo cierto que la jurisprudencia ha declarado que la declaración de persona non grata no afecta al derecho al honor, como dice la STS de 17/07/1988: «Tanto el Tribunal Constitucional como este mismo Alto Tribunal, en diversas Salas, han considerado que la expresión de ser persona “non grata” no constituye un ataque al honor ( STC 185/1989, de 13 de noviembre; STS, Sala de lo Contencioso, de 19 de septiembre de 1987; STS, Sala de lo Civil, de 28 de julio de 1995; STS, Sala de lo Penal, de 15 de marzo de 1994). Tal criterio se ha sustentado, sin embargo, en la consideración de que la calificación realizada por el Ayuntamiento constituye una apreciación subjetiva de los miembros de la Corporación que no significaba la atribución de cualidades deshonrosas, desmerecedoras del aprecio o estima públicos, mucho menos si se asocian varios partidos». Existe asociación de malhechores o grupo organizado de delincuentes. 

Esa misma sentencia explica claramente que el Ayuntamiento carece de competencia para hacer este tipo de declaración: «La no vulneración del derecho al honor por la declaración de persona “non grata” nada prejuzga sobre si los Ayuntamientos u otras instituciones públicas análogas tienen o no habilitación legal, en cuanto tales personas jurídicas, para hacer dichas declaraciones de persona “non grata” o, en general, para criticar a los administrados. En todo caso, resulta claro que no puede equiparse la posición de los ciudadanos, de libre crítica de la actuación de las instituciones representativas en uso legítimo de su derecho de libertad de expresión, a la de tales instituciones, cuya actuación aparece vinculada al cumplimiento de los fines que le asigna el ordenamiento jurídico, entre los cuales, ciertamente, no se encuentra el de atribuir calificativos a sus administrados ( STC 185/1989, de 13 de noviembre)».

En el mismo fallo jurisprudencial se avisa a navegantes, considerando que la falta de consideración por los precedentes fallos jurisprudenciales como atribución de cualidades deshonrosas, desmerecedoras del aprecio o estima públicos no puede elevarse a la categoría de doctrina general porque los distintos pronunciamientos jurisdiccionales a que se ha hecho referencia parten de determinados supuestos circunstanciales, como la falta de divulgación o de difusión o por situarse la declaración en el contexto de una controversia entre el declarado “non grato” y la corporación municipal que ya había trascendido a la luz pública, lo que excluía que la decisión municipal pudiera atribuirse por terceras personas a causas distintas, que eventualmente, pudieran constituir un menoscabo de la aceptación o aprecio público. A contrario sensu la declaración hecha respecto a una persona, sin previa controversia con el afectado por la declaración, puede suponer una ofensa, que podría llegar a considerarse delito de injurias valiéndose de su poder dominante.

Propongo y así haré constar que por parte de los declarantes se adopte el acuerdo previo de que no tienen asuntos más interesantes que tratar para los vecinos que la declaración, ofreciendo su renuncia inmediata e informen de tal fechoría al pueblo hasta que se pronuncie la justicia. Reitero, Pedro Sánchez, era conocedor de tal  fechoría. , en definitiva, el posible investido es un delincuente. La justicia debe poner remedio antes de  que el daño pase a mayores.



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