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viernes, 31 de julio de 2015

¿Plebiscitarias? Con solo mecionar el término independencia en campaña electoral, las elecciones se podría impugnar ..con éxito garantizado.


Artur Mas es un catalán frustrado políticamente, rígido mental e insolidario con su propio pueblo. Ante este benévolo análisis, no le queda otro remedio que oscurecer sus mermas y, mira por donde, la ha tomado con jugar al despistes semántico, aunque con un solo propósito, JODER AL PUEBLO¡ Poco a poco, el presidente de la Generalitad ha ido buscando como encajar apellido de “plebiscitarias”. Y así, “plebiscitarias”, las llama el Consejo Asesor para la Transición Nacional creado por el Gobierno catalán con el encargo de buscar cauces para las anticipadas elecciones en Cataluña.

Consultados seis catedráticos de Derecho Constitucional para tratar de explicar qué son las elecciones plebiscitarias y qué efectos tendrían. Todos coinciden en que no existen y no tendrían ningún efecto.

No es la primera vez que el presidente de CiU y de Cataluña utiliza esa figura plebiscitaria para presentarla como alternativa al referéndum: lo hizo, por ejemplo, hace un año en una rueda de prensa en Bruselas. Después de que le preguntaran varias veces por su plan B en el caso de que el Gobierno vetara la consulta, Mas dijo: “Incluso en el último momento, si no hay más remedio, se puede transformar una convocatoria electoral en un referéndum”.

No, no se puede transformar una convocatoria electoral en un referéndum, según los seis expertos consultados. En la ley Electoral no aparece la vía de las “elecciones plebiscitarias”. “O hay elecciones o hay referéndum. Y plebiscito es sinónimo de referéndum”, señala Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona, que se declara “dolida” ante la posibilidad de que se convoque en Cataluña una modalidad de votación vinculada en el pasado a “regímenes populistas y a menudo dictatoriales, donde las elecciones se centraban en el apoyo a un líder”.

Las elecciones son a todos los efectos, elecciones autonómicas, insiste Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en Girona. Otra cosa es que algunos partidos concurran a esos comicios comprometidos con la independencia, o incluso con un programa en el que solo haya un punto: la independencia. Eso lo asemejaría, en la práctica, a un referéndum. “Podrían hacerlo, porque en los programas se puede poner lo que se quiera. Pero luego no podrían utilizar el resultado para declarar la independencia: eso sería una ilegalidad clamorosa”, subraya Arbós. Él, que sí ve “espacio jurídico” para una consulta en Cataluña si se pacta con el Gobierno central, rechaza por engañosa la fórmula de las elecciones plebiscitarias.


Más duro es Pablo Oñate, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid: “Si un partido quiere proponer la independencia en su programa, que lo haga. Yo recuerdo una campaña electoral en la que había un partido cuyo compromiso electoral era establecer conexión con vida extraterrestre. Pero lo que tiene que estar claro es que elecciones y plebiscito son dos cosas distintas. Se está intentando confundir el debate y al ciudadano mezclando churras con merinas. Eso solo consigue aumentar la confusión”, dice. Roberto Blanco lo tacha también de “fraude político” y “engaño a los electores”.

En 2008, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta soberanista anunciada por el lehendakari Juan José Ibarretxe en el País Vasco; entre otros argumentos, el alto tribunal determinó que una pregunta que afecta a la “redefinición” del Estado solo puede hacerse a todos los españoles, no a una parte. Si las elecciones catalanas se convirtieran en un referéndum encubierto sobre la independencia, ¿podría impugnarlas el Gobierno, apoyándose en aquella sentencia? Xavier Arbós, Ricardo Blanco y Pablo Oñate creen que, en principio, no. “Impugnables no son mientras no generen efectos jurídicos. Sí podrían serlo si, por ejemplo, el decreto de convocatoria hiciera referencia expresa a que se trata de un plebiscito”, apunta Blanco.

María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, es más tajante: “Si esa convocatoria es un referéndum encubierto, se convertiría en sí misma en un fraude de ley y el Gobierno podría plantearse impugnarla”, afirma. Teresa Freixes se sitúa en un punto medio: cree que no se puede impedir que los partidos concurran a unas elecciones con los programas que quieran, pero sí ve el riesgo del “referéndum encubierto”. “Lo que ocurre es que eso es muy difícil de perseguir. En derecho se llama levantar el velo: probar el fraude jurídico, demostrar que algo es realmente una cosa distinta a la que pretende ser”, explica.
Artemi Rallo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I de Castellón, tampoco ve una vía genérica de impugnación, aunque sí una “remota”: “La ley Electoral solo permite hacer campaña a los partidos. Si en esa campaña participaran, por ejemplo, organizaciones o plataformas por la independencia, eso sí podría denunciarse”.
¿Quién y cómo interpretaría el resultado?

Xavier Arbós señala que “nadie ha explicado cómo se contarían los votos” en esas elecciones. “Al no ser un voto directo en una consulta, podría ocurrir que quien ganase en votos no ganase en escaños. ¿Qué pasaría entonces?”, se pregunta. Roberto Blanco añade que “el efecto plebiscito exige un consenso en la lectura del plebiscito”, y augura que “eso no va a ocurrir aquí”. “Unos partidos leerían el resultado de una manera y otros de otra, sobre todo porque hay varios partidos que no van a aceptar haber participado en un plebiscito cuando lo que ha habido son unas elecciones autonómicas”, remarca.


Nunca se han convocado unas elecciones plebiscitarias en España, aunque el propio Artur Mas ya les dio un carácter muy similar a las autonómicas de 2012. La referencia que en los últimos días se ha hecho en algunos foros a las municipales de 1931 que se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía —y derivaron en una proclamación de la República por la vía de los hechos— es rechazada por los constitucionalistas. No es comparable, dicen, porque entonces España salía de una dictadura y no existía una “legalidad constitucional democrática”.

jueves, 30 de julio de 2015

El radicalismo/populismo de Podemos cae en picado; Ciudadanos, emerge con garantías.


En las elecciones europeas del 25M aparecieron dos nuevas fuerzas políticas con resultados importantes en toda España, Podemos y Ciudadanos. Los posibilistas se dimensionaron enseguida para alcanzar registros históricos en el mes de diciembre. Por esas fechas, le disputaban las elecciones al PP con seis millones de votos, pero en el mes de febrero de este año se dimensionó Ciudadanos y el PSOE recuperó la segunda posición. Desde entonces, los electores de más edad, menos urbanos, más dependientes y peor formados, votan significativamente más por el PP o el PSOE, mientras que los más jóvenes, mejor formados y urbanos, lo hacen por Podemos y Ciudadanos. Finalizando el mes de febrero mandaban el PP y el PSOE, aunque eran demasiado pequeños y sumaban unos 220 escaños, mientras que se posicionaban Podemos y Ciudadanos reuniendo cerca de 100 actas donde antes no había nada.

El nuevo escenario cuatripartito se materializó en Andalucía, pero Podemos no supo explicar su resultado, el sistema lo tradujo en derrota y los aplastó. Ciudadanos, por el contrario, supo arrastrar a Susana Díaz durante un mes, para llegar al momento en el que en su misma situación se encontraba media España. Todo el episodio nos sirvió para visualizar la incompetencia electoral del sistema político-mediático de los dos lados, que supuso durante este tiempo que no había pasado nada; se votó en mayo y los ciudadanos más jóvenes lideraron a sus mayores y le arrebataron al viejo bipartito las grandes capitales y municipios metropolitanos.


Podemos y el PSOE pactaron gobiernos contra el PP, pero en Grecia cundió el pánico financiero y hubo que cerrar los bancos. Pablo Iglesias, que llama Alexis a Tsipras porque comparte proyecto en el sur de Europa, quedó atado al digno no del referendo griego. Pero no saben identificar la conquista y asumen el corralito como pasivo, alejándose así del mandato. ¿Por qué los pitufos de IU son gruñones, pero no los de Esquerra Unida i Alternativa, que hace cremallera en ICV y es lo mismo que el PCE pero en catalán? ¿Por qué en la Comunidad Valenciana Podemos cede el liderazgo a Compromís, que es otro aparato con cuotas, declarando incluso que su líder es Mónica Oltra, la vicepresidenta de Ximo Puig, que es del PSOE? ¿No es esto quererlo todo y además suponer que la gente es idiota? Podemos es un fenómeno electoral equivalente al que protagoniza Syriza en Grecia y el M5E en Italia, y si no le viene bien a Pablo Iglesias, aparecerá otro en su lugar, podría pensarse, porque su sitio no es al lado del PSOE, es enfrente.

Sin embargo, todo el mundo sabe que el día 27 de septiembre se votará en Cataluña y el artefacto Podemos-ICV/EUiA vapuleará al PSC, mientras que Ciudadanos hará lo propio con el PP y Artur Mas conseguirá los 68 que necesita, aunque con CUP. Esto es lo que tiene que suceder en vísperas de unas elecciones generales que hoy gana el PP, pero por debajo del 30 % de los votos válidos y muy alejado de los 140 escaños que dicen tener

miércoles, 29 de julio de 2015

¿Por qué no influye la mejora de la economía en la intención de voto?

Volver a caer en el eje del mal vivir sería el tercer error y pienso que definitivo. PSOE/Podemos y gente de mal vivir solo son portadores del virus de la ignorancia ajena y la miseria propia. 

La respuesta a la pregunta que da título a este artículo es rotunda si uno se deja llevar por lo que indican las encuestas: la primera preocupación de los españoles es el paro y la marcha de la economía. Siendo ello así, resulta extraño que la agenda pública lleve muchos meses centrada en asuntos que poco o nada tienen que ver con ambas cosas. Y que una y otra apenas parezcan influir, contra lo que cabría esperar, en la intención de voto de los españoles.

Nadie se atreve a negar ya, por supuesto, lo que acaban de indicar el FMI y la OCDE: que España estará a la cabeza del crecimiento en los países avanzados en el 2015 y será el país de la OCDE que más empleo creará este año y el siguiente. Pero, aceptados, como si fueran nada, tales hechos, increíbles hace tres años, cuando Zapatero dejó el país hundido en un desastre de descomunales proporciones, se ha convertido casi en una moda contrarrestar su indiscutible importancia con una simpleza convertida en un auténtico prejuicio popular: que la macroeconomía va bien, sí, pero sin que esa mejoría se traduzca en la microeconomía, es decir, en lo que se ha dado en llamar «la vida de la gente». La gente (concepto vaporoso donde los haya cuando se habla de economía) no lo nota, se nos dice, lo que equivale a sostener que puede un país crecer y crear puestos de trabajo sin que ello influya en los cientos de miles de personas que se benefician del aumento del empleo y en los millones que lo hacen del crecimiento de la economía.

Basta seguir a diario las noticias para comprobar que, aunque hay sectores sociales que siguen pasándolas canutas (los parados de larga duración y las familias donde no trabaja ninguno miembro), los buenos datos macroeconómicos sí tienen un reflejo evidente en la vida de la gente: ayer, sin ir más lejos, el Banco de España constataba el «elevado dinamismo» del consumo privado y sabíamos del incremento anual del 11 % en la constitución de hipotecas. A esos datos podrían añadirse otros muchos, como el aumento espectacular de la venta de automóviles, el crecimiento interanual del número de pymes, la reducción entre enero y junio de un 46 % del número de afectados por un ERE respecto al mismo período del 2014, el notable incremento del turismo interior y la significativa reducción interanual del número de ejecuciones hipotecarias. ¡Si eso no es «la vida de la gente» que venga Dios y lo vea!


Sin embargo nada de ello parece afectar de verdad a la valoración de la gestión de los partidos al frente del Gobierno y de la oposición, de lo que cabría deducir algo que contradicen todas las encuestas: que, en realidad, la política le preocupa a millones de españoles mucho más que la economía. Dicho en plata: que, cuando a los españoles les preguntan, muchos dicen lo que creen que es políticamente correcto y no lo que piensan de verdad.

martes, 28 de julio de 2015

Los pobre,políticamente,son incorrectos, pero atractivos votantes.


Menuda lío ha armado, Joaquín Leguina al decir con dureza una verdad que contradice la demagógica, la farisaica y la verdad políticamente correcta. «Si yo me dedico a cuidar pobres, me interesa que haya muchos porque si no los hubiera, ¿a qué me dedicaría?», ha declarado el político socialista, demógrafo, escritor y primer presidente que tuvo la comunidad de Madrid durante las tres primeras legislaturas. Y a renglón seguido ha añadido que «nunca» se ha creído los datos que señalan que el 22 % de la población española es pobre, y que los miembros de determinadas oenegés «mienten» porque quieren que haya más pobres y «así encontrar sentido a su vida y no quedarse en paro».

Que hay que dudar de esas cifras es higiénicamente obligatorio, porque con frecuencia son esas mismas ONG´s  las que, en connivencia con organismos internacionales, mueven periódicamente el listón del umbral de la pobreza en los países desarrollados para incluir en ella a quien no tiene en esta particular cesta de la compra determinados artículos. Si un día deciden que la merluza de pincho o un determinado zumo son alimentos básicos, pobres merluzas de pincho y menudo negocio para los fabricantes de zumos.


Seamos serios, ¿alguien en su sano juicio cree que en España hay 13 millones de pobres? Al final siempre hay un porqué, y en esta ocasión el porqué es, una vez más, el dinero. Si se abren todo el año los comedores escolares es negocio para la empresa de restauración, para los vendedores de alimentos, para los cocineros y para los vigilantes de esos comedores y los cuidadores de los niños. Y siempre habrá clientes porque, aunque no sea correcto decirlo, en Europa hay varios colectivos extranjeros, reacios a la integración y en permanente y activa autosegregación, que se han habituado a tener gratis cuantas más cosas mejor. Si es la educación, estupendo; si también la sanidad, mucho mejor, y si añadimos la comida de los hijos, la vestimenta y la vivienda, maravilloso. ¡Señor, que Dios se lo pague!


En torno a la pobreza en los países desarrollados, ¡que existe, claro que sí!, hay también mentira y negocio. El Reino Unido ha sido, hasta ahora, el último de la UE en anunciar que podrá negarse a dar prestaciones sociales a personas que lleguen al país con el único propósito de recibirlas, sin que en su ánimo esté buscar trabajo. Esta medida contra individuos y poblaciones que practican la llamada «trashumancia de la pobreza» o «turismo social», sancionada como constitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales de Alemania, se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que señala en el fallo que «un Estado miembro debe contar con la posibilidad de denegar las prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no desarrollen una actividad económica y que ejerzan su libertad de circulación con el único objetivo de percibir la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia». Dicho queda, aunque sea incorrecto.

Los soplagaitas de la independencia de Cataluña o manipulares de su historia.

Históricamente, todo proceso de unificación o independencia tiene su héroe y su leyenda, que sirven para reforzar el sentimiento de unidad de las nuevas naciones. Tiende siempre la ciudadanía emancipada a situar en el altar del imaginario colectivo a figuras indiscutidas por su arrojo, su inteligencia o su entrega a la causa, que ni siquiera tienen por qué haber sido los líderes del proceso, violento o no, que ha conducido a la conformación de la nueva patria. Tenemos así a un Simón Bolívar, reivindicado ahora hasta la náusea por el chavismo, pero que fue siempre una figura venerada en Hispanoamérica. Italia tiene en el intrépido y romántico Garibaldi al héroe del risorgimento sobre el que forjar una épica propia en un país que no anda sobrado de mitos intachables. Y están también el aguerrido Michael Collins como símbolo del independentismo irlandés y hasta el fornido William Wallace como tótem del secesionismo escocés.

El cine se ha fijado siempre en el poder icónico de esos libertadores de las patrias y ha recreado sus biografías en diferentes películas con mayor o menor fortuna y no pocas licencias poéticas. Pero Cataluña tiene ahora un verdadero problema para encontrar una figura que sirviera tras su más que improbable independencia como santo laico al que su población, liberada ya del yugo español, pudiera venerar. Y eso es así porque, frente a esos héroes casi mitológicos, mártires o caudillos de sus causas patrióticas, el actual desafío independentista catalán lo protagonizan personajes ínfimos. Políticos que, en lugar de paladines de la liberación al servicio de un noble ideal, son consumados trileros, maestros de la trampa, el engaño, la doblez y la chapuza, cuya estrategia consiste en tirar la piedra y esconder la mano, ocultando la bolita para ver si al final, arriesgando nada, suena la flauta.


No se imagina uno un filme de Hollywood sobre las hazañas de Artur Mas, el de la sonrisa floja en el Camp Nou cuando lo de la pitada; el contumaz trapisondista que falsifica la historia y cambia de principios cada día para seguir en el machito y el que, en lugar de abanderar la revuelta, se parapeta tras las dos mujeres que lideran las plataformas soberanistas. Tampoco servirían para un Braveheart a la catalana el pícnico Junqueras, especialista en la suerte tremendista de decir en voz baja y poniendo cara de pasmado barbaridades como establecer diferencias genéticas entre españoles y catalanes, ni David Fernández, el fofisano lanzador de alpargatas de la CUP. Y, aunque físico no le falta, no parece que el profesor de lambada que encabeza la caótica lista de Junts pel Sí, cuya iniciativa más relevante es haber pedido que Europa investigue el pisotón de Pepe a Messi, dé para una epopeya independentista. Claro que peor lo tienen los soberanistas que busquen más atrás y comprueben que aquel Pujol que inició todo esto, al que consideraban un Bolívar con barretina, era solo un presunto delincuente y defraudador confeso. Malos tiempos para la épica soberanista en Cataluña.

lunes, 27 de julio de 2015

Tsipras, Pedro Sánchez/Zapatero/Pablo Iglesias y sus bandas, el Grexit o un lío de mentecatos.

El socialismo no tiene espacio en la sociedad moderna. ¿Por qué? Sencillamente porque son unos incompetentes bananeros cargados de ira y mala leche. Han sido incapaces de acceder a una narrativa que enganche con esta nueva necesidad sentida de recuperar la dimensión épica para la política.

Hubo un antes y un después para el prestigio de Zapatero desde la presentación ante el Congreso de sus medidas de ajuste ese infausto 12 de mayo de 2010. Tsipras, por el contrario, con la salvedad de un sector de su partido, ha conseguido mantener casi inalterada su figura de gran timonel de izquierdas. En este caso, además, subvirtiendo la manifestación en contrario de su propio demos. Ambos, sin embargo, fueron sujetos a un disciplinamiento similar por parte de los mismos. Zapatero ha pasado a la historia como una especie de renegado Kautsky, un personaje trágico obligado a bajar la cabeza ante la soberbia de la tecnocracia europea, mientras que el griego sigue en pie como gran esperanza blanca del continente; es más, como gran hombre de Estado que se repliega estratégicamente para no aumentar el dolor de su pueblo y esperar el momento adecuado para hacer realidad sus ideales. Tsipras contó además con el apoyo de la derecha griega en su "giro realista"; Zapatero hubo de afrontar encima el abandono del mayor partido de la oposición, esos que luego darían una decisiva vuelta de tuerca a las medidas a las que entonces se opusieron.

Grecia no es España, claro. En un caso estuvo en juego el que España fuera rescatada, en el otro el Grexit; uno negó la crisis y estuvo al frente del gobierno durante su gestión primera, el otro pretendió enmendar lo que sus predecesores habían destrozado. Pero, salvadas estas diferencias, que no son baladí, llama la atención el enjuiciamiento tan dispar que se ha hecho de ambos líderes. ¿Por qué, ya que en ambos casos se trata de la aceptación de medidas heterónomas y de una indudable incapacidad para escaparse de eso que ahora se llama el Diktat alemán y de Bruselas, algo que en la izquierda del sur se percibe como el sumo mal?


La razón es bien sencilla y hay que ir a buscarla en las estrategias de construcción de realidad de los diferentes discursos. Para el dominante en la izquierda más radical, Zapatero fue el típico socialdemócrata y, por tanto, vendido al capitalismo financiero; Tsipras, por el contrario, es el héroe trágico obligado a la tarea hercúlea de doblar el brazo a los poderosos. Aquél que ahora se repliega, pero que, en el nuevo imaginario, espera que sus colegas españoles accedan al poder para poco a poco emprender el asalto al nuevo palacio de invierno, las instituciones europeas. Podrá ser más o menos simplón, pero es un relato, algo de lo que hoy por hoy carece la socialdemocracia. Entre otras razones porque ya están en aquellas instituciones y gobiernan países del peso de Francia e Italia. Lo curioso es que tanto Hollande como Renzi evitaron el Grexit, pero la socialdemocracia europea sigue siendo incapaz de acceder a una narrativa que enganche con esta nueva necesidad sentida de recuperar la dimensión épica para la política. Algo que esté más allá de la fría racionalidad tecnocrática o del calorcito del renovado canto a los pueblos.

viernes, 24 de julio de 2015

Justicia tardía no es Justicia


“La tardanza de la justicia es uno de esos males de los que el hombre sólo puede librarse mediante el suicidio”. (W. Shakespeare. Hamlet)

Leyendo y pensando detenidamente una carta que me envía un español, de origen sirio y médico de profesión, que durante nueve años y pico ha sufrido la insoportable lentitud de la justicia. Detenido y acusado a finales de marzo del año 2006 por la acusación, junto a otras personas, de un delito de depósito de arma de guerra y que desde el primer día negó, ahora, finalmente, tras un largo calvario judicial, el tribunal le ha absuelto con todos los pronunciamientos favorables.
De sus palabras destaco éstas: ¿Quién me repara tanto dolor, tanta angustia, tanto sufrimiento? ¡La injusticia de tan extensa espera me ha consumido el valor, agotado la confianza en la Justicia, destrozado el corazón! ¡Estos años han tenido para mí más horas de desesperación que minutos de esperanza!.

El mismo día que recibo este gemido, leo que más de 8.000 juristas, entre ellos jueces, fiscales y sobre todo abogados, bajo el lema de “Justicia tardía no es Justicia”, han inundado Twitter con mensajes e imágenes en las que se denuncia esa lentitud de la justicia y hablan de juicios y vistas para 2017, 2018, 2019 e incluso 2020.

Cualquier democracia debería perder el nombre si no es capaz de juzgar a su debido tiempo. Las insoportables demoras de la justicia convierten al Estado de Derecho en algo meramente retórico, sin que valgan excusas de sobrecargas de trabajo o falta de medios materiales y personales. Como el Tribunal Constitucional ha declarado en la reciente sentencia 87/2015, de 11 de mayo, “por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica (…) de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. (…) El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramita el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática (…)”.

Éste es también el criterio reiterado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y así en la sentencia Lenaerts contra Bélgica, de 11 de marzo de 2004, la Corte de Estrasburgo razona que el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales “obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”.

O sea, que no es posible aceptar que se vive en democracia con una administración de la Justicia donde la respuesta judicial al reconocimiento de un derecho o la determinación de quien es inocente o culpable, duerma años y años en los estantes judiciales, con métodos arcaicos, tortuosidades y dilaciones inhumanas. Con horror hemos de contemplar los daños que causan las excesivas e indebidas dilaciones y procedimientos hay que duran tanto como las cuatro etapas del hombre; es decir, toda una vida.

En Bleak House o Casa desolada, Charles Dickens escribe del famoso caso Jarndyce/Jarndyce como “este pleito de espantapájaros se ha ido complicando tanto con el tiempo que ya nadie recuerda de qué se trata (…); durante la causa han nacido innumerables niños; innumerables jóvenes se han casado; innumerables ancianos han muerto. Docenas de personas se han encontrado delirantemente convertidas en partes (…), sin saber cómo ni por qué; familias enteras han heredado odios legendarios junto con el pleito. El pequeño demandante, o demandado, al que prometieron un caballito de madera cuando se fallara el pleito, ha crecido, ha poseído un caballo de verdad y se ha ido al trote al otro mundo. Las jovencitas pupilas del tribunal han ido marchitándose al hacerse madres y abuelas; se ha ido sucediendo una larga procesión de cancilleres que han ido desapareciendo a su vez; la legión de certificados para el pleito se ha transformado en meros certificados de defunción; quizá ya no queden en el mundo más de tres Jarndyce desde que el viejo Tom Jarndyce, desesperado, se voló la tapa de los sesos en un café de Chancery Lane (…)”.

No sé si algún día el hombre al que me he referido y que justifica estas líneas será indemnizado por el Estado ante un patente “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” y en aplicación de los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tener éxito en la pretensión, se me ocurre que con el dinero que reciba podría comprarse un reloj suizo, con todos los adelantos y hasta con números fluorescentes para la noche. Un reloj con mucha vida que le haga superar el amargo, bárbaro y desalmado tiempo de esos casi diez años de espera judicial. Camilo José Cela hubiera escrito unas páginas memorables –algo hizo con mano maestra en El asesinato del perdedor– dedicadas a las víctimas de la desidia de la Justicia, esa institución por la que Cronos, el anciano dios del tiempo, llora de impotencia y rabia al verla con tanta galbana.


JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO, Abogado

¿Necesita un cambio la Constitución?

La constitución vigente, que ha prestado grandes servicios, ya no es suficiente para garantizar nuestros derechos. Estamos obligados a fijar nuevas reglas que limiten el poder, también financiero y devuelvan la eficiencia a nuestros dirigentes

La necesidad lo determina todo. Somos la única especie que para poder vivir tiene forzosamente que decidir, tiene que elegir y competir. Y esta necesidad se ha convertido en nuestra categoría diferenciadora y nos ha forzado a organizarnos y a fabricar el Derecho, un conjunto de palabras, de reglas que inventamos para poder defendernos, para poder mantenernos. La verdad en derecho es verdad porque nos interesa.

Por eso no hay un Estado sin Derecho aunque solo el Estado de derecho, la democracia, viene regulada y sometida a una norma superior que nos dice quién puede ejercer el poder y en qué condiciones, cómo se hacen las leyes y cuáles son nuestros poderes. Así es; la Constitución es un producto nuestro, demasiado nuestro: parcial, imperfecto, caprichoso y siempre interesado, que debe cambiar porque sus palabras también envejecen y se desgastan como cualquier otra materia.

La Constitución es como el agua o el oxígeno, una herramienta, no un fin; un instrumento que no tiene nada trascendente. Un pacto, un contrato social que institucionaliza un determinado “orden” que será justo si sirve para realizar los derechos. Por eso la Constitución o la ley a toda costa no tiene sentido, porque lo primero debe ser la persona, todo lo demás son medios e instrumentos.
Y así hace apenas una generación los ciudadanos nos tomamos muy en serio y consensuamos la mejor, la más eficiente Constitución de nuestra historia. Pero todo lo que tiene un principio tiene un final. ¿Cómo podría ser si no? Todo aquello que se produce nace y muere, y nuestro actual contrato social, sobre todo después de la última reforma, está herido, fuera de época y los poderes del Estado muestran claros síntomas de debilidad y la debilidad es ruidosa como la copa vacía que siempre hace más ruido que la llena, y autoritaria, porque el más armado suele ser el más cobarde.

La forma de elección de nuestros representantes, necesaria y adecuada para consolidar la democracia tras décadas de dictadura, no nos representa y las dotadas y caras instituciones de garantía han dejado de ser comisiones de control para convertirse en instrumentos de los partidos y del Gobierno al que debieran vigilar. Sencillamente, están a sus órdenes, pendientes de sus intereses e instrucciones.

El príncipe de cada partido designa a los diputados y senadores que nombran directa o indirectamente a los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo General, Defensor… y terminan nombrando a sus ministros y a gran parte de la Administración central, autonómica y local, también a los consejeros de empresas públicas, del Banco de España… Esto ocurre hoy, cuando es más necesario que nunca poner freno al caciquismo y clientelismo de la función pública, entre otras cosas porque oculta y facilita la corrupción. Por eso, el cambio también implica sacar a los amigos y familiares de los cargos públicos y eliminar los privilegios de aquellos partidos políticos que han recibido dinero de forma ilimitada de cajas y bancos que salvamos de la quiebra con nuestros impuestos.

Es más necesario que nunca frenar la corrupción, el caciquismo y el clientelismo
¿Qué duda cabe? Los partidos endogámicos están contribuyendo a debilitar la democracia al instrumentalizar las instituciones de garantía en su propio interés y convertirlas en muros de contención de las protestas. Cuando las cosas van mal, cuando arrecian los gritos de indignación de la gente, piden un informe o aprueban una norma para intimidar.

Han convertido la ley en propaganda, en objeto de consumo. Se anuncian, tramitan y reforman para calmar los ánimos, para distraer la atención o desarticular una protesta. Leyes ligeras, sin consistencia, aprobadas para la galería y a menudo poco claras, coyunturales, sin vocación de continuidad, incluso mal redactadas, con un exasperante legalismo, un exceso de concreción, de rigidez, de detalle basado en la idea interesada de que la realidad social puede y debe controlarse totalmente por las normas.

Por eso repiten sin rubor “la legalidad y la constitucionalidad por encima de todo”, porque defienden su legalidad y su constitucionalidad y la defienden porque está a su servicio y con ella nos amenazan. Incluso pueden convertir la reforma constitucional en una “pose” y decirnos que todo lo hacen por nuestro bien. Pero cuando los poderes democráticos necesitan levantar murallas de papel legal para protegerse es que algo se ha roto en el fondo del sistema.

En fin, que la Constitución vigente, a la que rendimos culto por los servicios prestados, ya no es ni eficiente ni suficiente para garantizar nuestros derechos y controlar al nuevo capitalismo financiero global, ante el cual nuestros dirigentes han levantado los brazos. El resultado es el triunfo absoluto de la lógica mercantil frente a unos ciudadanos cada día más debilitados, agotados de tanto competir.

Tan peligroso es no afrontar la situación como afrontarla desde una perspectiva apocalíptica
Es verdad que el problema en gran medida es global y que siempre ponemos más énfasis en los momentos de crisis que en las buenas situaciones, al igual que la enfermedad siempre se siente más que la salud, pero tampoco podemos engañarnos, estamos en un momento desesperadamente y, en parte, artificialmente complicado, con conflictos territoriales muy graves sin resolver por miedo a abrir el debate. ¡Presidente! llamamos a la puerta y nadie responde.

Por supuesto que sabemos que la Constitución por sí sola no puede cambiar la realidad, que no resuelve los problemas, pero qué duda cabe de que sí nos dice quién puede y debe hacerlo. Por eso conviene reafirmar nuestro contrato social con una reforma que no se reduzca al cambio de las comas para disimular o al estudio exclusivo de la gramática de sus palabras, que coincide con la falsa excelsitud de quienes ponen los ojos en blanco cuando hablan del “concepto” de “ley” o de “principios” y no están dispuestos a dejarlos contaminar con historias, casos o subjetividades.

No tenemos más remedio que dedicarnos a fijar nuevas reglas que limiten el poder, también financiero, y devuelvan la eficiencia a nuestros dirigentes y la confianza en nuestros representantes. Necesitamos como el agua un cambio constitucional creíble y que esté por encima de “todos”.


No hay otra opción, porque los cambios casi nunca son voluntarios; los cambios suelen ser inevitables y necesarios y siempre los impulsan los que no están bien, los que más los necesitan. Y hay que abordarlos, sin los tradicionales extremismos, que son la mejor forma de eludir los compromisos. Tan peligroso es no afrontar la situación como afrontarla desde la perspectiva apocalíptica del que se consuela divulgando sus frustraciones diciendo que no merece la pena hacer nada, que no hay remedio, que no hay solución porque las hay, aunque parciales y temporales… Todo se construye a trozos.

jueves, 23 de julio de 2015

Más y Junqueras son muy egoístas y poco solidarios.

Los virreyes de Cataluña, Artur Mas y Oriol Junqueras gozan de soberbia propia y aplican la/su solidaridad a su imagen y semejanza.  Cataluña aporta a la caja común de los españoles más de lo que recibe (8.455 millones de euros, según las balanzas fiscales publicadas estos días). El creciente déficit de la Seguridad Social coloca en un brete la cuantía -e incluso la supervivencia- de las pensiones futuras. El primer dato le permite a Mas, presidente de la Generalitat, hablar de expolio y justificar su deriva secesionista. La segunda constatación induce a Luis María Linde, gobernador del Banco de España, a recomendar a los jóvenes que suscriban planes privados de pensiones. Ambos, aunque ustedes piensen que se me ha ido la olla y mezclo churras con merinas, dicen la misma cosa. El separatista y el unionista sintonizan la misma onda ideológica.

Artur Mas, lo tiene claro. Si los mucianos quieren AVE y los andaluces cobrar el PER, adelante, pero no con mi dinero. La postura de Linde tampoco deja lugar a dudas: si los jóvenes aspiran a cobrar una pensión digna el día de mañana, que ahorren. Si no pueden, porque están en paro, trabajan solo unas horas o cobran una miseria, que se fastidien. Pero imaginen ustedes que todos pueden: ¿por qué, en ese caso, el  gobernador no sugiere, en vez de abonar las cuotas de un plan privado, ingresar ese dinero en las arcas de la Seguridad Social y apuntalar el sistema?

No lo hace, queridos amigos, porque su intención es otra. El gobernador, al igual que el honorable president, solo pretende cargarse la solidaridad. Quiere enterrar el sistema público de pensiones y que cada uno cobre exactamente lo que aporta (o lo que ahorre). Y el que nada aporte, que nada cobre. No como esos campesinos gallegos, cuyas cotizaciones ni de lejos sostienen las pensiones que perciben. O, sensu contrario, como esos jubilados que, después de una larga vida laboral, cometen el error de morirse pronto, desequilibrando su balanza fiscal: perciben mucho menos de lo que aportaron. Artur Mas también defiende que cada palo aguante su vela, pero cambiando el sujeto: la comunidad que quiera AVE, o subsidio de desempleo, o pensiones no contributivas, o servicios básicos, que se los pague.

Esperemos, al menos, que no cunda el ejemplo, puesto que la balanza intermunicipal de Andalucía también está desequilibrada: A Almería o Málaga aportan más de lo que reciben; Mojácar o mi Zurgena querida, mucho menos. Confiemos en que Susana Díaz o María Jesús Montero no caigan en la tentación de emular al honorable y decidan independizarse para acabar con el agravio.


El separatista, Junqueras y el unionista Arturo colocan, cada uno a su manera, sendas cargas de dinamita en los cimientos del Estado. Le niegan su función redistributiva, consistente en que paguen más los que más tienen y reciban más los que menos tienen. La cohesión social, a hacer puñetas. Porque, vamos a ver, si cada uno dispone del médico, el maestro, el guardaespaldas o la pensión que puede pagarse, ¿para qué diablos queremos el Estado?

Psicología asociada a la ciencia de la educación.

La psicología es una disciplina muy creativa que inventa conceptos sin parar el rodillo somático, pero sin molestarse en precisarlos y unificarlos. Está convirtiéndose en una“psicología de hamburguesa”, donde todo se trocea para luego aglutinarlo como sea. Aumenta sin parar la producción de artículos, los libros colectivos, la orgía terminológica. Cada autor de relevancia lanza una idea y se encastilla en ella. Un ejemplo casi cómico por su desmesura ha sido la proliferación de las escuelas de psicoanálisis desde su nacimiento. Como ha contado Elizabeth Roudinesco en su gigantesca historia del psicoanálisis francés titulada La guerra de los cien años, todo personaje carismático acaba creando su secta. No es de extrañar que hace pocos años los profesionales franceses pidieran al Estado que estableciera algún criterio para distinguir a los terapeutas serios de los charlatanes.
Mientras las disputas se den en el plano teórico, no plantean problemas. Lo malo es cuando pasan a la acción y se introducen, por ejemplo, en la escuela. Por eso creo que es necesario elaborar una “superciencia de la educación”,que entre otras cosas someta a crítica los conceptos psicológicos, antes de introducirlos en la práctica educativa. Uno de esos conceptos es el de autoestima.

California llegó a establecer un programa para desarrollar la autoestima porque sus gobernantes tenían la convicción de que era ‘una vacuna social’
La psicología ha descubierto que la idea que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras posibilidades influye poderosamente en nuestra manera de sentir y actuar. Suele denominársela “autoconcepto” cuando insiste en su aspecto más cognoscitivo, y “autoestima” cuando enfatiza los aspectos valorativos. En efecto, podemos tener una idea positiva o negativa de nosotros, es decir, una alta o baja autoestima. Hay otras ideas relacionadas: la “autoeficacia”, la “mentalidad de crecimiento”,  o el “coping”, creencias sobre la capacidad de enfrentarse con los problemas. Hasta aquí, nada que objetar. Pero se dio un paso más y se convirtió la alta autoestima en condición necesaria para la acción correcta y el desarrollo personal.

Lo que en principio se había considerado efecto de una situación o de una experiencia pasó a ser causa del comportamiento, y promover la alta autoestima se convirtió en la perfecta solución de nuestros problemas. El estado de California llegó a establecer un programa para desarrollarla (Task force to promote Self-steem) porque sus gobernantes tenían la convicción de que era “una vacuna social que podría inocularse a la sociedad para evitar los peligros del crimen, la violencia, los abusos, los embarazos adolescentes y otros problemas sociales”. También pensaban que una explosión de autoestima expandiría la actividad económica, lo que permitiría paliar el gigantesco déficit público que soportaba California. Como dijo uno de sus representantes políticos: “La gente con mucha autoestima produce bienes y paga impuestos”.

Un elemento esencial del narcisismo. Parecían tan evidentes las virtudes de la autoestima que tardaron mucho en aparecen voces alarmadas. El psicólogo Michael H. Kernis escribe: “Si hace unos pocos años alguien hubiera cuestionado los aspectos positivos de una alta autoestima, habría sido considerado tonto, estúpido o algo peor. Pero ahora la pregunta es: ¿estamos sobrevalorando la autoestima?”. Según Roudinesco, de quien ya he hablado, “la búsqueda de la autoestima se ha convertido en un elemento esencial de la cultura del narcisismo que caracteriza las sociedades occidentales”.

Debemos esperar que la “ciencia de la educación” nos indique a qué atenernos, sobre todo cuando la “educación emocional” tiende a convertirse en objetivo prioritario, y el coaching emocional se pone de moda. Martin Seligman, uno de los psicólogos más influyentes en la actualidad, escribe: “Los padres se esfuerzan por inculcar autoestima a los niños. Esto puede parecer bastante inocuo, pero el modo en que lo hacen a menudo erosiona el sentido del valor del niño. Al hacer hincapié en lo que el niño “siente” a expensas de lo que “hace” –aprender, perseverar, superar la frustración y el aburrimiento, abordar los obstáculos–, padres y profesores están haciendo a esta generación de niños más vulnerable a la depresión”.

El resultado de las investigaciones desmiente la creencia popular sobre la benéfica importancia de la alta autoestima

Viniendo de uno de los grandes expertos mundiales en depresión, la advertencia hay que tomársela en serio. Por otra parte, la insistencia excesiva en que “hay que quererse mucho a uno mismo” está favoreciendo la aparición de un individualismo egoísta. Otros expertos, como McKay y Fanning, nos dicen que si eliminamos toda disciplina para que el niño “se sienta bien”, estamos hundiendo su verdadera autoestima, que no consiste en evitar todo sentimiento desagradable, sino en saber enfrentarse a ellos cuando lleguen.

Por último, citaré la opinión de William Damon, uno de los grandes expertos mundiales en psicología infantil y en educación. “El apoyo y el elogio de los adultos son útiles cuando se vinculan al esfuerzo y a los logros reales del niño, lo que pasa es que esto –guiar al niño en un proceso paso a paso– requiere mucho más esfuerzo que ‘inocularle autoestima’ mediante frases vacías como ‘eres genial’ o ‘eres el mejor’”. El resultado de las investigaciones desmiente la creencia popular sobre la benéfica importancia de la alta autoestima. “Es un concepto tan nebuloso –indica– que puede relacionarse tanto con una depravación rampante como con un aprendizaje concienzudo y productivo”. Los adolescentes que llevan a cabo los comportamientos antisociales más graves suelen dar en los tests una medida muy alta de autoestima.

Entonces ¿qué hacemos? ¿Fomentamos la autoestima o no la fomentamos? Es ahí donde el poder integrador de la “superciencia de la educación” entra en juego. Lo que está claro es el efecto destructivo de la “baja autoestima”, porque limita la capacidad de acción, las expectativas, el ánimo para enfrentarse con los problemas, el coping productivo. Hay que evitar que el niño o la niña fomenten esa imagen de sí mismo, y la elimine si ya la ha formado. En cambio, la alta “autoestima” puede tener un efecto pernicioso si está desligada del campo de la acción. No la antecede, sino que la sigue. Debe ser lasatisfacción producida por la acción adecuada, por la propia capacidad o el propio esfuerzo. Los adultos debemos fomentar que se dé esa situación, y elogiarla cuando aparece.
Antes de entrar en la enseñanza secundaria, conviene que niños y niñas desarrollen la idea de la dignidad propia y ajena
En los programas que hemos elaborado para la Universidad de Padres hemos integrado las investigaciones más relevantes sobre estos temas. Queremos que durante el proceso educativo el niño adquiera la confianza en sus posibilidades necesaria para esforzarse, soportar la frustración, y enfrentarse animosamente a los problemas. Eso puede aprenderlo en tres etapas.

Durante los primeros años de vida, y a partir de la relación con sus progenitores, debemos hacer que el niño adquiera una confianza básica en que es querido, apreciado, y en que el mundo es acogedor, no hostil y previsible.

A partir de los tres años y durante todo el periodo escolar, el niño va tanteando y comparando sus habilidades con los demás, y ese es el momento de favorecer su “sentimiento de autoeficacia”, una actitud “proactiva”, la creencia en que es capaz de progresar, en que es él quien controla su acción.


Una tercera etapa se atraviesa en los últimos cursos de primaria. Antes de entrar en la enseñanza secundaria, conviene que niños y niñas desarrollen la idea de la dignidad propia y ajena, lo que les animará a respetar y exigir ser respetados, a resistir las presiones externas y a defender sus derechos frente al grupo, lo que ahora se ha dado en llamar “asertividad”.  Desde la educación necesitamos introducir un orden sistemático que los psicólogos no parecen dispuestos a elaborar. Quienes conozcan la literatura psicológica reconocerán en este programa la huella de Dweck, Bandura, Mischel, Bowlby, Seligman,Claxton, Damon, Baumeister, Pleux, y muchos otros, pero no es cuestión de aburrirles con bibliografía.

miércoles, 22 de julio de 2015

La mentira del umbral de la pobreza, también hace campaña electoral..

Cada vez que se publican los estudios de Cáritas o los datos de Empleo sobre los hogares donde no entra ni un sueldo, el país se escandaliza, como es natural. No nos parece aceptable que en esta sociedad pueda haber más de diez millones de personas situadas en el umbral de la pobreza -solo para Pedro Sánchez-. Sin embargo, cuando algún partido político propone una solución, sobre todo si estamos en fase electoral, una parte de la opinión publicada se escandaliza también y saca a relucir la tentación de convertir las elecciones en una subasta de ofertas.

Ahora está ocurriendo. Los cuatro partidos que aspiran a gobernar España han puesto en el mercado político una serie de promesas que, para entendernos, hemos de llamar genéricamente «renta básica». Ese es el nombre inicial que le puso Podemos y fue descalificado por entender que pretende seducir al electorado con algo imposible. Después fue Ciudadanos quien propuso un complejo sistema de complemento salarial. Y hace dos días, el no va más: Pedro Sánchez sacó de la manga el «ingreso mínimo vital» que calcula en 6.000 millones anuales y el PP entró en la rifa con 2.000 millones para los colectivos más desfavorecidos.

¿Qué hacemos? ¿Los descalificamos a todos por su descaro electoralista? Yo no lo haría. Empezaría por reconocer a Podemos el mérito de la iniciativa, aunque la haya devaluado pasando de una «renta básica para todos» a una «renta para personas sin ingresos» y terminando en una «renta mínima de inserción». Seguiría por reconocer la propuesta de Ciudadanos y terminaría por celebrar la incorporación de PSOE y PP, que fueron lentos, pero ayudan a crear un clima de atención a los más necesitados.

Dicho eso, el riesgo de convertir la campaña electoral en una compra de votos existe. El peligro de convertir la oferta en un juego demagógico es evidente. Y la posibilidad de vender castillos en el aire es cierta: nadie aclara cómo se hace compatible esa renta con la ya existente en comunidades autónomas o el mínimo de supervivencia que garantiza el Estado. El PSOE habla de 6.000 millones, pero no dice de dónde se extraen. El PP es más realista con sus 2.000 millones, pero asegura que es lo ahorrado en prestaciones de desempleo y yo les pregunto: ¿con qué cara pueden decir eso si casi la mitad de los desempleados no recibe ningún subsidio? ¿Esos 2.000 millones salen de los parados que se quedan sin protección? No parece muy decente.

Conclusiones:

1) Si son ciertos los datos de pobreza, niños sin alimentar y todo lo que se publica, algo hay que hacer y va en la línea de la renta o ingreso mínimo vital.

2) Es un tema tan serio, que habría que sacarlo de la campaña electoral. Con el hambre, si existe, no se juega. Y, si no existe, mucho menos.

lunes, 20 de julio de 2015

Cataluña, la oveja negra de España.


La lista unitaria que han pactado Mas, Junqueras y Guardiola para las elecciones autodenominadas plebiscitarias del 27S con la programada hoja de ruta es un peldaño más en la larga escalada del desafío al Estado constitucional. El líder de ERC ha aceptado que el president, a quien comentaristas daban por noqueado, seguiría siéndolo si ganan las elecciones. Mas lo ha jugado todo a la carta de la independencia de Cataluña. En esa acelerada carrera se ha roto CiU, que ya no le servía para ese propósito. El pacto podría interpretarse como síntoma de que el independentismo catalán se ha visto obligado a concentrar fuerzas, porque de otra manera el éxito era imposible. Pero el desafío ha ido tan lejos y el tiempo que queda hasta las elecciones es tan corto, que sería una irresponsabilidad esperar simplemente a que el temerario conductor se estrelle. El Gobierno puede y debe, como ha anunciado con reiteración, emplear los medios jurídicos de que dispone el Estado para impedir cualquier iniciativa que atente contra su unidad. Es la respuesta política del presidente Rajoy y la tecnocrática de la vicepresidenta. Pero no creo que esa actitud defensiva sea suficiente para encarar el problema político de mayor envergadura. Ni habría que supervalorar las maniobras separatistas, ni confiarse en que los sondeos sociales han ido registrando una disminución de los partidarios del separatismo. Los mismos que no han acertado los triunfos, inesperados incluso para sus beneficiarios, en las pasadas elecciones.

La partida está emplazada, de momento, para el próximo 27S. Es allí donde habrá que jugarla. Puede ser el Waterloo de Mas y, sobre todo, debiera servir para la reorientación de la «cuestión catalana». Depende, como en toda pugna democrática, del sentido de los votos emitidos. La iniciativa de una coalición entre PP, PSC y Ciudadanos me parece inviable, por los diferentes intereses de esos partidos y sus expectativas. Pero, dejando a los hechos su confirmación, me parece improcedente para conseguir que sea derrotada la candidatura separatista. Reafirma esa convicción lo ocurrido en el País Vasco cuando los constitucionalistas PP y PSOE intentaron ganar a los nacionalistas. Para conseguir una mayoría habría que contar con el voto de todos los que no son partidarios de un Estado catalán, que empezaría fuera del abrigo de la Unión Europea y Grecia no ha despreciado.


Ayudaría una acción política del Gobierno. Ahora que a destiempo intenta aprobar un proyecto de ley electoral en el que domina el objetivo táctico de colocar al PSOE en una posición difícil, con una más alta finalidad podría proponer convertir la disposición transitoria segunda de la Constitución, que cumplió su misión, en adicional reconociendo simplemente la identidad singular de los territorios concernidos. Sobre ese soporte quedaría sin sentido la declarada inconstitucionalidad de los «símbolos nacionales» de Cataluña. Su rechazo no sería fácil.

La Nueva Cataluña, enrocada a la izquierda de la diosa patria, se financiará con Casinos, droga, sexo y crimen organizado.


Cuando las fuerzas independentistas mayoritarias acababan dar el encerado izquierdista a su candidatura para el 27-S con Raül Romeva, Cataluña recibía una noticia de la mano del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell: si no hay un gran inversor para BCN-World, no habrá proyecto. ¿Quiere eso decir que vamos hacia a una independencia exprés sin un macro casino?

La respuesta está en el aire. Después de la deserción del zar del ladrillo, Enrique Bañuelos, BCN-World se ha quedado viudo de referentes. Atrás ha quedado la fotografía de Bañuelos junto a Artur Mas, ahora número cuatro de la lista independentista mayoritaria y en septiembre de 2012 —momento de la instantánea— presidente de la Generalitat. El Gobierno catalán, después de que el magnate del juego Sheldon Adelson repudiara a Cataluña en favor de Alcorcón, puso toda su fe en un profesional: el hombre que probablemente más hinchó la burbuja inmobiliaria en la costa Mediterránea. Como entonces, ahora todo va camino de pinchar. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, se encargó de ponerlo en claro el pasado miércoles en el Parlament: “O hay una inversión muy considerable o no habrá proyecto”. También sabemos que probablemente no se llamará BCN-World. “Ya veremos el nombre al final”, sentenció el consejero, para quien está claro que “esto no consistirá en cambiar un casinito de aquí para ponerlo en otra parte”. Las palabras del economista pretendían dar garantías de que solo habrá casino si es grande, el que se merece Cataluña. Recordemos, según crónicas de antaño, que su construcción iba a dar trabajo a 17.000 personas, cada resort emplearía a 5.000 ciudadanos más y el impacto laboral directo generaría unos 20 millones de euros mensuales. Luego ha resultado que Bañuelos solo pretendía, como era previsible, hacer negocio inmobiliario y alicatarlo todo hasta el techo.

CDC se decantó —con la ayuda del PSC— por el macro casino cuando todavía no era independentista, pero no parece que su decidido paso al frente soberanista haya hecho que se retracte respecto a BCN-World ¿Debe haber casinos en la Cataluña nueva? ¿Es compatible la incipiente preocupación social de CDC en su navegación por mares soberanistas con el “hagan juego, señores”? ¿Se conjugan bien el ladrillo, la reducción de impuestos sobre el juego y el aumento de partidas sociales?

Convergència, ya como integrante de la candidatura independentista mayoritaria, asegura estar preocupada por las maltrechas y arrinconadas políticas sociales. En esa creciente inclinación hacia los desfavorecidos ha llegado incluso a ceder el primer puesto de su lista para el 27-S a un reconocido hombre de izquierda. Será difícil el maridaje de sensibilidades. Las políticas sociales casan mal con el objetivo de destinar todos los superávits a reducir la deuda, tal como fija la ley estabilidad presupuestaria que votaron PP y Convergència. Claro que esto era 2012. Y desde entonces todo ha cambiado mucho. Y vertiginosamente. No vayamos más lejos: en una exigua semana, el referéndum griego pasó de ir “demasiado lejos”, de acuerdo con Andreu Mas-Colell a “ser una figura que hay que normalizar en toda Europa”, según la portavoz de CDC, Mercè Conesa. “Nuestra troika particular es el Gobierno central, el Tribunal Constitucional y el déficit fiscal”, sentenció en simpático guiño pro Syriza la portavoz convergente.
En Convergència ha irrumpido una terminología —antisistema, incluso- para convertir en sfumato su política rancia sobre la que pesa el caso Palau (15 sedes de CDC embargadas por los 6,6 millones de presuntas comisiones recibidas por obra pública); la millonaria deixa del avi Florenci Pujol a los nietos de esa extensa y emprendedora familia; la corrupción del caso Innova, la privatización de la sanidad, los recortes de los servicios sociales y la exaltación de la austeridad como una virtud casi teologal…


La independencia es ahora la divisa. Todo lo demás queda tan aparcado que CDC ha hecho sus 18 folios de conclusiones sobre la comisión antifraude del Parlament —que arrancó tras la confesión de Pujol— sin mencionar ni una sola vez el nombre de su fundador. Lo importante es el futuro. Por eso la Dirección General de la Juventud pregunta ahora a los jóvenes cómo quieren que sea la Cataluña ideal. Se pueden enviar ideas hasta el 31 de agosto. Mientras, el pasado se consume en la hoguera purificadora de la independencia.

domingo, 19 de julio de 2015

Salud mental: La falta de felicidad y la pobreza son consecuencia o deterioran la salud mental.


Uno de los más ilustres economistas de la London School of Economics, Lord Richard Layard, como buen lord, podría estar pasando sus días languideciendo en la Cámara de los Lores (y sí, a menudo se le ve por allí). En su lugar, dedica su carrera posjubilación a mostrar que es crucial incrementar sustancialmente el gasto en salud mental. De acuerdo con sus estudios, esta inversión es en parte rentable para los contribuyentes incluso en términos puramente, reduccionistamente, económicos.

La primera observación es la elevadísima prevalencia de estas enfermedades. De acuerdo con un estudio de 2002 de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad mental es responsable del 50% de todas las discapacidades en Europa Occidental. Su importancia es mayor que la de los efectos combinados de los dolores de espalda, problemas cardiacos, problemas pulmonares, diabetes, cáncer y todo el resto. En España, de acuerdo con el Estudio Europeo de la Epidemiología de los Trastornos Mentales, uno de cada cinco españoles sufre durante su vida algún trastorno mental. La incidencia es algo menor entre los hombres y mayor entre las mujeres, y aumenta significativamente con la edad tanto en hombres como en mujeres.

El coste económico de la enfermedad mental es muy importante. Primero, la OCDE calcula que un tercio de los gastos por discapacidad se deben a estas patologías. Segundo, las tasas de empleo entre los que sufren las peores enfermedades mentales son un tercio menores que las de las personas sanas. Finalmente, el coste en términos de bajas por enfermedad es enorme: la mitad de estas se deben a la enfermedad mental. El pasado miércoles, en una conferencia sobre estrategias de salud mental, la representante del Ministerio de Sanidad estimó en un 8% del PIB, unos 83.000 millones de euros, el coste total de la enfermedad mental en España, incluyendo todos los costes arriba detallados. El coste económico es obviamente solo la punta del iceberg del sufrimiento que la enfermedad mental causa a los enfermos y a sus familias. Recientes estudios sobre felicidad y satisfacción con la vida realizados en el Reino Unido muestran que la enfermedad mental es responsable de más infelicidad incluso que la pobreza.

“La OCDE calcula que un tercio de los gastos por discapacidad se deben a la enfermedad mental”
Sin embargo, y quizás contrariamente a lo que la sabiduría popular sugiere, la evidencia apunta a que gran parte de la enfermedad mental responde bien al tratamiento. En particular, dos tipos de terapia han demostrado tener un impacto claramente positivo en rigurosas evaluaciones con doble ciego, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Médica del Reino Unido (NICE): la medicación, y la terapia cognitiva conductual. Los cientos de estudios al respecto sugieren, por ejemplo, que el 60% de las personas deprimidas saldrán de su depresión tras cuatro meses de tratamiento, bien con terapia cognitiva conductual, bien con tratamiento con fármacos.

La terapia cognitiva conductual es muy diferente de la terapia psicoanalítica. Al contrario que los largos tratamientos en los que el paciente habla de su pasado, esta terapia está orientada a dar a los pacientes herramientas prácticas para enfocar sus problemas de forma más positiva. El NICE británico la considera eficaz contra la depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, pánico, trastorno por estrés postraumático, insomnio...

Cuando una enfermedad tiene un coste social y emocional tan alto, parece evidente que invertir en terapia es necesario. Si la terapia es eficaz en muchos casos, y tiene un coste relativamente reducido, el argumento parece inapelable. Efectivamente, lord Layard muestra que los números (incluso en una perspectiva puramente económica) son inapelables para muchas enfermedades mentales. Según su cálculo, usando datos del Reino Unido, en un periodo de dos años y medio el coste de una terapia basada en psicofármacos o en 16 sesiones de terapia cognitiva conductual sería de 1.000 libras. El beneficio de esta terapia se puede estimar en una media de ocho meses adicionales sin depresión, lo que genera un retorno de tres veces el coste, que en parte se lleva el contribuyente vía impuestos. Desgraciadamente, a pesar de que el argumento emocional, social y económico a favor de la inversión en salud mental parece extremadamente claro, la atención dedicada a estos enfermos por los sistemas públicos de salud es insuficiente y la situación se ha deteriorado sustancialmente en los años recientes.

El nivel de atención y de inversión en estas enfermedades es generalmente muy bajo. Lord Layard argumenta en un reciente artículo que mientras el 75% de los enfermos con enfermedades físicas sigue algún tratamiento, solo uno de cada cuatro enfermos mentales está en tratamiento, tanto en EE UU como en Europa continental. Las razones son varias: en primer lugar, en algunas ocasiones el enfermo no busca el tratamiento porque teme el estigma asociado; en segundo lugar, los importantes avances en salud mental de las últimas décadas no han sido entendidos por la población enferma, que en muchos casos no es consciente de que la depresión, la ansiedad, etcétera, pueden ser tratados con éxito. Finalmente, existen insuficientes recursos en la mayor parte de los sistemas sanitarios dedicados a estos problemas.

“Mientras tres de cada cuatro afectados por enfermedades físicas siguen algún tratamiento, solo uno de cada cuatro enfermos mentales lo hace”
Si el punto de partida era malo, la reciente crisis ha agravado la situación. Por un lado, ha aumentado la demanda y las necesidades de atención. Un trabajo de investigación reciente liderado por la Dra. Margarida Gili en la Revista Europea de Salud Pública mostraba (aunque usando solo la población que sí acude en busca de tratamiento a los Centros de Atención Primaria) que hubo significativos aumentos en España de los trastornos del ánimo (20% y 9% de aumento de la depresión y ansiedad, respectivamente) durante la crisis. Los investigadores atribuían (aunque la dirección de la causalidad es difícil de establecer) un tercio del riesgo total de problemas mentales a la combinación de desempleo y de exceso de deuda hipotecaria.

Por otro lado, los recortes en sanidad pública han afectado especialmente a la oferta de salud mental, con cada vez más largas listas de espera, retrasos en los tratamientos y escasez de profesionales denunciados por asociaciones de pacientes y de familiares en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Y sin embargo, como argumentábamos arriba, la evidencia sugiere que este es un problema en el que un esfuerzo decidido y coordinado puede producir un gran impacto. Parece prioritario en particular hacer tres intervenciones. En primer lugar, es crucial concienciar a la población de que gran parte de los problemas de salud mental tienen solución, contrariamente a la impresión popular. En segundo lugar, hay que invertir más en el tratamiento de estos problemas, dado que este tratamiento es eficaz, eficiente y tiene un coste inferior a su retorno social y económico.

En tercer lugar, existen una serie de enfermedades mentales graves (como la esquizofrenia, por ejemplo), de las que el trabajo de Layard habla poco o nada, de muy difícil tratamiento, que requieren una extensa coordinación entre dispositivos sanitarios y sociales. El reconocimiento de que buena parte de la atención en salud mental es rentable debe servir para liberar recursos adicionales, y no solo sanitarios, para que los enfermos mentales más graves puedan recibir la atención necesaria, independientemente de que sea rentable, y para que sus cuidadores y familiares reciban también el apoyo que requieren.


Luis Garicano, catedrático de economía y estrategia en la London School of Economics.