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viernes, 25 de septiembre de 2015

No se si Cataluña es de España o viceversa, lo que está claro es esta situación empobrece a ambos dueños.


Domingo, día electoral en Cataluña. Estas  elecciones  cuyo carácter plebiscitario es ilegítimo, vienen precedidas por fenómenos distorsionadores, como ciertas advertencias dramáticas —unas, racionales; otras, exageradas— pero tardías, y los contrarios blindajes espurios denunciando sin fundamento un discurso del miedo. También hemos asistido estos días a la impostura intelectual de convertir la reivindicación probablemente mayoritaria de celebrar un referéndum —algo que acabará ocurriendo— en un sucedáneo del derecho de autodeterminación (aplicable solo en casos de países coloniales o sometidos a genocidio), el derecho a decidir (inexistente en Constituciones democráticas). La manipulación se ha extendido hasta convertir ese derecho inexistente en un clamor por la independencia. Este deslizamiento aparentemente ingenuo conlleva efectos perversos: la confusión de los ciudadanos, su abusivo recuento en beneficio del secesionismo, la exclusión de quienes no comparten ese supuesto “sueño”. Si a todo ello se le añade un calendario de separación exprés, estamos en presencia del famoso proceso, al que todo buen catalán debería presuntamente apuntarse.
Más allá de estos lamentables avatares, nos encontramos ante una votación que no será la estación final de este problema. Sea cual sea el resultado, la solución a la cuestión catalana solo puede obtenerse por aplicación de métodos estrictamente democráticos, sobre todo el diálogo y la negociación.

Puede entenderse el reparo de quienes observan en la apuesta por el diálogo un cierto voluntarismo ingenuo y se preguntan con razón: pero, negociar, ¿sobre qué? ¿sobre la independencia? No es desde luego la mejor opción, en términos democráticos, porque se trata de la fórmula más extrema y menos susceptible de cuajar amplias mayorías; y porque resultaría irreversible, pues es difícil recomponer aquello para cuya ruptura se sembraron semillas de disensión y recelo, cuando no de odio. Tampoco en términos económicos, por cuanto la sinergia de las dinámicas cohesionadoras añade mucho más al conjunto que la suma de sus elementos originarios.
Descartada esa salida maximalista y lesiva para los intereses de todos, la mejor opción sería abrir camino a una reforma del Estado, no solo para que los catalanes se sientan más cómodos en él (un objetivo sensato), sino para que beneficie a todos los españoles. Desde estas páginas hemos defendido una reforma constitucional en sentido federal, en la que se delimiten las competencias de cada nivel de gobernanza, se reconozcan los hechos singulares y se denomine a cada territorio según su peso y preferencias, manteniendo siempre la igualdad básica de derechos sociales para todos los ciudadanos; una reforma en la que se articulen sistemas de coordinación federales (Senado); en la que las altas instancias del Estado demuestren la riqueza del plurilingüismo incorporando progresivamente su práctica normal; y en la que se repartan elementos de capitalidad según el modelo alemán, más en sintonía con nuestro país que el francés.


Esta reforma es el objetivo en el que el desarrollo de Cataluña pueda encontrar el mejor acomodo. Pero las exigencias formales —consenso y calendario— dificultan tenerla disponible en un plazo deseable. Una de las posibilidades sería desarrollar con carácter previo un nuevo estatus —plasmable en un acuerdo entre los partidos o en una enmienda ad hoc de la Constitución— que permitiera a los ciudadanos de Cataluña ver reconocido su carácter nacional. Ese paso serviría para ratificar que las competencias del autogobierno de Cataluña no son invadidas, para cotejar que su contribución (justa) a la caja común y a la solidaridad interterritorial conlleva un retorno equitativo que no les haga perder posiciones en la clasificación de la financiación per capita, y para que su lengua sea asumida como parte del patrimonio común.



Todo esto puede caber en múltiples propuestas o fórmulas, y sería bueno que el referéndum pendiente (en todo el territorio: constitucional; o en parte de él: estatutario) acabe celebrándose sobre ellas. Pero todas esas fórmulas son contrarias a un escenario de ruptura. Prefiero invitar a los ciudadanos de Cataluña a impulsar y presionar para hacer posibles las reformas indicadas, en primer lugar, acudiendo a votar, y haciéndolo por las distintas formaciones que se declaran contra la ruptura. Porque los beneficios del ser más nos hace a todos más fuertes; y los de estar juntos nos hace mejores, no solo en términos económicos, políticos o estratégicos, sino también familiares, culturales y emocionales. Son valores tan potentes en sí mismos, tan superiores a su negación, que ni siquiera hace falta resaltar los inconvenientes que causaría su ausencia.
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