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miércoles, 23 de septiembre de 2015

Con ETA desmantelada, solo queda Kale Borroka (violencia callejera) que han pedido traslado a Cataluña.




Bilbao, 31 de julio de 1959. Un grupo de estudiantes radicales disidentes del colectivo EKIN –nacido en 1952 para reaccionar contra la pasividad y el acomodo que en su opinión padecía el PNV– funda Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad). Es el nacimiento de ETA (Hoy desaparecida), una alternativa ideológica a los postulados del PNV con cuatro pilares básicos: la defensa del euskara, el etnicismo (como fase superadora del racismo), el antiespañolismo y la independencia de los territorios que, según reivindican, pertenecen a Euskadi: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra (en España), Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (en Francia).

Su primera acción violenta se produce el 18 de julio de 1961: el intento fallido de descarrilamiento de un tren ocupado por voluntarios franquistas que se dirigían a San Sebastián para celebrar el Alzamiento.

Caen los encapuchados que han mantenido las siglas desde 2011
La mayoría de los miembros de ETA están en la cárcel en prisiones españolas o francesas. En total, 437 reclusos sin incluir a los cuatro detenidos ayer en el País Vasco francés, entre ellos sus cabecillas políticos, David Pla e Iratxe Sorzabal, y el exjefe del aparato internacional Ramón Sagarzazu. Fuentes policiales dieron también por detenido en la misma operación a Josu Ternera, el miembro de la banda con más años (47) de militancia ininterrumpida, pero la novedad fue luego desmentida.

El informe de la Fiscalía General del Estado presentado a comienzos de mes considera que no hay indicios de riesgo de retorno de la actividad armada, interrumpida de hecho en territorio español desde julio de 2009 y suspendida formalmente en octubre de 2011. Esa suspensión fue gestionada por una troika integrada por Pla y Sorzabal más una tercera persona, Izaskun Lesaka, detenida en 2012. Según la policía, ese trío es el que compareció encapuchado para anunciar el 20 de octubre de 2011 el cese de la violencia y ha sido el que ha venido tomando las decisiones (sobre sellado de zulos, por ejemplo) que aparecían firmadas por la banda. Ellos eran prácticamente lo que quedaba de ETA.

La fiscalía también reconoce que la banda pretende perpetuarse como un agente político con capacidad para intervenir en el “proceso de liberación”. En un documento de agosto de 2009, ETA advertía de que no entregaría nunca las armas, sino que las guardaría, y que no desaparecería, sino que seguiría “como organización política dentro de la izquierda abertzale hasta que otro tipo de situación y debates digan lo contrario”. Posteriormente ha admitido su disposición a entregar las armas, pero en el marco de una negociación que incluiría la retirada de las Fuerzas de Seguridad de territorio vasco. Según la fiscalía, el año pasado se registraron diez actuaciones de kale borroka (violencia callejera) y se produjeron 31 detenciones por vinculaciones con ETA y 48 por enaltecimiento del terrorismo. El documento también advierte de que la banda mantiene sus estructuras clandestinas en Francia, más o menos adaptadas a la situación de cese del terrorismo, lo que implica el desmantelamiento de algunas estructuras.


Las detenciones de ayer pueden considerarse como la clausura de la existencia de la organización fundada en 1958. El peligro no vendría tanto de una posible vuelta a las armas, algo que la izquierda abertzale sería la más interesada en impedir, como de la posible aparición de sectores dispuestos a empezar de nuevo con otras siglas. Hay algún síntoma de ello, como la presencia de dos o tres grupúsculos que se han manifestado este verano con matices diferentes entre sí, pero con el denominador común de poner en el centro la causa de los presos y de reprochar a la izquierda abertzale oficial tibieza en su defensa. Uno de esos grupos reivindicó el año pasado la quema de varios autobuses en solidaridad con los presos enfermos, pero tras las advertencias de Sortu no han insistido.
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