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sábado, 31 de mayo de 2014

Unión política del Euro. Euro Union policy.

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Son datos recopilados  de Florence Autret crítica económica y periodista; Antoine Bozio es director del Institut des Politiques Publiques; Julia Cagé es economista en la Universidad de Harvard y en la École d'Économie de Paris; Daniel Cohen es profesor en la École Supérieur y en la École d'Économie de Paris; Anne-Laure Delatte es economista en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, en la Universidad de París X y en el Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE);Brigitte Dormont es profesora en la Universidad París Dauphine; Guillaume Duval es redactor jefe de Alternatives Économiques; Philippe Frémeaux es presidente del Institut Veblen; Bruno Palier es director de investigación en el CNRS, y profesor en Sciences Po; Thierry Pech es director general de Terra Nova; Thomas Piketty es director de estudios en la Ecole des Hauts Etudes en Sciences Sociales (EHSS) y profesor en la Ecole d'Économie de Paris; Jean Quatremer es periodista; Pierre Rosanvallon es profesor en el Collége de France y director de estudios en la EHSS; Xavier Timbeau es director del departamento de Análisis y Previsión del OFCE, y profesor en Sciences Po; Laurence Tubiana es profesor en Sciences Po y presidente del Institut du Développement Durable et des Relations Intenationales (Iddri). Bajo un informe común de más de 200 economistas de reconocido prestigio mundial.


Si se me ocurriese escribir que la UE le sobra carácter económico y le falta astucia política, me diríais hasta …….. Pero, al menos, voy a intentar a intentar razonar compendios.. La Unión Europea está atravesando una crisis existencial, solo basta observar el interés y la baja calidad de los candidatos. Ello afecta sobre todo a los países de la zona euro, envueltos en un clima de desconfianza y en una crisis de la deuda --que está muy lejos de haber finalizado--, mientras persiste el desempleo y acecha la deflación. Nada sería más erróneo que imaginar que lo peor ha pasado. Todo lo contrario está por llegar.
Por eso acogemos con el mayor interés las propuestas formuladas a finales de 2013 por nuestros amigos alemanes del grupo de Glienicke con vistas al fortalecimiento de la unión política y presupuestaria de los países de la zona euro. Aisladas, Francia y Alemania no tendrán dentro de poco ningún peso en la economía mundial. Si no nos unimos a tiempo para llevar nuestro modelo de civilización a la globalización, terminará por ganar la tentación del repliegue nacional, lo que engendrará unas frustraciones y tensiones que harán que las dificultades de la unión nos parezcan de risa. En ciertos aspectos, la reflexión europea está mucho más avanzada en Alemania que en Francia. Nosotros, economistas, politólogos, periodistas y, ante todo, ciudadanos y ciudadanas de Francia y Europa, no aceptamos la resignación que hoy paraliza a nuestro país. Con esta tribuna, queremos contribuir al debate sobre el futuro democrático de Europa e ir incluso más allá de las propuestas del grupo de Glienicke.
Las actuales instituciones europeas son disfuncionales y es necesario replantearlas. Se trata de algo muy simple: permitir que la democracia y la Autoridad pública recuperen el control para regular eficazmente el capitalismo financiero globalizado del siglo XXI y llevar a cabo las políticas de progreso social de las que cruelmente carece la Europa actual. Una moneda única con 18 deudas públicas diferentes sobre las que los mercados,  libremente, puedan especular y 18 sistemas fiscales y sociales en competencia desatada los unos con los otros, no funciona y no funcionará jamás. Los países de la zona euro eligieron compartir su soberanía monetaria y, por lo tanto, renunciar al arma de la devaluación unilateral, sin por ello dotarse de nuevos instrumentos económicos, sociales, fiscales y presupuestarios comunes.
Para nada se trata de poner en común la totalidad de nuestros impuestos y nuestros gastos públicos. Con demasiada frecuencia, la Europa actual se muestra estúpidamente intrusiva en cuestiones secundarias y patéticamente impotente en temas importantes como los paraísos fiscales o la regulación financiera. Hay que cambiar el orden de prioridades: menos Europa en asuntos sobre los que los países miembros se las arreglan bien ellos solos; más Europa cuando la unión es indispensable.
Una de las prioritarias  propuesta concreta es que los países de la zona euro, empezando por Francia y Alemania, deben establecer un impuesto común sobre los beneficios de las sociedades (IS). Aislado, cada país ve cómo le toman el pelo las multinacionales que se aprovechan de las fallas entre las diversas legislaciones nacionales para no pagar ningún impuesto en ninguna parte. En este asunto, la soberanía nacional es un mito. Para luchar contra la optimización fiscal, hay, pues, que delegar a una instancia soberana europea la función de determinar una base imponible común lo más amplia posible y rigurosamente controlada. Cada país puede seguir fijando su propio IS sobre esa base común, con un índice mínimo del orden del 20%, y retener un impuesto adicional a nivel federal del orden de un 10%. Esto permitiría alimentar un presupuesto de la zona euro del orden del 0,5% al 1% del Producto Interior Bruto (nominal)
Como indica, con razón, el grupo de Glienicke, semejante capacidad presupuestaria permitiría a la zona euro impulsar el relanzamiento y la inversión, especialmente en lo referente al medioambiente, las infraestructuras y la formación. Pero, a diferencia de nuestros amigos alemanes, nos parece esencial que ese presupuesto de la zona euro se alimente con un impuesto europeo y no con las contribuciones de los Estados. En estos tiempos de hambruna presupuestaria, la zona euro debe demostrar su capacidad impositiva sobre la renta y el patrimonio. Y a la vez, llevar a cabo una política activa de lucha contra los paraísos fiscales exteriores a la zona. Europa debe aportar justicia fiscal y voluntarismo político a la globalización: ese es el sentido de nuestra primera propuesta.
La 2ª propuesta, la más importante, deriva de la primera. Para votar la base imponible del impuesto sobre sociedades y, desde un punto de vista más general, para debatir y adoptar democráticamente y soberanamente las decisiones fiscales, financieras y políticas comunes que en el futuro se decida establecer, hay que instaurar una Cámara parlamentaria de la zona euro. En esto también estamos de acuerdo con nuestros amigos alemanes del grupo de Glienicke que, sin embargo, dudan entre dos fórmulas: un Parlamento de la zona euro que agrupe a los miembros del Parlamento Europeo de los países afectados (una sub-formación del Parlamento Europeo reducida a los países de la zona euro); o una nueva Cámara, que reuna a parte de los diputados de los Parlamentos nacionales (por ejemplo, 30 diputados franceses procedentes de la Asamblea Nacional, 40 diputados alemanes procedentes del Bundestag, 30 diputados italianos, etcétera, en función del peso demográfico de cada país, según un principio muy simple: un ciudadano, un voto) . Esta segunda opción, que retoma la idea de “Cámara Europea” de Joschka Fisher es, en nuestra opinión, la única fórmula que permite avanzar hacia la unión política. No se puede, en efecto, despojar a los países de la posibilidad de votar sus impuestos. Pero, apoyándose en las soberanías parlamentarias nacionales, sí se puede edificar una soberanía parlamentaria europea compartida.
Como  consecuencia de ese esquema, la UE tendría dos Cámaras: el actual Parlamento Europeo, elegido directamente por los ciudadanos de los 28 países; y la Cámara Europea, en la que estarían representados los Estados a través de sus Parlamentos nacionales. En un primer momento, en la Cámara Europea solo estarían los países de la zona euro que desearan seguir avanzando hacia la unión política, fiscal y presupuestaria. Pero tendría la vocación de acoger a todos los países de la UE que aceptaran seguir dicha vía. Un ministro de Finanzas de la zona euro y, a la larga, un auténtico Gobierno europeo, rendirían cuentas ante la Cámara Europea. Esta nueva arquitectura democrática de Europa nos permitiría por fin salir de la inercia actual y abandonar el mito según el cual, el Consejo de los Jefes de Estado podría hacer las veces de segunda Cámara representando a los Estados. Esta fábula muestra la impotencia política de nuestro continente: es imposible que una única persona represente a un país salvo si nos resignamos al bloqueo permanente que impone la unanimidad. Para pasar, por fin, a la regla de la mayoría en lo referente a las decisiones fiscales y presupuestarias que los países de la zona euro decidan compartir hay que crear una auténtica Cámara Europea en la que cada país esté representado por unos diputados que representen todo el espectro político y no por un único Jefe de Estado como hasta la fecha.
La 3ª afecta directamente a la crisis de la deuda. Estamos convencidos de que la única manera de salir definitivamente de la crisis es poner en común las deudas de los países de la zona euro. En caso contrario, volverá una y otra vez la especulación sobre los tipos de interés. Es también el único modo de que el BCE pueda llevar a cabo una política monetaria eficaz y reactiva, a imagen de la Reserva Federal estadounidense (a la que le costaría también cumplir con su función correctamente si cada mañana tuviera que arbitrar entre la deuda de Texas, la de Wyoming y la de California). La mutualización de las deudas ha comenzado de hecho con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, la Unión Bancaria en gestación, o las Transacciones Monetarias Directas (OMT por sus siglas en inglés) del Banco Central, que implican de un modo u otro a los contribuyentes de la zona euro. Hay que aclarar lo antes posible la legitimidad democrática de esos mecanismos abandonado por intereses creados.
Por tanto, se trata ahora de ir más lejos, partiendo para ello de la propuesta de los “fondos de redención de las deudas europeas”, hecha a finales de 2011 por los economistas que aconsejan a la cancillería alemana, con el fin de poner en común todas las deudas que superen el 60% del PIB en cada país. Y añadirle un apartado político. No se puede, en efecto, decidir con 20 años de anticipación a qué ritmo un fondo determinado se reducirá a cero. Solo una instancia democrática como la Cámara Europea surgida de los Parlamentos nacionales será capaz de fijar cada año el nivel de déficit común en función de la coyuntura evidente.
No cabe la menor duda que las opciones serían más conservadoras y liberales que desearíamos. Pero, pero se tomarán democráticamente, según la regla de la mayoría, y a la luz pública. Algunos, a la derecha, desearían que esas decisiones presupuestarias quedaran relegadas a instancias postdemocráticas o congeladas en el marco constitucional. Otros, a la izquierda, desearían tener la garantía de que Europa llevará a cabo la política progresista que ellos sueñan antes de aceptar un fortalecimiento de la unión política. Si queremos salir de la actual crisis, debemos superar estos dos escollos. Reconozco  que no es tarea fácil.
Casi siempre  se rechaza el debate sobre las instituciones políticas europeas por considerarlo técnico o secundario. Pero negarse a debatir la organización de la democracia significa aceptar que las fuerzas del mercado y de la competencia son todopoderosas. Significa abandonar toda esperanza de que la democracia vuelva a tener el control del capitalismo en el siglo XXI. Pues este nuevo espacio de decisión es crucial para el destino de la zona euro. Más allá de las cuestiones macroeconómicas o presupuestarias, nuestros modelos sociales son un bien común que no solo hay que preservar y adaptar sino también utilizar para proyectarnos con éxito en la globalización. Ya no bastan la convergencia de los sistemas fiscales o la de la inversión social—que cada vez cobra más fuerza--, las iniciativas de la pareja franco-alemana o el fortalecimiento de las cooperaciones. La Europa de los 28 tarda demasiado en traducir el consenso sobre esos temas en actos y se contradice a la hora de movilizar los medios. Una Cámara Europea sería el lugar donde se tomarían decisiones, donde se asumirían las consecuencias respecto al déficit público o la transferencia entre Estados porque se explicitarían los derechos y deberes asociados a esa puesta en común.


Bastantes, demasiados  se opondrán a nuestras propuestas argumentando que es imposible cambiar los tratados y que el pueblo francés no desea profundizar en la integración europea. Son unos argumentos tan falsos como peligrosos. Permanentemente se están modificando los tratados como vimos en 2012: apenas se tardó seis meses en hacerlo. Desgraciadamente era una mala reforma de los tratados que no ha hecho sino profundizar en un federalismo tecnocrático e ineficaz. Proclamar que la opinión pública no quiere la Europa actual y deducir de ello que no hay que cambiar nada esencial en lo que a su funcionamiento e instituciones se refiere, es de una incoherencia culpable. Cuando, en los próximos meses, el gobierno alemán haga nuevas propuestas de reformas de los tratados, nada nos dice que vayan a ser más satisfactorias que las de 2012. En lugar de esperar con los brazos cruzados, debemos entablar un debate constructivo en Francia para que Europa sea, por fin, social y democrática.
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