Sigue el blog por EMAIL. Seguir por EMAIL

lunes, 30 de septiembre de 2013

Rocío Carrasco no se hará -por Ley- las pruebas psicológicas de Antonio David

Rocío Carrasco.
Rocío Carrasco. Gtres

FAMOSOS LUCHA EN LOS JUZGADOS

Rocío Carrasco no tendrá que someterse a las pruebas psicológicas de Antonio David

La Audiencia Provincial confirma de forma definitiva que como "víctima" no puede ser obligada. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado de forma definitiva que Rocío Carrasco (40 años) no deberá someterse a las pruebas psicológicas de los peritos propuestos por su exmarido, Antonio David Flores (41). En un auto firmado el pasado 14 de diciembre  la sección de Violencia Sobre la Mujer explica que Rocío Carrasco es considerada en este procedimiento una "víctima" y que por tanto, no se le puede obligar a realizar "cualquier tipo de prueba de valoración personal en contra de su voluntad".
La decisión de la sección número 27 de la Audiencia Provincial llega después de que la defensa de Antonio David Flores insistiera de forma reiterada y a modo de recurso en que la hija de la cantante Rocío Jurado se sometiera a las pruebas psicológicas propuestas por sus peritos de parte, en la investigación que se instruye contra él por un presunto delito de malos tratos psicológicos.
Una de las últimas imágenes públicas de Rocío.
Una de las últimas imágenes públicas de Rocío. Gtres
La querella sobre este caso llegó a los juzgados de Alcobendas el 13 de marzo de 2017, cuando Carrasco mantuvo en un escrito que, fruto de las continuas manifestaciones en su contra realizadas por su marido en los medios de comunicación durante años, había sufrido un presunto maltrato psicológico con secuelas evidentes.
El 22 de mayo de 2017, dos meses después de que se presentara la denuncia, el juez instructor dispuso que la Unidad de Valoración Integral fuera la encargada de hacer las pruebas psicológicas a Rocío Carrasco, con el fin de determinar "qué lesiones sufre, cuál es la causa de esas lesiones y si son factor exclusivo de las mismas las informaciones efectuadas por el denunciado en los medios de comunicación".












domingo, 29 de septiembre de 2013

Los Ayuntamientos y sus cmpetencias




Desde hace bastante tiempo vengo diciendo que si un alcalde, concejal o burrero al cargo de un  Ayuntamiento, no sabe hacerles ver a los delegados provinciales la diferencia entre competencias propias  e impropias, ese ayuntamiento no puede mantener el ritmo que demanda la población. Delegado "Si no me pagas las competencias impropias, no las hacemos" Parece ser que con la entrada de la nueva y esperada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local acabaremos de una vez con la amplitud de las interpretaciones que nos permite el artículo 23.2 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013: “Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.”
Prácticamente,  todos los municipios interpretan el artículo de manera extensa, es decir, que la Junta de Gobierno local o la Alcaldía, fundamente la contratación en que el servicio/competencia a realizar es “prioritario”. Llegados a este punto  podemos cuestionarnos lo siguiente:
¿Cómo se controla el gasto de personal que alude el artículo?, si el órgano que contrata puede decir “ la escuela de música es prioritaria para mi municipio y contrato a un profesor de conservatorio”, “la escuela de danza del vientre es prioritaria para mi municipio y contrato a uno profesora de danza del vientre”.

Con solo entrar un poco a fondo en el tema, vemos que la Ley  permite la interpretación de priorizar tus servicios y competencias públicas, y lo que es más importante y a la vez contradictorio con la nueva corriente de “ Una Administración una Competencia”,  la permisividad por la cual  cada Ayuntamiento pueda auto-imponerse sus propias Competencias, ya que se realizan contrataciones específicas  y “prioritarias” de personal, que dan lugar al ejercicio de competencias  por la propia Entidad Local adquiridas a través del poder de  sus regidores. Sin Ley, sin saber sin son propias, impropias, sin saber si son “Sostenibles”.

Hay que tener muy en cuenta que  la Ley de Racionalidad podría estar en vigor en Octubre, podríamos caer en una cierta contradicción o confusión. En el Texto Refundido que aprobó recientemente el Congreso expresa lo siguiente: “Con este propósito se plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”.
Por otro lado el artículo 7 de la Ley de Bases de Régimen Local quedaría modificado conforme a esta redacción:
1. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
2. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de auto organización de los servicios de la entidad local.
3. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.”
Después de esta redacción, no nos queda nada más que plantearnos si la “permisividad” de interpretación que nos otorga  la LGP 2013, está en consonancia con la rigidez de la Ley de Racionalidad, ya que al fin y al cabo la  discrecionalidad que tendríamos de contratar a personal, para  realizar un “servicio prioritario” ( según la Corporación, ya que nadie ni nada analiza que se considera como servicio prioritario), que por otra parte  no es más que  la realización de una competencia concreta, pudiendo ser propia o impropia, chocaría frontalmente con la máxima de la nueva Ley de Racionalidad “ Una Administración una competencia”.
Para enmarcar todo este esquema en un ejemplo gráfico, puede darse el caso que la competencia sobre servicios sociales la tenga la Diputación, y el Ayuntamiento considere que en el municipio  es un “servicio prioritario”, y por lo tanto proceda a  la contratación de una Trabajadora Social. Claramente se solaparía la Competencia entre el Ayuntamiento y la Diputación sin más control que la opinión de lo que es prioritario o no por parte de la Corporación Municipal.
Todo este problema que tendremos en nuestras mesas en un futuro muy cercano nos lleva a otra reflexión:  ¿No se está interpretando el artículo 23.2 de la LPGE 2013 con demasiada flexibilidad, sin mirar hacia donde parece que va a ir la futura legislación?. A veces la legislación es solo eso, interpretaciones. Solo que algunas con bastante mala fe como regidores y como políticos.

jueves, 26 de septiembre de 2013

¿Por qué miente el Gobierno?



Ya se pueden palpar las tres grandes mentiras del Gobierno que, injustamente, nos ha hundido en la miseria. Para la primera, decía y dice  que se tiene controlado el déficit público,¡vaya mentira¿¡   el mes pasado ya habíamos superado lo autorizado por la UE para todo el año. La segunda es de risa con mala leche, dice: que está controlado el endeudamiento  público, cuando la verdad es que ha superado el 92 % del PIB y, si siguen las cosas así, podremos llegar al 100 % antes del 31 de diciembre. Y la tercera, que la reforma laboral está ayudando a resolver el drama del paro, nadie duda de que e quieren justificar crispando al parado. Nunca de ninguna de las maneras, la reforma laboral, puede aminorar el paro. Un caballero reconoce sus errores, en cambio, un caballero tirando a caballo se desboca

El Banco de España informó la incidencia de la reforma laboral ha sido negativo en todos los aspectos.  y  puede ser aun más catastrófico y demoledor. Las conclusiones básicas son que en España se sigue despidiendo igual, pero más barato; que no está demostrado que facilite la contratación; que no ha mejorado para nada la solución de conflictos por medio de negociación; que tampoco aumentaron los pactos empresariales y, sobre todo, que el trabajador ha perdido capacidad adquisitiva, con una sucesiva moderación salarial a la baja con resultado de empobrecimiento y ámbito proclive a  las necesidades básicas de las familias.

El BCE coincide con el Banco de España. Sus informes y dictámenes son sentencias de la autoridad monetaria, surgidas de estudios rigurosos, que es muy difícil rebatir en la contienda política. Son como si el gobernador de la entidad hablase ex cathedra, como los sumos pontífices. Por tanto, hay que tomar muy en serio el informe de ayer, incluida la cautela de que quizá sea pronto para descalificar la norma. Pero lo que está claro es que la reforma laboral solo ha producido daños hasta ahora. Los beneficios cacareados por el autobombo oficial parecen más imaginarios que reales. Solo con decir que se despide igual, pero más barato, se da la razón a todos los que la han criticado, en general la izquierda política y sindical.
Si ha facilitado el descenso de salarios y la merma de capacidad adquisitiva, es seguro que ayudó a las empresas en dificultades. Algunas, no sabemos cuántas, habrían tenido que echar el cierre si tuvieran que hacer frente a los mismos costes laborales. Pero los efectos negativos se extienden a todos los sectores. Al haber menos dinero disponible en manos de los trabajadores, cae el consumo y sin consumo no habrá nunca reactivación económica, por muchas luces que el señor Rajoy vea al final del túnel. Posiblemente,  todo sea inevitable. Quizá todos estemos abocados a ser más pobres. Pero que al menos no traten de engañarnos. Y en estas materias el Gobierno no solo tiene portavoces engañosos. Tiene mentiras compulsivos y engaños tortuosos.

Partidos políticos, corrupción perfecta


Más de una vez he escrito en este blog que politizar el Tribunal de Cuentas, además, de ser una brutalidad propia de políticos y bultos de carne  afines era como que los españoles, por un puñado de votos, entregásemos la llave a  ladrones políticos, o sea, a todos; para que nos robasen plácidamente y con respaldo de Ley.

Y mira por donde,  las infracciones, irregularidades, dinero negro y percepciones lícitas e ilícitas de los partidos políticos gozan de absoluta impunidad por una razón tan absurda como la que describe su Presidente. Cuando el Tribunal de Cuentas fiscaliza o tiene constancia de las cuentas de los partidos políticos, aunque hubiese robo, mangoneo, saqueo o…. el  delito ha prescrito.. Lo dijo el presidente de esa institución, Ley de Transparencia, en una explicación para gilipollas y en el  Congreso de los Diputados. Estamos, pues, ante un nuevo escándalo o, para ser más exactos, ante una nueva versión del escándalo de las finanzas de los partidos: la impunidad facilitada por la lentitud y la ineficacia de las instituciones de control. Dicho en Román Paladino, todos los partidos son corruptos y manipuladores de datos valiéndose de su poder dominante.

Para estar más certeza de la veracidad  de mí escribo. Antes ya había comprobado y ahora he vuelto a comprobar  que cuando el Tribunal de Cuentas empieza a examinar la contabilidad remitida por los partidos, han pasado cuatro o cinco años. Cuando se llegue, por ejemplo, a examinar los datos de este año 2013, estaremos por lo menos en el 2017. Si los números de lo gastado no coinciden con lo percibido y si no están justificadas facturas ni ingresos, los administradores, tesoreros y dirigentes pueden dormir con toda tranquilidad: cuando tengan que aclararlo todo, pueden temer las repercusiones mediáticas, pero nadie les podrá exigir ninguna responsabilidad civil ni penal. Ser tesorero de un partido es un negocio y ser diputado es ser diputado del negocio. Y este es el panorama real cuando nos venden la Ley de Transparencia como el instrumento mágico para instaurar la limpieza y la claridad. ¿Recordáis cuando el Presidente del Gobierno, Rajoy, dijo  durante la campaña de las elecciones andaluzas de con la Ley de la Transparencia daría nombre y razones de todo lo relacionado con la corrupción? Bueno, ahora resulta que es todo lo contrario entre la Ley de protección de datos y la inmunidad política, nada de nada.

Ahora bien, esto  esto contrasta con la rapidez y eficacia con que actúan otras inspecciones. Si a nosotros se le olvida presentar su declaración de IVA de cualquier trimestre, nos cae la de Caín, nos cobran lo debido, lo  indebido de inmediato con sus correspondientes intereses y  sanción. Si se equivoca en unos céntimos en una suma en su declaración de la renta, le reclaman a la velocidad de la luz. La informática fiscal utilizada contra las personas y las empresas es de lo más moderno del mundo. Pero cuando se trata de los partidos, ni hay prisas, ni hay exigencias, ni hay voluntad alguna de ser eficaces.


La voluntad, como la esperanza, es lo último que se pierde en política. Pero nadie le da medios a ese tribunal, no sea que vaya a desestabilizar el sagrado principio de la austeridad. Es preferible ahorrar por aquello del déficit que garantizar que los partidos cumplen la ley, no se quedan con el dinero de nadie, funcionan con escrúpulos éticos y son un ejemplo para el resto de la sociedad. Desde esa impunidad pasa lo que pasa: que hay todas las irregularidades del mundo, sobre todo en los partidos que gobiernan, y cuando nos enteramos todo está prescrito. Es la corrupción perfecta

lunes, 23 de septiembre de 2013

Las elecciones alemanas en España.



En España, nada más terminar las elecciones, todos los partidos se proclaman ganadores.  En parte llevan razón, los que en verdad han ganado porque pronto van a saciar a atiborrar sus bolsillos y los perdedores porque  evitan de hacerlo ellos y por la teoría de la corrupción múltiple van a robar igual o más que los ganadores.
Todo lo contrario sucede en Alemania. Supongamos que los resultados hubiesen sido los mismos en España  una amplia victoria de un partido, seguido a distancia por el otro  aspirante. Como el ganador no alcanzó la mayoría absoluta, pero se quedó muy cerca, ¿qué estaría haciendo en este momento? Quizá estaría pensando en proponer un acuerdo a algún minoritario; pero lo que nunca se le pasaría por la cabeza sería ofrecer una coalición al otro gran partido con el que acaba de competir. Si se le ocurriera, el otro gran partido le diría que se las apañe como pueda, pero que no cuente con él. España se dispondría a ser gobernada en minoría, y para hacerlo más presentable implantarían los algoritmos de Zapatero o la geometría plana de Rajoy. El ensayo político.
En cambio, En Alemania,  ocurre todo lo contrario. Al faltar un socio natural para completar la mayoría, el ganador no tiene inconveniente para ofrecer un acuerdo al segundo partido. Lo primero que hizo Ángela Merkel nada más levantarse después de la noche de su triunfo fue coger el teléfono y llamar a Sigmar Gabriel, presidente del SPD, para ofrecerle un pacto. Dentro de una semana, más o menos, empezarán las negociaciones, pero el pueblo alemán ya ha dicho en las encuestas que desea ese acuerdo y nadie se atreve a pensar que no será posible. Los socialdemócratas, aunque conserven un mal recuerdo de su anterior coalición y de cómo Mérkel se apropió de sus éxitos, no podrán negarse a colaborar. La política que sirve al pueblo. En España se sirven del pueblo.
Es curioso, pero todos se preguntan ¿Por qué esta diferencia entre Alemania y España? Porque los alemanes han sido formados en la cultura del pacto y los españoles nos hemos habituado a la cultura de la confrontación. Los alemanes han sabido unirse en una gran coalición cada vez que la nación lo necesitaba desde los tiempos de Adenauer, y la oposición española siempre ha sentido como primera necesidad derribar al Gobierno y deteriorar a su presidente. Y, finalmente, los alemanes están diciendo que necesitan un Gobierno fuerte, mientras que aquí, cuando necesitábamos fortaleza ante el hundimiento de la economía, un miembro del actual Gabinete decía: «Si España se hunde, ya vendremos nosotros a salvarla». O sea, tocados o hundidos, pero jodidos.

Ya viene de atrás, en Alemania y muchos países donde  los candidatos son personas. Ese es el contraste entre nuestros dos países y esa es la nueva lección que Alemania se dispone a darnos. No quiero pensar que los políticos alemanes tienen más amor a su patria que los españoles. No quiero suponer que a los partidos españoles les importa más el interés propio que el interés general de la nación, al revés de lo que aparentan los alemanes. No quiero pensar ni suponer nada, pero hemos de reconocer que los alemanes dan envidia cuando tratan de trabajar juntos. Hasta parecen más patriotas, cuando no son ni españoles.






































































































sábado, 21 de septiembre de 2013

Código del Buen Gobierno local






La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno local, que recoge los principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto será remitido a todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa.
El texto aprobado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP está constituido por una serie de declaraciones de buenas intenciones abstractas tales como contribuir a la mejora de los modelos de gestión y asegurar a la ciudadanía un buen Gobierno Local como garantía de igualdad y solidaridad; fomentar la transparencia y la democracia participativa; respetar la voluntad de la ciudadanía y actuar con lealtad política; respetar y hacer respetar los derechos humanos; fomentar los valores cívicos y utilizar un tono respetuoso y deferente en sus intervenciones tanto hacia cualquier miembro de la Corporación como hacia la ciudadanía, a la que facilitaran el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del territorio; promover el diálogo con los sectores sociales, con los trabajadores de la administración y las organizaciones sindicales, etc…
Pero lo que más me ha sorprendido del texto es que, cuando se refiere a principios detallados o medidas concretas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, he tenido la inmediata sensación de que gran parte de tales principios y medidas ya se encuentran recogidos en mayor o menor medida en la legislación sobre régimen local.
Me explicaré.
El texto que la Comisión Ejecutiva de la FEMP propone a los gobiernos locales para que los ratifiquen e ¿incorporen a su normativa local? incluye como mínimo los siguientes principios:
- Los representantes electos nos abstendremos de ejercer nuestras funciones o utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, propios o de terceras personas, prohibiendo el favoritismo y el ejercicio de autoridad en beneficio propio.
Yo creo que esta cuestión ya está resuelta en la legislación puesto que el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) ordena que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas; y todos sabemos que son causas de abstención, a tenor del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), el tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; tener parentesco  con cualquiera de los interesados; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, etc…
- Los electos locales no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades o personas.
Este concepto de regalos incluidos dentro de los usos y costumbres de la simple cortesía parece haberse puesto de moda tras su utilización en el Auto del Instructor por el que acordaba convertir la diligencias Previas en Procedimiento de Jurado el caso de los trajes regalados al presidente valenciano Francisco Camps, cuando afirmaba que los trajes regalado no puede equipararse a los presentes o las atenciones de cortesía o de mero reconocimiento que los usos sociales aceptan como inocuos, dada  la reiteración en su entrega, su mismo valor y que no existe ninguna causa o razón diferente de la atinente a la condición personal de los receptores de las prendas y la función pública que los mismos desempeñaban.
Este mismo concepto  es utilizado por el Partido Popular que plantea «prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales», en el marco de las medidas que estudia, junto con el PSOE,  para combatir con más eficacia la corrupción municipal, junto con la que propone, como no, limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas.
Pero no olvidemos que el Tribunal Supremo (Sentencia 362/2008, de 13 de que reproduce la doctrina sentada por la Sentencia 30/1994, de 21 de enero) exige una conexión causal en el denominado tipo de cohecho pasivo  impropio del artículo 426 del Código Penal, pero no entre la dádiva y el acto desplegado o a desplegar por la autoridad o funcionario, sino entre la dádiva o regalo y la condición de autoridad o funcionario, y lo hace de una forma extraordinariamente gráfica: la relación causal está presente cuando el particular no hubiera entregado la dádiva o regalo si el receptor no estuviera desempeñando la condición de funcionario o autoridad.
Por otra parte, el Código de Buen Gobierno Local, para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, afirma que resulta indispensable el estímulo y desarrollo de todas aquéllas medidas que contribuyan a acercar la administración local al ciudadano y garanticen la máxima transparencia en la gestión y la más amplia información, y para conseguirlos se propone adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
-  Se articularán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública para garantizar que tanto la contratación realizada por el Ayuntamiento como por sus organismos autónomos y empresas de capital municipal se lleve a efecto bajo los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia.
Es conocido el dicho de que «cuando se desee aparcar un asunto, creemos una comisión».
¿De verdad es preciso crear una comisión para garantizar el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública local?¿No sería suficiente con cumplir las indicaciones de los servicios técnicos municipales?
- Como norma general, se celebrarán Plenos ordinarios al menos de carácter trimestral, en los Ayuntamientos con población menor a 20.000 habitantes.
Pero creo recordar que según el Artículo 46. 2 LBRL, en todo caso, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
¿El texto pretende reducir la frecuencia bimensual en la celebración de plenos ordinarios en los municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitante?
- Se regulará la comparecencia en comisiones informativas de los directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios municipales.
El artículo 137.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) ya prevé que los presidentes de las comisiones informativas podrán requerir la presencia, en sus sesiones, de personal o miembros de la Corporación a efectos informativos.
- Se publicará detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y del beneficiario, y con máximo nivel de transparencia acerca de las personas jurídicas solicitantes y los grupos de las que dependan.
La Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, tras disponer en su artículo 8.3.a) que la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, determina en su artículo 18.1, sin perjuicio de los casos en los que no es necesaria la publicidad según el número 3, que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
- Los diversos Grupos Políticos dispondrán en dependencias municipales de un despacho o local para reunirse y recibir visitas, poniendo el Alcalde/sa a su disposición los medios materiales y humanos que permita el Presupuesto.
Está cuestión ya está prevista en el artículo 27 ROF que señala que, en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la Entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales.
Lo que hace falta es que los equipos de gobierno no se agarren como a un clavo ardiendo a la frase «en la medida de sus posibilidades», circunstancia sobre la que todos nosotros podríamos contar innumerables ejemplos, como no facilitar los locales por su incomodidad, falta de luz, imposibilidad física, et…
- Por lo que se refiere a las medidas sobre incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes se proponen una serie de medidas como formular, al inicio y final del mandato, declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos ;  hacer públicas las declaraciones de bienes, de actividades y causas de posible incompatibilidad, de los cargos públicos electos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforme a los modelos que serán aprobados por los Plenos; trasladar al Registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o de actividades que tengan lugar a lo largo de la Legislatura, en el plazo de dos meses desde que se produzcan; publicar las retribuciones íntegras, así como las compensaciones económicas que perciban por la representación desempeñada con motivo de su cargo, de los cargos públicos electos, de los directivos y personal de confianza de las instituciones.
Sin embargo, en relación con las declaraciones sobre incompatibilidades y actividades que proporciones o puedan proporcionar ingresos económicos y al registro de intereses, el artículo 75.7 LBRL, que no reproduzco por no alargar más este artículo y porque todos lo conocemos, es suficientemente preciso y ya regula en los mismos términos la cuestión; y respecto a la publicidad de las retribuciones y compensaciones económicas, el artículo 75.5 LBRL ya ordena publicar íntegramente en el 'Boletín Oficial' de la Provincia y fijar en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, mientras que, por su parte, el artículo 104.3 LBRL manda publicar el nombramiento del personal eventual de confianza, el régimen de sus retribuciones y su dedicación.
Realmente, para este viaje no necesitamos alforjas.
Si la Comisión ejecutiva de la FEMP, con independencia de las declaraciones programáticas y abstractas de principios bienintencionados, cuando baja a la arena de la realidad y propone la adopción de medidas concretas «como instrumentos que permitirán crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que tengan que desempeñar sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el respeto por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas éticas», tal y como afirma el preámbulo del texto,  se limita, en demasiados casos, a plantear el cumplimiento de la legalidad vigente, parece que, o bien existe la convicción  generalizada de que no se cumple con el ordenamiento jurídico y es preciso recordarlo, o bien nuestra clase política tiene un grado de desconocimiento de la legislación a la que debe adecuar su comportamiento digno de comentario a parte, sobre todo cuando se pretende que «los Ayuntamientos signatarios, haciendo uso de la autonomía local, incorporen a su ordenamiento, a través de sus Reglamentos Orgánicos y otras normas de funcionamiento específicas, los principios y normas contenidos en el Código.
Por último, creo que es de justicia señalar que el texto incluye una serie de medidas en relación con las retribuciones económicas de los electos, entre las que cabe destacar el que las retribuciones de los electos de los Gobiernos Locales respondan a criterios objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal; que las cuantías retributivas se fijen partiendo de unos baremos que utilizarán, como límites y criterios comparativos, el régimen retributivo de cargos públicos de otras instituciones y/o funcionarios públicos que desempeñen cargos de similar responsabilidad ya sea en el ámbito local, estatal o autonómico; o la recomendación de dedicación exclusiva a los alcaldes y alcaldesas de los Municipios de más de dos mil habitantes







































































La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno local, que recoge los principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto será remitido a todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa.
El texto aprobado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP está constituido por una serie de declaraciones de buenas intenciones abstractas tales como contribuir a la mejora de los modelos de gestión y asegurar a la ciudadanía un buen Gobierno Local como garantía de igualdad y solidaridad; fomentar la transparencia y la democracia participativa; respetar la voluntad de la ciudadanía y actuar con lealtad política; respetar y hacer respetar los derechos humanos; fomentar los valores cívicos y utilizar un tono respetuoso y deferente en sus intervenciones tanto hacia cualquier miembro de la Corporación como hacia la ciudadanía, a la que facilitaran el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del territorio; promover el diálogo con los sectores sociales, con los trabajadores de la administración y las organizaciones sindicales, etc…
Pero lo que más me ha sorprendido del texto es que, cuando se refiere a principios detallados o medidas concretas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, he tenido la inmediata sensación de que gran parte de tales principios y medidas ya se encuentran recogidos en mayor o menor medida en la legislación sobre régimen local.
Me explicaré.
El texto que la Comisión Ejecutiva de la FEMP propone a los gobiernos locales para que los ratifiquen e ¿incorporen a su normativa local? incluye como mínimo los siguientes principios:
- Los representantes electos nos abstendremos de ejercer nuestras funciones o utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, propios o de terceras personas, prohibiendo el favoritismo y el ejercicio de autoridad en beneficio propio.
Yo creo que esta cuestión ya está resuelta en la legislación puesto que el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) ordena que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas; y todos sabemos que son causas de abstención, a tenor del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), el tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; tener parentesco  con cualquiera de los interesados; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, etc…
- Los electos locales no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades o personas.
Este concepto de regalos incluidos dentro de los usos y costumbres de la simple cortesía parece haberse puesto de moda tras su utilización en el Auto del Instructor por el que acordaba convertir la diligencias Previas en Procedimiento de Jurado el caso de los trajes regalados al presidente valenciano Francisco Camps, cuando afirmaba que los trajes regalado no puede equipararse a los presentes o las atenciones de cortesía o de mero reconocimiento que los usos sociales aceptan como inocuos, dada  la reiteración en su entrega, su mismo valor y que no existe ninguna causa o razón diferente de la atinente a la condición personal de los receptores de las prendas y la función pública que los mismos desempeñaban.
Este mismo concepto  es utilizado por el Partido Popular que plantea «prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales», en el marco de las medidas que estudia, junto con el PSOE,  para combatir con más eficacia la corrupción municipal, junto con la que propone, como no, limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas.
Pero no olvidemos que el Tribunal Supremo (Sentencia 362/2008, de 13 de que reproduce la doctrina sentada por la Sentencia 30/1994, de 21 de enero) exige una conexión causal en el denominado tipo de cohecho pasivo  impropio del artículo 426 del Código Penal, pero no entre la dádiva y el acto desplegado o a desplegar por la autoridad o funcionario, sino entre la dádiva o regalo y la condición de autoridad o funcionario, y lo hace de una forma extraordinariamente gráfica: la relación causal está presente cuando el particular no hubiera entregado la dádiva o regalo si el receptor no estuviera desempeñando la condición de funcionario o autoridad.
Por otra parte, el Código de Buen Gobierno Local, para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, afirma que resulta indispensable el estímulo y desarrollo de todas aquéllas medidas que contribuyan a acercar la administración local al ciudadano y garanticen la máxima transparencia en la gestión y la más amplia información, y para conseguirlos se propone adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
-  Se articularán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública para garantizar que tanto la contratación realizada por el Ayuntamiento como por sus organismos autónomos y empresas de capital municipal se lleve a efecto bajo los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia.
Es conocido el dicho de que «cuando se desee aparcar un asunto, creemos una comisión».
¿De verdad es preciso crear una comisión para garantizar el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública local?¿No sería suficiente con cumplir las indicaciones de los servicios técnicos municipales?
- Como norma general, se celebrarán Plenos ordinarios al menos de carácter trimestral, en los Ayuntamientos con población menor a 20.000 habitantes.
Pero creo recordar que según el Artículo 46. 2 LBRL, en todo caso, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
¿El texto pretende reducir la frecuencia bimensual en la celebración de plenos ordinarios en los municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitante?
- Se regulará la comparecencia en comisiones informativas de los directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios municipales.
El artículo 137.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) ya prevé que los presidentes de las comisiones informativas podrán requerir la presencia, en sus sesiones, de personal o miembros de la Corporación a efectos informativos.
- Se publicará detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y del beneficiario, y con máximo nivel de transparencia acerca de las personas jurídicas solicitantes y los grupos de las que dependan.
La Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, tras disponer en su artículo 8.3.a) que la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, determina en su artículo 18.1, sin perjuicio de los casos en los que no es necesaria la publicidad según el número 3, que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
- Los diversos Grupos Políticos dispondrán en dependencias municipales de un despacho o local para reunirse y recibir visitas, poniendo el Alcalde/sa a su disposición los medios materiales y humanos que permita el Presupuesto.
Está cuestión ya está prevista en el artículo 27 ROF que señala que, en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la Entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales.
Lo que hace falta es que los equipos de gobierno no se agarren como a un clavo ardiendo a la frase «en la medida de sus posibilidades», circunstancia sobre la que todos nosotros podríamos contar innumerables ejemplos, como no facilitar los locales por su incomodidad, falta de luz, imposibilidad física, et…
- Por lo que se refiere a las medidas sobre incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes se proponen una serie de medidas como formular, al inicio y final del mandato, declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos ;  hacer públicas las declaraciones de bienes, de actividades y causas de posible incompatibilidad, de los cargos públicos electos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforme a los modelos que serán aprobados por los Plenos; trasladar al Registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o de actividades que tengan lugar a lo largo de la Legislatura, en el plazo de dos meses desde que se produzcan; publicar las retribuciones íntegras, así como las compensaciones económicas que perciban por la representación desempeñada con motivo de su cargo, de los cargos públicos electos, de los directivos y personal de confianza de las instituciones.
Sin embargo, en relación con las declaraciones sobre incompatibilidades y actividades que proporciones o puedan proporcionar ingresos económicos y al registro de intereses, el artículo 75.7 LBRL, que no reproduzco por no alargar más este artículo y porque todos lo conocemos, es suficientemente preciso y ya regula en los mismos términos la cuestión; y respecto a la publicidad de las retribuciones y compensaciones económicas, el artículo 75.5 LBRL ya ordena publicar íntegramente en el 'Boletín Oficial' de la Provincia y fijar en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, mientras que, por su parte, el artículo 104.3 LBRL manda publicar el nombramiento del personal eventual de confianza, el régimen de sus retribuciones y su dedicación.
Realmente, para este viaje no necesitamos alforjas.
Si la Comisión ejecutiva de la FEMP, con independencia de las declaraciones programáticas y abstractas de principios bienintencionados, cuando baja a la arena de la realidad y propone la adopción de medidas concretas «como instrumentos que permitirán crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que tengan que desempeñar sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el respeto por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas éticas», tal y como afirma el preámbulo del texto,  se limita, en demasiados casos, a plantear el cumplimiento de la legalidad vigente, parece que, o bien existe la convicción  generalizada de que no se cumple con el ordenamiento jurídico y es preciso recordarlo, o bien nuestra clase política tiene un grado de desconocimiento de la legislación a la que debe adecuar su comportamiento digno de comentario a parte, sobre todo cuando se pretende que «los Ayuntamientos signatarios, haciendo uso de la autonomía local, incorporen a su ordenamiento, a través de sus Reglamentos Orgánicos y otras normas de funcionamiento específicas, los principios y normas contenidos en el Código.
Por último, creo que es de justicia señalar que el texto incluye una serie de medidas en relación con las retribuciones económicas de los electos, entre las que cabe destacar el que las retribuciones de los electos de los Gobiernos Locales respondan a criterios objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal; que las cuantías retributivas se fijen partiendo de unos baremos que utilizarán, como límites y criterios comparativos, el régimen retributivo de cargos públicos de otras instituciones y/o funcionarios públicos que desempeñen cargos de similar responsabilidad ya sea en el ámbito local, estatal o autonómico; o la recomendación de dedicación exclusiva a los alcaldes y alcaldesas de los Municipios de más de dos mil habitantes

viernes, 20 de septiembre de 2013

El Caso Bárcenas/PP en estado bizantino.





En España, Para saber si, realmente, algún político o afín como “sujeto” activo ha cometido alguna tropelía, por ejemplo apropiarse de 100 millones de euros y decir que los ha repartido a clases marginales; solo hay que observar el movimiento de la fiscalía. Si se enroca tiene que pedir permiso a los políticos  del alto grado. Si se muestra partidario de la investigación,  es que ese/os corruptos políticos sean inocentes o imposible demostrar su culpabilidad. Si, por el contrario, se opone, malo, peor huele a chamusquina:  hay materia para investigar, indicios razonables de algo ilegal o previsión de resultado negativo para la imagen de los poderosos. Poder, poder, ¿Para qué te necesito?

La fiscalía es a la justicia lo que el Senado a la política. Nada más conocerse la actitud de la Fiscalía Anticorrupción ante la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas/PP o PP/Bárcenas, la reacción  provocó un escándalo nacional porque hasta los más legos en materia procesal pensamos que podíamos estar ante un delito de destrucción masiva y deliberada de pruebas. Hay muchos presos comunes a quienes se niega la libertad provisional precisamente por ese riesgo. Porque existe el riesgo de destrucción de pruebas.

Ante la sorpresa general de propios y extraños la Fiscalía Anticorrupción decide  oponerse a que esa destrucción de discos “duros” sea investigada. ¡Manda huevos¡ Cuando lo normal hubiese sido apoyar el proceso de dicha investigación en aras de esclarecer la verdad. ¿Qué se pierde? Yo que no soy  técnico, por muy doctos que hubiesen sido los destructores, ¡OJO¡ en 5 minutos hubiese afirmado sin el más mínimo grado de error la manipulación, destrucción en incluso los link de enlace. Hoy en día casi todas las bases de datos están en servidores y estos seguro que no los han destruido, descifrar la clave de acceso es más fácil cuando más complicada la pongas. No han querido y, además, no les interesa. Los argumentos rozan lo cómico: investigar no aportaría nada a la causa y lo único que conseguiría sería retrasarla ¿En qué?. La razón es suprema: si esclarecer un indicio de delito retrasa una causa, no se investiga ese indicio y a otra cosa. Gran aportación a la ciencia jurídica occidental. Si, Montoro, vamos a revolucionar la economía mundial.


La parte mala de todo esto, es que el  juez Ruz, que no tardó ni un día en rechazar la insólita recomendación del ministerio fiscal, sí vio relevancia penal en el hecho e intuye que se pueden haber cometido dos delitos: daños informáticos y encubrimiento. No prejuzgo nada, como es natural. Solo digo que, efectivamente, esas cosas hay que investigarlas y que la Fiscalía debiera ser menos descarada cuando se pronuncia sobre asuntos que afectan al poder político. Con lo actuado en este episodio de los discos duros ha arruinado para bastante tiempo todo lo que por otro lado predica sobre su independencia del Gobierno. La Fiscalía es dependiente por línea jerárquica y no pasaría nada si reconociera esa evidencia. Lo que le quita crédito y respeto social es que luzca la bandera de la neutralidad y después sea descubierta tratando de encubrir al poder. Pero, la parte mala de lo peor  es que el Juez Ruz tiene los días contados al frente de la instrucción del caso Bárcenas/PP. Igual lo ponen de juez de apoyo para la instrucción de los eres de Andalucía o de la operación Costurero. 

miércoles, 18 de septiembre de 2013

A Zurgena vuelve la esperanza


Si escribiese en el Alaska Post sobre el frío que reina en ese Estado, nadie me tendría en cuenta, todo el mundo sabe que en esas latitudes siempre hace frío. Eso mismo me ocurre en mi pueblo, Zurgena (Almería), ¿qué puedo escribir si lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zurgena es más propio de una página de sucesos que de un artículo de opinión?.
Así por encima y a modo de introducción: De 11 concejales se condenó a 9 –dos años de prisión en el primer juicio, aun les quedan más de 20 y los imputados pueden llegar al centenar. ¡Ojo¡ para mi, totalmente, inocentes como así lo estimará la justicia de instancia superior. Solo una jueza política, Ana Salmerón en complot con una fiscal, con un juez Instructor, David Villlagrá Álvarez, deshecho de la política en Asturias y colaborador interesado de asesinato en grado de tentativa; el fiscal de la fase de instrucción, Juan Sánchez Martínez, entre otras condenas, una de ellas es por acoso sexual a una juez…………Con el historial de el Juez y el fiscal instructor más la complicidad y mala fe de la Juez y fiscal,, ese juicio nunca se tuvo que celebrar, NUNCA. Ellos solo han luchado sin descanso por el progreso y desarrollo de Zurgena. Otra cosa es la administración de consistorio donde si es cierto que Cándido y los concejales son más que legos, ignorantes absolutos. Pero coño ¿más claro? de la acreditación de la licencia urbanística mediante certificación del Secretario. La DGRN establece en este punto que debe confirmarse la calificación del Registrador, pues, si bien sería admisible la comunicación directa por parte del Alcalde al Notario de la licencia correspondiente, en los demás casos, y por aplicación de lo establecido en el artículo 162.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, corresponde al Secretario del Ayuntamiento el control del consiguiente acto administrativo, lo que sirve no solo para dar fe de la realidad del mismo, sino también de su ajuste a la legalidad y de su validez actual, legitimidad y vigencia .e incluso la Base 44 de la Ley 41 de Bases del Estatuto de Régimen Local: Dice: Los Secretarios (…) están obligados a advertir a las Corporaciones de las manifiestas infracciones legales en que puedan incurrir con sus actos y acuerdos. Es más, dice: El Secretario solo podrá asesorarse del docto en la materia, en este case el arquitecto municipal, nunca, NUNCA del alcalde o concejal de urbanismo. Todo esto se lo han pasado los jueces, hasta la fecha, por los cojones. En Andalucía, si no hacen lo que diga la Junta los mandan a la caza y al pastoreo. Está claro, Cándido hubiese incurrido en prevaricación solo si hubiese denegado la licencia y, por añadidura, los otros no se cuantos condenados.
Como consecuencia de estos espectáculos políticos y doblando en votos al que hoy es alcalde (PP) hoy es vigilante de obras municipales o menos. El muchacho que, hoy, es alcalde, ni sabe, ni quiere, ni puede y lo que es peor no se deja aconsejar. No tiene estudios específicos, no tiene experiencia en la administración local –ni en ninguna- no ha sido ni aspirante a concejal; pero el PP en su ímpetu de llenar el mapa de azul, le puso al frente del consistorio con un sueldo superior al de un diputado y próximo al de un ministro. Ojo, nunca ha sido del PP. Casos como este hay 14 en Almería. Este tipo de políticos se aferran al poder por la mamandurria y no hay quien les saque, Todos los días van al Ayuntamiento aunque no sepan ni leer las directivas, órdenes o subvenciones. ¿qué pasa? UN bigardo medio jefe del PP de Almería, Javier Aureliano, le dice, no te preocupes desde la sede lo hacemos todo. Y como siempre, la sede no hace nada y el menos.
 Todo esto lo paga el pueblo que aunque no muera "de golpe", si por calentamientos de cabeza. Por ejemplo, antes pasaban seis autobuses que iban al Hospital comarcal, ahora pasan a 100 metros –por la autovía- y no paran ¿Quién estando enfermo puede pagar un taxi para ir al Hospital comarcal? Solo los que tienen un sueldo como el de ellos. A mi, personalmente, hoy, me han dicho en la delegación (PSOE)" si no nos lo piden ¿qué hacemos?". Hay medio médico, un día si y otro no. Igualmente, me ha dicho el delegado de sanidad (PSOE),ç son acuerdos entre los médicos y si el alcalde no me dice nada...., yo me acabo de enterar –aunque lo sepa- En los planes PROTEJA, Selipsa, etc. Cualquier pueblo de alrededor nos multiplica la dotación de dichos planes por 5 y hasta por 8. Muchos planes, en Zurgena, si se sabe que existen.
Como consecuencia de la nada agradable situación, se han reunido –solo para salvar Zurgena- los concejales suficientes y han puesto una MOCIÓN DE CENSURA –nada fácil con la nueva Ley, se precisan el 75% de los concejales –apoyos que tenía el alcalde actual- De modo que el día 25 sera alcalde, Luis García (PSOE)
No me quiero extender más, si lo digo todo hoy, en los otros dos que haré ¿qué os cuento? Aunque si me queda materia para oros cuantos.
En este caso en cuestión lo que debería ser lógico es ilógicamente incoherente, excéntrico. ¿Cómo es posible que el PSOE sea el único que apoye al PP para que no se apruebe la moción de censura. Siendo cierto que la gestión del actual alcalde es un desastre, moralmente, no podemos aprobar la actitud del que será nuevo alcalde. ¡Manda huevos¡ Para el bipartido es preferente su forma de entender la moralidad que el bien de Zurgena. Cuando todo llegue a un nivel insoportable, cuando consigan enfrentar a los españoles, cuando la única salida parezca el conflicto, la enemistad, el odio, la animadversión, la tirria, el rencor, la venganza... ellos, que ya tienen el dinero 'ahorrado' se irán, se irán lejos autotildándose de víctimas, manifestarán su añoranza de la tierra que les vio nacer y nos dejarán en la ruina más absoluta, ¿no ocurrió esto ya antes en nuestra Historia? Ni la Historia los juzgó, ni los juzgará; ni este pueblo aprendió de la mejor de las escuelas porque le impidieron, saber los males que aquejan a nuestra Patria". Si a nivel de lo que va quedando de España PPSOE actúa así, en Zurgena nos mortifican y agradecidos. ES UNA BRUTALIDAD QUE UNA DELEGADA PROVINCIAL sea tan agresivamente inepta e inútil. En unos días le dedicaré un escrito razonado. Ella ni sabe escribir, ni sabe razonar.