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sábado, 29 de junio de 2013

Una dimisión, no es suficiente.


Nammu es mentira, Montoro.
A veces, no siempre, errar como equivocarse tiene perdón. Si el error es político y tiene externalidades negativas, como dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para justificar la subida de impuestos de alcohol y tabaco, hay que pagar las consecuencias. Lo ocurrido con las fincas atribuidas a la infanta Cristina no es que haya tenido externalidades negativas; fue un tsunami tonto, que arrasó la credibilidad de todo cuanto tocó. Dejó a la familia real como beneficiaria de un trato preferente y opaco para la Hacienda pública. Hizo dudar del rigor de los registros públicos. Puso en la picota el sistema fiscal español. Y, por si faltara algo, introdujo un factor de cachondeo que redondea el desprestigio del sistema institucional español.
Por lo insano de tantos perjuicios a una perjudicada, es saludable que alguien haya asumido las culpas y haya ofrecido voluntariamente su cabeza. Hablo de Beatriz Viana, que, según la explicación oficial, presentó su dimisión como directora general de la Agencia Tributaria por razones personales, y el Gobierno le agradeció públicamente el sacrificio, aunque sin establecer ninguna relación entre la causa y el efecto. No hacía falta someterla a esa humillación. Lo humillante para ella era leer cada mañana la prensa y sentirse protagonista de uno de los mayores ridículos vividos en la Administración española.
Por tanto, la dimisión, es razonable y, además,  honra a Beatriz Viana. Si se ofrece a pagar el precio político del error, le hace un importantísimo favor al Ministerio de Hacienda y, por extensión, a todo el Gobierno. Por descontado que cortar su cabeza no cierra el caso. Se paga una responsabilidad política, pero sigue pendiente la aclaración de lo sucedido. Falta por explicar por qué causa misteriosa tanta gente se puso de acuerdo en el carné de identidad de la infanta. Aclarado ese misterio, falta por saber por qué ese hipotético acuerdo se produjo en los años 2005 y 2006, y no en los años precedentes ni en los posteriores. Y aclarado eso, seguiremos sin saber por qué figuran como ventas fincas que nunca fueron vendidas por nadie o eran simples herencias. Y, si se llegase a aclarar esto último, nos seguiríamos preguntando por qué nadie se preocupó de reclamar los impuestos correspondientes a esas transacciones. Si se hubieran reclamado, no habríamos asistido al formidable embrollo final.
Poco, nada o casi nada de esta relación de estropicios es culpa de la Agencia Tributaria ni de la directora general que dimitió. Pero es un agujero negro de una etapa de la vida española. El Gobierno de entonces, que era de Zapatero, tiene algo que decir. Y el Gobierno actual tiene que ser más transparente. La cabeza de Beatriz Viana es un buen precio. Pero no suficiente para calmar la necesidad de saber.
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