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jueves, 25 de octubre de 2012

El PP ordena paralizar la reforma del Código de Buenas Prácticas para frenar los desahucios.


 El informe redactado por el Consejo General del Poder Judicial sobre los desahucios es un magnífico alegato contra una gran tragedia colectiva, probablemente la más grave derivada de la crisis, que afecta ya a más de 350.000 familias que son con frecuencia arrojadas a la indigencia y a la marginalidad. El suicidio, ayer en Granada, de un hombre de 54 años que iba a ser desahuciado y el intento de acabar con su vida de otro hombre en Burjassot al no poder afrontar una hipoteca resume dramáticamente la envergadura del problema Fuentes del CGPJ han asegurado que el informe hubiera sido aprobado “sin pena ni gloria” si su contenido no se hubiera publicado ayer en varios medios, lo que acredita que hasta el CGPJ filtra datos a diestro y  a siniestro. En otras ocasiones se han realizado estudios con propuestas en materia penal, de menores o de lo contencioso-administrativo y nunca ha habido problemas.
Sin embargo, un grupo de vocales, con Concepción Espejel a la cabeza, una de las que más se ha distinguido en los últimos tiempos en defender las posturas del Ministerio de Justicia, se opuso a la mera existencia del trabajo por entender que el consejo no tiene competencias para formular este tipo de propuestas que conllevan reformas legislativas, y debe limitarse estrictamente a las funciones que le encomienda la ley orgánica que regula su funcionamiento..
 El informe atribuye esclarecidamente la situación a «la ligereza y mala praxis» de los bancos, causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario «sin valorar las posibilidades reales del deudor». Todo ello agravado por la existencia de un procedimiento para el cobro de créditos, creado en 1909, que «permite cobrar de forma rápida con un proceso judicial extremadamente agresivo con el deudor». Y los siete jueces firmantes proponen, como punto de partida, «extender al cliente sobre endeudado una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado». En definitiva, del informe se desprende, además de la necesidad de humanizar la legislación, atacar el problema mediante «soluciones excepcionales» que se acomoden a la excepcionalidad de la situación actual. Del total de las 18 medidas propuestas, destacan la posibilidad de conceder moratorias en casos concretos -enfermedad, paro, accidentes de trabajo, etcétera- y muy especialmente la dación en pago como medio de cancelar el crédito, evitándose así situaciones kafkianas de familias que, tras perder la vivienda, quedarán endeudadas de por vida, lo que les impide rehacerse de la adversidad. El informe analiza también el Código de Buenas Prácticas que fue redactado para estos casos por el Gobierno, y lo considera totalmente insuficiente, no solo porque es de aceptación voluntaria por los bancos sino también porque únicamente pueden acogerse a él personas y familias ya en la pobreza más absoluta. Y los jueces proponen un cuadro normativo con medidas de protección que aliviarían el problema: plazos de carencia, ampliaciones del plazo, rebajas del tipo de interés y quitas. No se deberían oponer objeciones técnicas a un planteamiento humanitario que combate abusos y que rezuma además sentido común.
La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.
Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena.
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