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jueves, 31 de mayo de 2012

.El secesionismo catalán

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secesionismo catalán
Los líderes secesionistas catalanes quedarán inhabilitados antes de primavera. El Gobierno cree que es posible, pero para ello la compleja y laboriosa instrucción de la causa debería finalizar en pocas semanas | El reglamento del Parlament contraviene la suspensión de los diputados recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
¿Pueden quedar inhabilitados en primavera los líderes del ‘procés’?Puigdemont, Turull y Junqueras el pasado 6 de septiembre, cuando se aprobó en el Parlament la ley del referéndum

El Gobierno confía en que la cúpula soberanista quedará inhabilitada en primavera al ser procesada en la investigación que ahora instruye la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reforzado esta idea este jueves durante una entrevista en Espejo Público en la que ha recordado que pueden quedar inhabilitados en aplicación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por “los delitos graves de sedición, rebelión y malversación”.

Fuentes de los servicios jurídicos del Parlament matizan las palabras del ministro de Justicia y remarcan que se trataría de una suspensión, aunque al uso tenga los mismos efectos que la inhabilitación y además advierten de un conflicto normativo con el reglamento de la cámara. Desde el Supremo, por su parte, se remarca que para ello tendría que estar acabada la instrucción y los líderes soberanistas deberían ser procesados por rebelión. Con los delitos de sedición o malversación no bastaría para su suspensión.


Ahora la instrucción ha recibido las comunicaciones del Govern y los líderes de las entidades soberanistas -tras los requerimientos de la semana pasada de la Guardia Civil en el CTTI y las sedes de Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium y todavía tienen que ser analizadas. Si las cosas siguen como ahora, los políticos afectados serían Oriol Junqueras y Jordi Sánchez.

La instrucción debe haber finalizado y los encausados deberían ser procesados por rebelión

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento criminal señala que ante “un auto firme de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

El reglamento del Parlament, en cambio, en el artículo 24 señala que un diputado pierde su condición “por una sentencia judicial firme que anule su elección o proclamación” o “por la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme”.

En el siguiente artículo, apunta que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios, previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados “si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados” o “por acuerdo del Pleno, adoptado por mayoría absoluta, si han sido condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que imposibilite su asistencia a las sesiones plenarias”.

Así, mientras que la ley considera suficiente un procesamiento para proceder a la suspensión, el reglamento del Parlament señala que es necesaria una sentencia firme o, en caso de que sólo se haya producido un procesamiento, que la mayoría del pleno del Parlament apruebe la medida.

Marcel Mateu, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), apunta que es discutible que puedan ser suspendidos como diputados ya que es más específico el reglamento del Parlament que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque subraya que estamos ante un escenario de hechos que nunca se habían dado y muchos no estaban contemplados. Además, remarca que la palabra “rebeldes” podría hacer alusión al procesamiento por rebelión, pero también a juzgados en rebeldía, es decir, ausentes en el juicio, que sería el caso de Puigdemont y Comín si siguen en Bruselas. También señala que podría darse el caso que sean suspendidos para cargos en el Govern pero no como diputados.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, cree que prevalecería la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque se muestra cauto, ya que todo depende de la interpretación que se le dé en los tribunales. Además, explica que esta ley no estaba pensada para casos como el de Catalunya sino para el terrorismo y que tiene rango superior al ser para todo el Estado.

El Gobierno y el PP presionan para que se invista a un candidato libre de procesos judiciales

El Gobierno de Mariano Rajoy confía que la suspensión de la cúpula del procés obligue a formar un Govern estable y en el que no haya políticos encausados por el procés, señalan fuentes consultadas por La Vanguardia. El Ejecutivo ha dejado claro que quiere impedir que Puigdemont sea investido president. Además, tras los malos resultados cosechados en diciembre, al PP no le interesaría una repetición electoral, ya que no tienen un candidato que reemplace a Xavier García Albiol y Ciutadans ha capitalizado el voto contra el soberanismo.

Si los líderes del procés fueran suspendidos en primavera, como apunta el Gobierno, y no hubiera un Govern investido, los políticos afectados no podrían concurrir a la repetición electoral. De todo ello depende los plazos que se barajen. El Tribunal Constitucional podría resolver el recurso del Gobierno que impugnaba el pleno de investidura a Puigdemont previsto para este martes a mediados de febrero o en marzo. Tanto el Gobierno como el PP han apuntado que el plazo corre ya, a su juicio, aunque Catalá ha abogado por esperar al informe de los letrados del Parlament que solicitó la Mesa para establecer los plazos del hemiciclo catalán.

El informe se conocerá la semana que viene y según ha podido saber La Vanguardia podría indicar que el reloj no corre al no haber habido una investidura cuando ya estaba programada. Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y exletrado del Parlament, opina que el tiempo no corre porque no ha habido ningún debate de investidura, contrariamente a la opinión expresada por el ministro de Justicia.


“Sólo se hará un debate de investidura con todas las garantías jurídicas para el president Puigdemont y para que la investidura sea efectiva. El cómo lograrlo forma parte de la solución política que hemos de encontrar estos días”, manifestó al respecto el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, en los micrófonos de El Món a RAC1.
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